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La nueva Ley de desindexación

El pasado miércoles, 1 de abril, entró en vigor la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, que desvincula los precios de los servicios públicos del IPC, nada más y nada menos que un año después de haber sido aprobada por el Gobierno.

 

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Para aquellos que no sean duchos en la materia, la indexación es una práctica que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período. La indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente está justificada, ni produce beneficios para el conjunto de una economía desarrollada, como es el caso de la española.

La práctica indexadora tiende a ser más generalizada en economías donde la inestabilidad macroeconómica, en particular una elevada inflación, erosiona el poder adquisitivo de los valores monetarios, de forma que se recurre a referenciar la evolución en el tiempo de tales valores a índices de precios como mecanismo de defensa.

Sin embargo, tal mecanismo genera efectos perversos. La indexación está en el origen de los denominados «efectos de segunda ronda». Cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los índices de precios como el IPC suben, y esto supone un aumento automático en el precio de otros bienes simplemente porque están indexados a este índice. Ocurre así que un aumento del precio del petróleo o de un alimento encarece, debido a su impacto en el IPC, el precio de bienes cuyos costes de producción no tienen una conexión directa con esos dos bienes.

Analizada qué es la indexación, el objetivo de la mencionada ley es desvincular totalmente del IPC los precios que se fijan en la prestación de servicios públicos para contribuir a la estabilidad de precios y a la mejora de la competitividad de la economía española, según el Gobierno.

La norma desarrolla un nuevo índice de referencia para los contratos del sector público y privado, llamado ‘Índice de Garantía de Competitividad’. Este índice tendrá en cuenta el diferencial de inflación de España con la Zona Euro, que será corregido con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro (el deterioro acumulado del diferencial). Este nuevo índice tendría un tope del 2% -el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE)- y un suelo del 0%.

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Tras su paso por las Cortes, la Ley ha incorporado algunos cambios de “última hora” destacando una excepción a la norma general de desindexación para que los contratos de arrendamientos de inmuebles puedan incluir un régimen de revisión de precios periódico, siempre y cuando sea acordado y tenga una justificación económica. Este sistema sólo podrá estar referenciado a la variación anual del índice de precios del alquiler de oficinas a nivel autonómico del INE y, en caso de que no haya un pacto expreso en el contrato, no se aplicará ninguna revisión de rentas. Hasta que Estadística publique este nuevo índice, se aplicará el índice de precios de alquiler de la vivienda del IPC a nivel provincial.

La nueva ley no afectará a pensiones, impuestos, instrumentos financieros, ni a la negociación salarial, pero sí a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos.

 Vía | Europapress, BOE 

Imagen |Desindexar, Inflación

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