Derecho Mercantil, Jurídico 


La Ley 7/2012 de 29 de octubre y las limitaciones al pago en efectivo

El pasado día 30 de octubre de 2012, veía la luz en el Boletín oficial del Estado, la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Una Ley, permítame la expresión, “completita”, no sólo por lo complicado de recordar el nombre debido a su extensión, sino que también y fundamentalmente, por la multitud de modificación normativa que lleva a cabo.

La finalidad que persigue el Legislador con esta nueva norma, es harto clara, evitar en la medida de lo posible el fraude fiscal al erario público, para que de esta forma vean la luz multitud de operaciones “opacas”, cuando no defraudatorias para con la Hacienda pública, que en este momento parecen generalizarse en el tráfico mercantil de nuestro país. Con independencia de cuáles sean las causas para que exista tanto fraude fiscal en estos momentos, que es una cuestión que escapa a esta reseña, y que no pretendemos analizar; lo cierto y verdad, es que el legislador ha decidido firmemente poner “veda a este coto”, y para ello, ha limitado el pago en efectivo en todas las operaciones que puedan tener apariencia de prestación de servicio o compra de un producto, o en otras palabras, se acabó el pago en cash.

El art. 7 de la Ley, establece de manera taxativa, que “no podrán pagarse en efectivo las operaciones en las que en alguno de los intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en moneda extranjera”, es decir, ninguna persona que actué en calidad de empresario o profesional puede recibir más de 2.500 euros en efectivo por una operación. Aquí estriba una gran cuestión, qué se ha de entender por empresario o profesional, parece que ante el silencio de la ley para esclarecer este tema habrá que remitirse al concepto de empresario y profesional del art. 5 de la Ley del Impuesto de Valor añadido, la cual entre otras, considera empresarios a las entidades mercantiles, aquéllos que realicen una o varias entregas de bienes o prestaciones de servicios que supongan la explotación de un bien corporal o incorporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo, en especial los arrendadores de bienes, etc.

Por último, en caso de no cumplir con esta limitación legal en cuanto a la forma de pago, el apartado dos del art. 7, establece un régimen sancionador administrativo bastante restrictivo tanto para el deudor como para el acreedor que realice o acepte el pago en cuestión, pero cuidado en este caso no existe vulneración del principio ne bis in idem, ya que a todas luces un mismo hecho generará dos sanciones, si bien es cierto que a sujetos distintos, con lo cual no se cumple con los requisitos del Principio General.

Más Información| Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; Revista MUFACE

Imagen| Rebelión

En QAH| El “fraude carrusel” en el IVA, El fraude, la amnistía y la filantropía, Billetes de alta denominación (500 euros) y el posible fraude fiscal (I): Conceptos generales

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