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La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local

El pasado día 30 de diciembre, fue publicada en el BOE la aguardada Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Esta Ley ha nacido para dar cumplimiento al mandato dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, de adaptar la normativa básica en materia de Administración local a las exigencias derivadas de la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y eficiencia en el uso de los recursos públicos.

La Ley 27/2013, para llevar a cabo esta reforma ha modificado diversos artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

La Ley 27/2013 persigue varios objetivos básicos:

1) Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con otras Administraciones, de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una competencia”

2) Racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera

3) Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso

4) Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Como primera medida, se concretan tanto las competencias propias como las delegadas, que deben ser desarrolladas por la Administración Local, diferenciándolas de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. De esta forma, se permitirá que los Ayuntamientos unicamente ejerzan las competencias que están previstas en la Ley.

Asimismo, se refuerza el papel de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, de forma que podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de veinte mil habitantes, mediante su prestación por la Diputación o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de consorcios o mancomunidades.

Se incluyen medidas para impulsar la fusión voluntaria de municipios. Así pues, para lograr estas fusiones de municipios, se establecen medidas de incentivo, tales como el incremento de su financiación, la preferencia en la asignación de planes de cooperación local o de subvenciones, o la dispensa en la prestación de nuevos servicios obligatorios como consecuencia del aumento poblacional.

La función interventora en las entidades locales se refuerza respecto a su función fiscalizadora y de comunicación de información con carácter anual al Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, se habilita al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control. Del mismo modo se regula el régimen de los funcionarios con habilitación nacional que serán seleccionados, formados y sancionados, en los casos más graves, por el Estado.

Por último, se implantan medidas liberalizadoras que favorezcan la actividad económica local, es decir, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia, salvo en los casos en los que su necesidad y proporcionalidad queden claramente justificadas.

Vía| Boletín Oficial del Estado

Imagen| Reforma de la Administración Local, Ayuntamiento

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