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La mediación en el ámbito penal (I)

La llamada <<Justicia Restaurativa>>

Debemos entender la mediación como aquella propuesta negociadora entre un tercero ante dos partes discrepantes o en conflicto y que al acercar posiciones propone una solución voluntariamente aceptada. No hay que confundir los términos mediación y arbitraje, en este último un tercero dirime la cuestión y, sin embargo, en la mediación este tercero asesora, invoca condiciones, antecedentes, incluso puede citar doctrina que esclarezca los hechos a las partes. Pero, al fin y al cabo, es el mediador el que pretende esclarecer las posturas para una <<posible avenencia voluntaria de las partes>> que termine con las diferencias sustanciales.  mediacion_02

  Consiste la mediación penal en la labor conciliatoria que lleva a cabo una persona <<experta>> en derecho penal denominado mediador (en la mediación penal no pueden contemplarse los supuestos del arbitraje civil en los que el tercero no tiene la obligación de detentar conocimientos jurídicos), para que las partes afectadas por el hecho criminal, sujetos activos del delito y víctima o perjudicado, resuelvan el conflicto creado entre ellos, lo que se alcanzará con el reconocimiento de la infracción por el que la ha ejecutado y con la satisfacción, material o moral, de la persona que la ha sufrido. Así pues, siendo relevante la función que desarrolla el mediador, éste tiene que tener los conocimientos jurídico-penales suficientes para dar la información tanto al responsable penal como a la víctima de cuál es la situación de cada uno en el proceso y lo que puede alcanzar con su labor mediadora, no creando falsas expectativas en el autor en cuanto que a pesar de conseguir el éxito de la mediación ello no supondrá una exención de su responsabilidad criminal, ni a la víctima en lo que se refiere a que a pesar de que pudiera lograrse la finalidad perseguida no va a obtener una satisfacción material o moral completas, de ahí que la figura del mediador sea un aspecto de máxima relevancia en la cuestión que nos ocupa.

El Derecho penal o el ius puniendi es una prerrogativa del Estado, siendo la mayoría de los delitos públicos o perseguibles de oficio. Por ello, tratar de la mediación en el proceso penal pudiera producir cierta sorpresa, al no ser disponible el objeto del proceso por las partes en conflicto, no rigiendo el principio dispositivo, salvo en delitos de injuria y calumnia entre particulares. ¿Es pues un tópico la llamada <<Justicia Restaurativa>>? Entendemos que no, y ello en los casos de conflictos de transcendencia penal entre personas privadas en los que es preciso que exista un acto subjetivo y voluntario por parte del ofendido para que pueda iniciarse una acción penal, extinguiéndose en estos casos la responsabilidad penal si se produce el perdón del ofendido, tal como así lo contempla en el artículo 130.5.º del Código Penal.

Procedimiento y consecuencias jurídicas 

El proceso de mediación no está regulado por la leyes procesales, excepción a la referencia conciliatoria que se halla en el artículo 19 de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, por ello la forma de ejecutarse la mediación podíamos denominarla de alegal, sin que ello sea contrario al ordenamiento jurídico, sino simplemente que no tiene un reflejo que detalle los pasos a seguir recogidos en una norma jurídica, siendo la forma ordinaria de llevar a cabo la mediación por la solicitud de alguna de las partes en el proceso elevada al juez de instrucción para que derive la cuestión a la mediación penal reparadora, lo que hará mediante auto y previo conocimiento del Ministerio Fiscal, quedando así sometido el proceso a la mediación, lo que no impedirá que éste continúe con las diligencias que deban practicarse conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo ya el mediador el que realice su función conciliadora de la manera que más oportuna estime. Estando sometida su actividad (la del mediador penal), en todo caso, a los principios de oficialidad, voluntariedad de las partes, gratuidad y confidencialidad, sin cuyo respeto se alteraría la esencia misma de esta naciente institución.

Son presupuestos imprescindibles para llevar a buen puerto la mediación en el ámbito del proceso penal que concurra un reconocimiento de hechos para el sujeto de la acción criminal, lo que deberá reflejarse no sólo en la documentación de los actos propios que desarrolla el experto, sino también en el proceso penal para poder finalmente serle de aplicación al imputado algún beneficio en la pena. Además, debe, con anterioridad, proceder a reparar el daño causado, lo que se hará materialmente por la vía de la indemnización pecuniaria o moralmente pidiendo perdón al ofendido; y, finalmente, debe otorgarse ese perdón por la víctima de la infracción penal, como acto voluntario en relación de causalidad con la conducta conciliadora del agresor.

El efecto puramente penal para el delincuente vendrá dado por la apreciación de una atenuante de confesión del hecho delictivo como analógica si ello fuese posible y en todo caso la de reparación del daño ocasionado en función de la aportación que se hace a la víctima material o moral, concretándose en la rebaja de la pena (imponiéndose en grado mínimo) y, si se apreciase como muy cualificada, la atenuación podría alcanzar la rebaja en uno o dos grados en función las particularidades que ofrece el artículo 66 del Código Penal. No es factible en caso alguno un archivo o sobreseimiento de la causa, ni la libre absolución, sencillamente porque ello está al margen de cualquier interpretación que se pueda hacer de la ley penal por la vía de la mediación.

Hay una cuestión que no podemos olvidar en este breve comentario de la mediación, cual es la posible colisión entre los intereses del mediador y los que representa el abogado del imputado. En definitiva, si el derecho de defensa está salvaguardado cuando el letrado del delincuente entiende que su cliente no es responsable penal o concurren en el mismo eximentes, o simplemente quiere que sea de aplicación el principio de presunción de inocencia, en estos supuestos de conflicto de intereses entre el experto mediador y el abogado defensor habrá que decantarse por la postura que pueda mantener el sujeto del delito, que convenientemente asesorado podrá optar por continuar con el proceso de mediación incluso en contra de la opinión de su defensor, dando lugar si fuere preciso a su sustitución.

Imagen| stajcantabria

 

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