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La información es poder

En el sistema electoral norteamericano, la presencia de lobbies es una técnica común y normalizada que se ha perfeccionado con la práctica y representa una sofisticada fórmula de participación política al margen de las estructuras de los partidos, pero directamente vinculada a ellos. Los lobbies o grupos de presión basan su estrategia en la aportación de financiación para los candidatos durante las campañas electorales, con la pretensión de contar con futuros “favores” adecuados a sus pretensiones.

Sin embargo, el origen del cabildeo (equivalente autóctono del importado anglicismo) se remonta al siglo XVIII. Durante las sesiones del Parlamento, en las dependencias anexas de la Cámara de los Comunes, era frecuente encontrar concentrados a los representantes de diferentes corrientes comerciales con el objetivo de trasladar a los parlamentarios sus intereses y obtener de ellos medidas favorables. La fórmula y su terminología se importan al ámbito estadounidense en el XIX y la actividad queda definitivamente regulada a través de dos normas fundamentales: la Federal Regulation Lobbying Act (1945) y la Lobbying Disclosura Act (1995).

En España, desde luego, hay ejemplos y precedentes. En un entorno social, tremendamente orientado a las relaciones públicas y donde la producción legislativa es una constante tan acusada, no podía ser de otro modo. Con un matiz sustancial que nos diferencia y es el carácter público en el ejercicio de las pretensiones. Mientras en el mundo anglosajón la práctica de los grupos de interés se polariza con frecuencia desde ámbitos profesionales y empresariales, que defienden sus reivindicaciones (no siempre ni necesariamente de índole economicista), en nuestro caso, las organizaciones sindicales (algo menos la patronal), por ejemplo, han ejercido tradicionalmente como grupos de presión frente a los diferentes gobiernos. En ambos casos, el común denominador es la búsqueda de una influencia sobre la opinión pública para obtener resultados específicos que incidan sobre la actividad los órganos encargados en la toma de decisiones y con capacidad regulatoria y/o administrativa, recurriendo para ello a una actividad ajena a los cauces ordinarios de la política.

Pregonero

El uso de los medios de comunicación es fundamental en el proceso. En la práctica, el lobbying moviliza todas las herramientas y técnicas de comunicación disponibles.

Martínez Calvo lo define de una forma tan completa como acertada: “el lobbying es la actividad comunicativa orientada hacia los poderes gubernamentales, tanto administrativos, como legislativos y judiciales (…), realizado por una persona en representación de un grupo de presión o interés, con la intención de crear una situación favorable determinada o intervenir sobre una ya existente, para conseguir su desarrollo o desaparición; ya sea de una norma jurídica existente o propuesta, una actitud colectiva, un dossier económico financiero o industrial o un proyecto legislativo, con el fin de obtener una respuesta positiva y la credibilidad de los intereses que la representan. Para dar a conocer esos intereses se utilizan técnicas de comunicación directas o indirectas”.

El uso de los medios de comunicación es fundamental en el proceso. En la práctica, el lobbying moviliza todas las herramientas y técnicas de comunicación disponibles. Y para ello, recurre a dos opciones fundamentales: la confección de un mensaje claro, informativo y persuasivo; o bien la articulación de una campaña específica, que se traduce en planificación espacio/temporal de carácter formativo que, en este caso, busca crear un atmósfera favorable de la opinión pública y predisponerla en positivo a los argumentos que se tratan de defender. En cualquiera de ellos, el destinatario objetivo (independientemente de la fórmula elegida y el origen o naturaleza del grupo de presión) es siempre uno muy concreto: los poderes públicos. Por ello la fortaleza (y la dificultad) de la estrategia reside en el hecho de generar un flujo de opinión que “sensibilice” a la sociedad, en pro de lo defendido y habitualmente en contra del criterio y argumentos de la propia Administración. Con ello se garantiza, en general, fijar al Estado como interlocutor concreto, obteniendo una reacción inmediata y consecuencias directas frente a las acciones inicialmente definidas.

El lobbying juega con un elemento a su favor y es el hecho contrastado históricamente que revela la constante tensión entre las fuentes de creación del derecho y la respuesta que frente a ellas se genera desde los colectivos sociales de interés ante la inmediata repercusión de las mismas en su cotidianeidad, de manera especial en lo que concierne a derechos y libertades y en el ámbito de la actividad económica.

El lobbying estadounidense, distingue tres tipologías de actuación: las campañas de movilización pública (grassroot lobbying), las de captación de fondos para la financiación electoral (fundraising o crowdfunding) y las alianzas concretas y temporales con otros grupos de interés. Mientras en el contexto de la sociedad americana, no sorprende, por ejemplo el nivel de activismo y relevancia de un grupo de interés (terminología que busca suavizar el adjetivo de presión en un claro empeño de utilizar el lenguaje de manera adecuada y proclive a la legitimidad de la acción del cabildeo) como el de la Asociación del rifle, con el exponenete máximo e imagen visible de Charlton Heston (no en pocas ocasiones ha conseguido paralizar iniciativas de Ley que persiguen limitar la venta y uso de armas, apoyándose en la propia Constitución) o el de Matt Damon como líder mediático al frente de la Asociación contra el oleoducto de Keystone. En España, no se favorece el desarrollo descrito en virtud del sistema parlamentario vigente, ni existe contemplado como tal, aunque sí se pueden identificar comportamientos asimilables que, curiosamente se atribuyen a los propios partidos políticos el manejar de forma excepcional los medios de comunicación y que han entendido a la perfección el poder de la información y ésta como cuarto poder. Las mareas (de educación y sanidad), las concentraciones protesta y plataformas convocantes del 15-M o la masiva movilización contra los proyectos de  megaminería cielo abierto (Corcoesto) que abanderó la Sociedade Galega de Historia Natural, son un ejemplo actualizado de la realidad expuesta.

Las listas cerradas propias de nuestro sistema electoral, las denominadas puertas giratorias, … son comportamientos asimilables, si bien el uso restrictivo de la financiación privada en el seno de las campañas electorales es meridianamente claro en el caso español, regulado de una forma taxativa y muy limitativa en lo que a publicidad y gasto se refiere, por ejemplo. El debate, está abierto. Para quienes plantean la posibilidad de regularizar los denominados grupos de interés (en su día ya propuesto por el CDS, que abanderó la iniciativa de crear un registro público de los mismos y sus representantes, estableciendo no sólo las condiciones de acceso y datos registrables, sino la confección de un código deontológico de observancia general para los interesados y/o participantes) y la desaparición de los obstáculos legales – restrictivos de la actividad para controlar la vertiente negativa de la misma tal como el tráfico de influencias o la competencia desleal en base al manejo de información privilegiada – es hora de ordenar, documentar y articular la actividad para poner en valor del mismo modo lo que de positivo pueda tener esta corriente.

Vía|María Jamardo

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