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La Ley Mordaza no protege la seguridad ciudadana

http://pabloguerez.com/2014/12/10/no-a-la-ley-mordaza-aun-estamos-a-tiempo/

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La Ley de Protección de Seguridad Ciudadana(en adelante, LPSC) es un texto represivo de los derechos fundamentales y libertades públicas que surge como reacción del ejecutivo al nuevo comportamiento social y a movimientos como el escrache o las acampadas en plazas públicas derivadas del 15-M, el cual, tiene por objeto evitar toda oposición pública de la ciudadanía a las políticas austeras aprobadas por el Gobierno y  reaccionar frente a estos movimientos sociales restringiendo el ámbito de actuación individual de los ciudadanos y someterlo a un intervencionismo cada vez más férreo por parte de un Estado.

El poder ejecutivo pone la vista en la violencia ejercida en la calle por parte de grupos minoritarios, olvidado que a veces éstos se aprovechan de concentraciones y/o manifestaciones legales de la ciudadanía, para justificar esta reforma legislativa tendente a reducir de forma legítima los derechos constitucionales de expresión, manifestación, reunión, asociación, presunción de inocencia… de todos los ciudadanos. Además,  llega a considerar que controlar a la sociedad es la mejor manera de garantizar una falsa paz social, olvidando que la libertad para expresar discrepancias con las políticas del Gobierno debe ser siempre preservada en un Estado Democrático de Derecho.

Así, la LPSC pretende instaurar un sistema en el que se restringen los derechos y libertades fundamentales, lo que supone el retroceso a un Estado totalitario.

La LPSC permite identificar al Estado español con un único partido político, el Partido Popular, pues recordemos que esta ley fue una iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Éste se excedió de sus competencias, pues recordemos que las competencias del Ministerio de Exteriores son estrictamente las de velar por los intereses del Estado Español y de sus ciudadanos en el extranjero y no hacer propaganda o justificar los actos de gobierno, salvo que el gobierno en cuestión, ya identificado con un partido, se identifique también con el Estado mismo, cosa que suele ocurrir en los Estados totalitarios.

El art. 4 LPSC concreta, de forma incorrecta, la seguridad ciudadana en la vulneración de normas del ordenamiento jurídico, pero ello realmente no justifica la intervención, en tanto en cuanto no se ponga en peligro a las personas, bienes, tranquilidad u orden ciudadano. Este “error”  pretende convertir en un conflicto de orden público lo que es una situación de desavenencias sociales inherente a un sistema democrático. Es decir, se trata de recuperar un viejo concepto como el de orden público (véase las Leyes de Orden Público de 1870, 1933 y 1959) y superar un concepto acuñado en la Constitución Española de 1978 en su artículo 104.1 CE, el de seguridad ciudadana.

La regulación establecida en la referida ley supone la quiebra de la separación de poderes por las siguientes razones:

En primer lugar por el desequilibrio entre la potestad administrativa y el ciudadano. Esto se manifiesta en el hecho de que la LPSC evita la identificación de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues no exige que lleven visible ningún número identificador cuando actúan en funciones de seguridad ciudadano y sanciona el uso de imágenes de los agentes (art. 36.3 LSC).

Otra faceta a destacar de la LPSC es el aumento de las infracciones y agravamiento y desproporción de las sanciones. Ésta tipifica un total de cuarenta y siete infracciones.  Todas las infracciones se castigan con sanciones económicas desorbitadas, sanciones que no pretenden la protección de la seguridad ciudadana, sino disponer de un instrumento para poder acallar las críticas sociales. Resulta especialmente censurable que las decisiones sobre materias vinculadas a los derechos fundamentales esenciales no queden atribuidas a órganos independientes, sino a la administración pública, que es parte en los propios conflictos sociales que están teniendo lugar y a la que se reserva un enorme grado de discrecionalidad. Pero no solo se agravan las sanciones en cuanto a su cuantía, sino que aumentan los plazos de prescripción de las mismas y además se obvia toda referencia al patrimonio del sancionado como criterio de graduación de la sanción.

Además, la actividad intervencionista del Estado que ampara la LPSC goza de escasa justificación, pues ésta se ampara en el mero riesgo, amenaza concreta o de comportamiento objetivamente peligroso que razonablemente sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana, por lo que abundan las infracciones de mero peligro, como consecuencia de una incorrecta concreción de la seguridad ciudadana en la vulneración de normas del ordenamiento jurídico, sin que exista un peligro para personas, bienes u orden público que justifique la intervención.

Esta Ley incrementa el deber de colaboración ciudadana con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bajo la imposición de sanciones y la sobreprotección de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad sin garantías de su identificación numérica en sus actuaciones, facilitando la impunidad en el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza.

La prohibición de difundir imágenes de los agentes en el ejercicio de sus funciones vulneraria el derecho fundamental de información e imposibilitaría que se puedan conocer excesos en el uso de la fuerza, propiciando la impunidad de actuaciones policiales en el uso de la fuerza (art. 5 LO 2/1986) al sancionar el uso de imágenes de agentes que puedan poner en peligro su “seguridad personal” o el “éxito de la operación” (art.36.3 LPSC), permitiendo el decomiso de cámaras o móviles utilizados para la captura de las imágenes (art. 49.1 LPSC),  imposibilitando así toda prueba de dichos excesos.  No obstante, cabe mencionar que esta regulación, una de las más criticadas, ha sido interpretada de manera restrictiva, pues en realidad lo que se prohíbe es difundir imágenes de agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para “penalizarlos” por el simple desarrollo de su trabajo, pero en ningún caso prohíbe captar imágenes en el que estos agentes se estén excediendo en el ejercicio de sus funciones. Si bien, esto plantea un gran problema en la práctica.

Además la LPSC persigue el ejercicio de la libertad de información mediante las denuncias de corrupción de autoridades o instituciones  públicas, que si se consideran calumniosas serán susceptibles de sanción inmediata, el deslucimiento leve de mobiliario urbano: colgar carteles o grafittis, la recogida de firmas o campañas de concienciación mediante  tenderetes; las acampadas de protesta, tipo movimiento 15-M; la huelga, incluyendo entre los fines de la norma sancionadora la   garantía prestación servicios esenciales comunidad, la libre  circulación, posibilitando controles, registros, identificaciones o cacheos  para investigar toda “acción ilegal o contraria al ordenamiento jurídico idónea para provocar alarma social”.

En cuanto al derecho de manifestación y reunión, se comienzan a perseguir las formas de protesta ciudadana pacifica. Se persiguen encierros, corte de vías públicas, escraches, las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, despliegue de pancartas en edificios públicos, manifestaciones  ante sedes parlamentarias sin actividad, manifestaciones de empleados públicos con ropa de servicio.  Se limitan las zonas en las que se puede ejercer el derecho de manifestación. Esta limitación pretende invisibilizar las protestas y vaciarlas de contenido, pues la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente que  el lugar en el que se ejercen los derechos fundamentales tiene una importancia sustancial para exteriorizar de forma clara las distintas opiniones. Además, el art. 29 LPSC extiende la responsabilidad por en caso de infracciones por reuniones y manifestaciones en espacios públicos a personas que pueden tener una relación estrictamente accesoria o tangencial, así como los convocantes, lo que presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes.

No obstante, en relación al Anteproyecto de Ley de Protección y Seguridad Ciudadana se suprimen algunas infracciones que constituían una clara referencia a situaciones acaecidas recientemente, por ejemplo “la convocatoria por cualquier medio o la asistencia a cualquier reunión o manifestación, con finalidad coactiva e inobservancia de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, desde que, conforme a la Ley Orgánica 5/1985, del 19 de junio, de Régimen Electoral General, haya finalizado la campaña electoral hasta la finalización del día de la elección” (art. 36.1 LSC),  lo cual era una clara alusión a las  manifestaciones que después del atentado de  Atocha de 11/03/04  supusieron la caída del  Gobierno del PP.

 Respecto a las detenciones por comisión de faltas administrativas sin causa tasada y justificada, pese a que el art. 20 Anteproyecto permitía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado retener durante 6 horas a los ciudadanos sin necesidad de presentar cargos contra él, cabe decir que finalmente, esta extraordinaria medida ha sido finalmente suprimida en el Proyecto de Ley.

Asimismo, se pretende huir del control judicial remitiendo al ciudadano sancionado a la jurisdicción contenciosa-administrativa, donde éste deberá pagar las tasas judiciales aprobadas por la Ley 10/2012 y sufrir el colapso existente en este orden jurisdiccional si quiere que su sanción sea revisada.

La LPSC obvia el principio de presunción de inocencia imponiéndole al sancionado la carga de destruir la presunción de veracidad de los agentes en vía (art. 52 LPSC) en vía contencioso-administrativa,  al mismo tiempo que prescinde de numerosas garantías  para el sancionado si lo comparamos con el ius puniendi penal.

Todo ello desincentiva el ejercicio de la tutela judicial efectiva, por lo que este derecho se ve vulnerado por el simple hecho de que el Gobierno ha decidido reservarse la potestad de castigar determinadas conductas que han sido despenalizadas en vía administrativa.

En definitiva, el Gobierno, en lugar de respetar las distintas formas de expresión de la disconformidad, ha optado por la represión de las críticas y por buscar fórmulas para que éstas no sean visibles. Así, está convirtiendo a los ciudadanos en victimas, no sólo de los ataques de grupos violentos que dañan bienes y derechos de las personas, sino también de la restricción de los citados derechos constitucionales, lo que indudablemente puede provocar, precisamente lo que pretende evitar, enormes y frecuentes movilizaciones sociales.

Como decía  Gandhi:Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer”, y no debemos olvidar que grandes cambios y progresos sociales han sido posibles gracias a la desobediencia civil.

Vía| Informe Jueces para la Democracia

Imagen| Ley mordaza

http://pabloguerez.com/2014/12/10/no-a-la-ley-mordaza-aun-estamos-a-tiempo/

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