Jurídico 


La Nueva Casación Contencioso-Administrativa

La verdadera razón para que una petición de certiorari progrese no radica en aspectos jurídico procesales. La clave radica en presentar tu caso en el entorno adecuado; y para ello es imprescindible que en tu esquina haya alguien que conozca cómo hacer que los Justices «quieran» oír tu caso.

Supreme Court for Dummies (Padock, L., Hoboken, NJ, 2002

Atendiendo a un criterio sistemático, la nuclear reforma de la casación contencioso-administrativa introducida por la Disposición Final Tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, se principia con una exponencial apertura del ámbito del recurso, no en vano, el nuevo artículo 86 de la LRJCA, identifica como susceptibles de recurso de casación, además de las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, ahora también a todas aquellas dictadas en apelación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, y las emitidas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo –que no los Centrales-, éstas últimas, sólo cuando contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos. Con esta supresión de la delimitación objetiva de las sentencias recurribles, se asegura que cualquier asunto, aun no siendo apelable, pueda ser objeto de interpretación –y por tanto dar lugar a jurisprudencia- por parte del Tribunal Supremo (o del Tribunal Superior de Justicia, cuando se trate de la interpretación de Derecho autonómico), abriendo el abanico jurisprudencial a cuestiones tradicionalmente obviadas por la doctrina jurisprudencial como eran las multas, las subvenciones, las medidas de asistencia social, la concesión o denegación de licencias, etc., y que ahora podrán ser objeto de interpretación uniforme.

Continuando con el ámbito objetivo del nuevo recurso de casación, los autos son asimismo susceptibles de recurso en el artículo 87 del texto reformado, pero en esta caso, únicamente los dictados por los órganos colegiados, y no por los emanados de los Juzgados de lo Contencioso, manteniéndose la misma catalogación de resoluciones recurribles, aunque desaprovechando una extraordinaria oportunidad para actualizar la exigencia procesal de interposición previa de recurso de súplica y evitar situaciones como cuando en una resolución judicial se ofrece al justiciable asistido de letrado un pie de recurso, y ese anuncio del oportuno mecanismo de impugnación es erróneo, generando con ello la inadecuada o extemporánea preparación o interposición del recurso. No es menor el interés que suscita el nuevo artículo 87 bis incorporado al texto legal. En él, sin perjuicio de la potestad de integración que se le reconoce al Tribunal Supremo en cuanto a los hechos admitidos como probados por la Sala de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por ésta, estén suficientemente justificados según las actuaciones y cuya toma en consideración resulte necesaria para apreciar la infracción alegada de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, incluso la desviación de poder, se subraya la naturaleza extraordinaria de este tipo de recurso, limitando su gnosis a las cuestiones de derecho, con exclusión de las cuestiones de hecho, particular que si bien largamente desarrollado por la jurisprudencia de la Sala, no había tenido el adecuado eco normativo.

Certiorari

La Nueva Casación Contencioso-Administrativa

En cualquier caso, avancemos hasta la almendra central del sistema: el artículo 88 de la nueva Ley. Pero no sin antes contextualizar este mecanismo en su referente fundamental. En general, los países con una mayor contención de recursos ante sus órganos judiciales supremos incluyen alguna forma de selección objetiva de los recursos (por su interés para el conjunto de la comunidad jurídica). Dejando al margen, por evidentes, las cortes supremas de derecho anglosajón, en la República Federal de Alemania el recurso de revisión (equivalente a nuestra casación) ante el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo Federal Administrativo) sólo cabe en los tres casos a los que se refiere el artículo 132 del Código Procesal Administrativo (Verwaltungsgericthsordnung): que la cuestión tenga importancia capital, entendiéndose que ocurre así cuando trasciende al caso específico y no ha sido aún resuelta por el Tribunal Supremo o, existiendo pronunciamientos al respecto, merece una reconsideración; que el Tribunal de instancia se haya separado, de modo deliberado, de la jurisprudencia del Bundesverwaltungsgericht del gemeinsamer Senat (pleno conjunto de los cinco Tribunales Supremos Federales) o del Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional Federal); y que el Tribunal de instancia haya incurrido en un grave defecto procesal decisivo para el fallo. Por lo tanto, repárese en lo taxativo de los criterios de admisibilidad que maneja el ordenamiento alemán.

Pues bien, fíjense ahora lo que estipula el mencionado artículo 88 de la reformada Ley Jurisdiccional, y díganme si es exagerado o no hablar por fin de un certiorari hispano:

«El recurso de casación podrá ser admitido a trámite cuando, invocada una concreta infracción del ordenamiento jurídico, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia»

En el diseño del recurso de casación ordinario ahora derogado, se priorizaba la tutela judicial de intereses y derechos invocados por sujetos individualizados, sobre la resolución de asuntos jurídicamente relevantes o la unificación aplicativa del Derecho, impidiéndose así la focalización de su actividad en asuntos objetivamente relevantes para la comunidad jurídica, sin que, por otra parte, pueda admitirse como rasgos de discrecionalidad algunas reglas de admisión del recurso de casación existentes como la inadmisión de recursos allí donde ya exista jurisprudencia (según el hoy derogado art. 93.2 c) LJCA), o donde no exista interés casacional (conforme al también extinto art. 93.2 e) LJCA), no en vano, estas posibilidades procesales estaban severamente condicionadas por la exigencia, en primer lugar, de unanimidad en la resolución de inadmisión y, en segundo término, porque en todo caso esa inadmisión había de estar motivada, en otras palabras, se hacía recaer en la Sala el esfuerzo argumental para concluir que un asunto carecía de interés casacional o ya estaba resuelto. Es fundamental subrayar e insistir en que la invocación efectiva de cualquiera de las causas previstas en el art. 88.2 no cumple la misma función del derogado régimen motivacional, pues la correcta invocación formal de una causa de interés casacional objetivo no determinará de manera automática la admisión del recurso. Se trata de una carga procesal de parte para hacer posible el juicio objetivo sobre la conveniencia de que la Sala dicte jurisprudencia sobre una cuestión o precepto, pero en última instancia será el Tribunal quien, según su propio criterio, seleccionará los asuntos que objetivamente deben dar lugar a una sentencia casacional.

De acuerdo con la nueva configuración objetiva del recurso de casación, era razonable aprovechar la oportunidad para simplificar su tramitación. Por ello, en los trabajos preliminares y en los primeros borradores del texto se suprimía el régimen de preparación del recurso ante el órgano que dictó la sentencia recurrida, atribuyéndose al propio Tribunal Supremo (o Tribunal Superior de Justicia) la sustanciación plena del trámite de admisión. Sin embargo, en la versión definitiva de la norma, el artículo 89 mantiene la fase preparatoria ante el órgano ad quo, aunque modificándose los plazos contemplados. Si entonces se establecía un plazo de diez días contados desde el día siguiente al de la notificación de aquélla, ahora se prevé un término de treinta.

Por lo que respecta a la resolución merced a la cual se admitirá o rechazará el recurso, la regla general para la admisión de los asuntos en los que haya de apreciarse la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, es que se haga por medio de auto y si resulta inadmisible, por providencia. No obstante, si el órgano que dictó la resolución recurrida hubiera emitido en el trámite que prevé el artículo 89.5 opinión que, además de fundada, sea favorable a la admisión del recurso, la inadmisión se debe acordar por auto motivado. Por el contrario, cuando nos halláramos ante los supuestos en los que se presume la existencia de interés casacional objetivo, la inadmisión exige la redacción de un auto motivado en el que se justificará que concurren las salvedades que en aquél se establecen. En todo caso, contra este tipo de resoluciones no cabrá recurso alguno, publicándose en la página web del Tribunal Supremo y en el BOE, con periodicidad semestral, el listado de recursos de casación admitidos a trámite, con mención sucinta de la norma o normas que serán objeto de interpretación y de la programación para su resolución.

En fin, un verdadero tiempo nuevo para la casación en el orden contencioso. Sería verdaderamente frustrante que después de tantos años de espera, se desaprovechara esta oportunidad legislativa para ubicar al Tribunal Supremo en su verdadero rol constitucional.

Vía| Raúl. C. Cancio

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