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La lucha de Ley contra el terrorismo

El terrorismo, principalmente el de ETA, ha sido un gran condicionante de la política y la legislación española.

Nuestro Código Penal ha considerado que una serie de conductas ya penadas, como el asesinato o el secuestro, deben de ser objeto de un reproche penal mayor si tienen una finalidad terrorista, es decir, tendentes a subvertir el orden constitucional. Tras la reciente reforma del Código Penal de 2015 igualmente se considera como finalidad terrorista alterar gravemente la paz pública, desestabilizar las instituciones o estructuras económicas y sociales del Estado, desestabilizar el funcionamiento de una organización internacional, forzar a los poderes públicos a realizar un determinado acto o provocar un estado de terror en una parte de la población.

Las estrategias que se han seguido para librarnos de esta lacra han llevado al legislador a tipificar acciones que, de no realizarse con un fin terrorista, no eran previamente constitutivas de delito. Se ha decidido firmemente actuar contra el entorno, financiación y colaboradores de estos grupos anticipándose así a la comisión del ilícito, permitiendo también más posibilidades de investigación a la policía.

#ActualidadQAH

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La ley Órganica 6/2002 conocida como “Ley de partidos” en su artículo noveno trataba de evitar la permeabilidad entre grupos terroristas y partidos políticos, impidiendo que estos fueran la muleta y cara institucional de la organización terrorista.  También muy efectiva contra el entorno de las organizaciones terroristas ha resultado el reproche penal de la apología del terrorismo o humillación de las víctimas así como la instigación a que otra persona los cometa este tipo de acciones.

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La Audiencia Nacional es el Tribunal competente para juzgar los delitos de terrorismo.

Esta batería de leyes que tradicionalmente se diseñaron para luchar contra el terrorismo doméstico han debido ampliarse para hacer frente a los nuevos desafíos de la seguridad global: el terrorismo internacional, principalmente el yihadismo.
La resolución 2178 (2014) ONU, en su artículo 6, insta a los Estados a que tipifiquen como delitos graves que  sus nacionales viajen o intenten viajar a un Estado distinto de sus Estados de residencia o nacionalidad con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o proporcionar o recibir adiestramiento con fines de terrorismo. El legislador español consciente de la amenaza contra la seguridad nacional que supone el regreso de estos combatientes entrenados y habituados a un ambiente bélico, ha hecho caso de las recomendaciones de Naciones Unidas y las ha incluido en la última reforma del Código Penal.

La lucha contra el yihadismo ha atacado también a su aparato de propagandístico, por ello, este año hemos podido ver numerosas detenciones de islamitas que se dedicaban a la captación de terroristas para combatir en Siria e Irak. Estas personas se enfrentan a penas de hasta 12 años de cárcel como los que recientemente se han impuesto a los ceutíes que en 2013 captaron voluntarios para organizaciones terroristas filiales de Al Qaeda. (Sentencia AN del 30/09/2015)

Podemos concluir que España ha desarrollado un amplio arsenal de legislación contra el terrorismo tras haberlo sufrido durante décadas, y que dada su sensibilidad con los efectos de esta barbarie, ha sido puntera a la hora de legislar frente a las nuevas amenazas.

Imagen| viewsandthoughts, cdn9.staztic, libertaddigital

Vía| seguridadinternacional, UN, poderjudicial ,Noticias juridicas

 

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