Derecho Mercantil, Jurídico 


La limitación de los plazos de pago de facturas en operaciones comerciales

¿Eres proveedor de productos a otras empresas y tu negocio no cuenta con toda la liquidez que  te gustaría a pesar de tener una buena cartera de clientes? ¿Estás cansado de ver como, por mucho que factures, los retrasos en el pago de lo que te deben genera que no puedas asumir ningún plan de expansión de empresa o, a veces, de mero mantenimiento de la misma?

Pues bien, con la intención de dar solución a esta problemática y ajustar los plazos de pago en el mundo contractual, se promulgó hace ya una década la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, transposición de la Directiva 2000/35/CE, del Parlamento Europeo (actualmente derogada por la Directiva 2011/7/UE de 16 de febrero de 2011),  cuyo objetivo principal es contribuir a la armonización de  condiciones comerciales como un paso más dentro del proyecto de consolidación y desarrollo del mercado único europeo.

El retraso en el pago de facturas provoca falta de liquidez

El retraso en el pago de facturas provoca falta de liquidez

La norma, que ha sido objeto de varias revisiones (la última de ellas el pasado 28 de julio de 2013) y a su vez modificada por la Ley 15/2010, de 5 de julio o la reciente y polémica Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor, tiene como efecto principal la fijación de límites temporales a los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, o bien entre empresas y la Administración, por lo que excluye expresamente el ámbito de los consumidores.

En conjunto, podemos resumir las características más importantes de la llamada coloquialmente “Ley de morosidad” en los siguientes tres puntos:

I.        30 días: Se establece para el deudor un plazo de pago por defecto de treinta días naturales tras la fecha de recepción de mercancías o de prestación de los servicios, salvo pacto en contrario de las partes. De todos modos, los pagos a proveedores del comercio minorista nunca podrán exceder de los treinta días.

II.      60 días: Aun existiendo contrato que especifique un plazo superior a los treinta días anteriormente mencionados, nunca podrá acordarse un período que sobrepase la barrera de los sesenta días naturales.

III.    Intereses e indemnizaciones: Se prevé el devengo automático de intereses de demora y de indemnización por costes de cobro para el deudor por el mero vencimiento del plazo que sea de aplicación según el caso sin haberse producido el pago de los servicios/productos, siempre y cuando el acreedor haya cumplido con sus propias obligaciones contractuales.

Por otro lado, de cara a regularizar la situación de muchas relaciones comerciales ya existentes en el momento de entrada en vigor de la norma, la mencionada Ley 15/2010 estableció en su Disposición transitoria segunda un calendario de aplicación progresiva por el cual las empresas que contractualmente viniesen superando esos sesenta días, fueron obligadas a adaptarse a los plazos de pago previstos en la nueva regulación. Así, hasta 2012, siguieron permitiéndose ochenta y cinco días para el abono de facturas; durante todo 2012, setenta y cinco días, y finalmente a partir de 2013, tan sólo sesenta días.

En consecuencia de lo anterior, toda cláusula contractual o pacto que, a día de hoy, disponga un plazo superior a los sesenta días para el pago de facturas comerciales, es nula de pleno derecho.

Vía| Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Imagen| Morosidad

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