Jurídico 


La libertad religiosa en Europa

Europa camina hacia la laicidad de sus estados miembros. Sin embargo, todavía existen países en los que a pesar de la libertad religiosa, constitucionalmente reconocida, ciertas confesiones tienen más peso que otras. Esto, como es obvio, es algo natural y no vamos a entrar a analizar las circunstancias históricas.

El caso que analizamos a continuación nos lleva a Grecia, país en el que la religión dominante, tal y como establece la Constitución de 1975, es la Iglesia ortodoxa:

Artículo 3:

1. La religión dominante en Grecia es la Iglesia ortodoxa oriental de Cristo. La Iglesia ortodoxa de Grecia reconoce como cabeza de la misma a Nuestro Señor Jesucristo, y está indisolublemente unida, en cuanto al dogma, a la Gran Iglesia de Constantinopla y a toda otra Iglesia cristiana de la misma fe (homodoxi), observando inmutable cómo las otras iglesias, los santos cánones apostólicos y sinodales así como las santas tradiciones. Esta es autocéfala y está administrada por el Santo Sínodo permanente que, a partir de éste, está constituida como está prescrito por la Carta estatutaria de la Iglesia y conforme a las disposiciones del Tomo patriarcal de 29 de junio de 1850 y el Acta sinodal del 4 de septiembre de 1928.

Los hechos son los siguientes: El Sr. Minos Kokkinakis, de nacionalidad griega, nación en 1919 en Sitia (Creta) en una familia de confesión ortodoxa. Convertido a los Testigos de Jehová en 1936, fue condenado repetidamente por proselitismo, que de acuerdo con la jurisprudencia griega consiste en intentar firme e inoportunamente apartar de las disciplinas de la religión dominante por medios ilícitos o condenados por la moral. Sin duda, la vaguedad de estos términos pone en peligro la libertad religiosa recogida en su propia Constitución:

Artículo 13

1. La libertad de conciencia religiosa es inviolable. El goce de los derechos individuales y políticos no depende de las creencias religiosas de cada uno.

2. Toda religión conocida es libre; las prácticas de su culto se ejercen sin obstáculos bajo la protección de la ley. El ejercicio del culto no puede ser contrario al orden público o a las buenas costumbres. El proselitismo está prohibido.

Durante la dictadura de Metaxas (1936-1940) el artículo 4 de la Ley 1.363/1938 erige, por primera vez, el proselitismo en infracción penal. El año siguiente, el artículo 2.º de la Ley 1.672/1939 lo modifica precisando mucho más el sentido del término mismo de proselitismo: “por proselitismo se entiende toda tentativa, directa o indirecta de penetrar en la conciencia religiosa de una persona de confesión diferente con el fin de modificar su contenido sea por medio de toda suerte de prestación o promesas de prestación o de seguridad moral o material, sea por medios fraudulentos, sea abusando de su inexperiencia o de su confianza, sea aprovechando su necesidad, su fragilidad intelectual o su ingenuidad”.

Tras pasar por distintas instancias, el Sr. Kokkinakis denuncia su condena por proselitismo ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que estima contraria a varios artículos del Convenio europeo de Derechos Humanos. A continuación analizaremos el artículo del Convenio que de acuerdo con el Tribunal, fue violado por el estado griego.

El Tribunal estimó que hubo violación del artículo 9 del Convenio, según el cual, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión constituye una de las bases de una “sociedad democrática”. Es una manifestación del pluralismo, conquistado en el curso de los siglos. La libertad religiosa es también libertad para manifestar su religión. Esta no se ejerce únicamente de manera colectiva, “en público” y en el círculo de los que comparten la misma fe, sino también “individualmente” y “en privado”; implica, en principio, el derecho de intentar convencer al prójimo, por ejemplo, por medio de una enseñanza.

Los imperativos del art. 9 del Convenio se ven reflejados en la Constitución helénica en cuanto se proclama en su art. 13 que “libertad de la conciencia religiosa es inviolable” y que “toda religión conocida es libre”. Así los testigos de Jehová gozan del estatuto de religión conocida que otorga determinadas ventajas en cuanto al cumplimiento de sus ritos.

En una sociedad democrática, donde coexisten muchas religiones en el seno de una misma población, puede ser necesario, que dicha libertad sufra limitaciones derivadas de la necesidad de conciliar los intereses de diversos grupos y de asegurar el respeto a las convicciones de todos. Según el Gobierno, el orden jurídico griego encierra tales limitaciones. El art. 13 de la Constitución de 1975 prohíbe el proselitismo por igual para todas las religiones sin distinción. El art. 4 de la ley nº 1363/1938, que acompaña esta prohibición de una sanción penal, ha sido mantenido por numerosos gobiernos democráticos sucesivos (a pesar de su origen histórico y político). Tendría por finalidad exclusiva proteger “la conciencia de otros de actividades atentatorias a su dignidad y su personalidad”.

La condena del tribunal correccional de Lassithi, se traduce en una injerencia en el ejercicio del derecho del Sr. Kokkinakis a “la libertad de manifestar su religión o sus convicciones”. Esta injerencia es contraria al art. 9, salvo si estuviese prevista por ley, dirigida a la consecución de los fines legítimos según el párrafo 2 y fuese “necesaria, en una sociedad democrática”, para alcanzarlos.

El interesado denuncia la ausencia de una descripción de la “sustancia” objetiva” del delito de proselitismo en el artículo 4 de la ley nº 1363/1938. Según él, todo tipo de conversación o comunicación religiosa podría caer bajo el campo de dicha disposición. Invoca el “riesgo de extensibilidad policial y judicial” de los términos vagos de este artículo, tales como “especialmente” o “tentativa indirecta” de penetrar en la conciencia de otros.

Para el gobierno, por el contrario, el art. 4 define el proselitismo “de forma precisa y determinada” (la sustancia objetiva del delito se centra en la tentativa de modificar la esencia de la conciencia religiosa de otros.

El Tribunal, constató que la redacción de muchas leyes no tiene una precisión absoluta. Debido a la necesidad de evitar una rigidez excesiva y adaptarse a los cambios de situación, muchas de ellas se sirven de fórmulas más o menos flexibles, cuya interpretación y aplicación depende de la práctica. Existe una jurisprudencia constante y pública de los tribunales griegos, que completaba la letra del art. 4 y permitía al Sr. Kokkinakis determinar cuál debía ser su conducta en la materia.

La medida litigiosa estaba pues “prevista por la ley” en el sentido del art. 9 2º del Convenio.

Ahora bien, ¿Tiene la medida litigiosa un fin legítimo?

Para el demandante la religión supone “un flujo constantemente renovable del pensamiento humano”, y no podría concebirse al margen del diálogo público. El equilibrio de derechos individuales obliga a tolerar que los pensamientos de otros sufran un mínimo de influencia pues en otro caso, se llegaría a “una extraña sociedad de bestias silenciosas que piensan, pero expresan, que hablan pero no comunican, que existen pero no coexisten”.

El Tribunal considera que la medida objeto de discusión perseguía un fin legítimo desde el punto de vista del art. 9 2º: la protección de los derechos y libertades de las demás invocadas por el Gobierno.

 ¿Es necesaria en una sociedad democrática?

El Sr. Kokkinakis no estima necesario, en una “sociedad democrática”, prohibir “la palabra de un ciudadano” que está hablando de religión con su vecino. La Corte de apelación de Creta no ha podido demostrar el carácter directo o indirecto de la tentativa de penetrar en la conciencia religiosa de la denunciante; su razonamiento demuestra que condenó al demandante “no por las cosas que él había hecho, sino por lo que era”.

Según el Gobierno, los tribunales se basaron en hechos patentes que constituían el delito de proselitismo (la insistencia de entrar en el domicilio bajo pretextos engañosos, embaucar…).

Según la jurisprudencia constante del Tribunal, se debe reconocer a los Estados contratantes un cierto margen de apreciación para juzgar de la existencia de una injerencia, pero ello es compatible con un control europeo sobre la ley y sobre las decisiones que la aplican, incluso cuando emanan de una jurisdicción independiente. La labor del Tribunal consiste en determinar si las medidas nacionales se justifican en sus principios y son proporcionadas.

La lectura del art. 4 de la ley nº 1363/1938 revela que los criterios adoptados en materia de proselitismo son aceptables en cuanto solo pretenden reprimir el proselitismo abusivo. Sin embargo, el Tribunal destaca, que los tribunales griegos establecieron la responsabilidad del actor basándose en unos motivos que se limitaban a reproducir los términos del art. 4, sin precisar suficientemente en qué había intentado el detenido convencer a su prójimo recurriendo a medios abusivos.

Por consiguiente, no queda demostrado que la condena del demandante estuviera justificada por una necesidad social imperiosa. La medida incriminatoria no parece proporcionada al fin legítimo perseguido, ni, por tanto, necesaria “en una sociedad democrática” para la protección de los derechos y libertades de los demás”.

La Unión Europea presiona a Grecia para que camine  hacia fórmulas más cercanas a la laicidad. En palabras del profesor DÍAZ MORENO, la confesionalidad es algo exclusivo de la persona, que una entidad jurídica tenga culto a Dios no tiene sentido, aunque no hay que olvidar que el legislador debe tener siempre en cuenta las creencias de la sociedad para la que legisla.

Vía | Francisco José Hidalgo-Barquero Jiménez (fragmento del trabajo expuesto en la Universidad Pontificia de Comillas durante el curso  2011/2012)

Imagen | TEDH

En QAH | La protección de los derechos fundamentales en Europa: el Consejo de Europa y la Unión Europea

 

RELACIONADOS