Derecho Internacional, Jurídico 


La inevitable permeabilidad de los sistemas jurídicos tradicionales

En una sociedad tan extraordinariamente líquida como la actual, era sólo una cuestión de tiempo que tabiques conceptuales tan aparentemente sólidos como los que representaban los sistemas jurídicos contemporáneos no mostraran también signos evidentes de porosidad cuando no de franca permeabilidad.  Sistemas jurídicos que, entendidos como aquellos conjuntos de instituciones gubernamentales, normas jurídicas, actitudes y creencias vigentes en un país sobre lo que es el derecho, su función en la sociedad y la manera en que se crea o se debería crear, aplicar, perfeccionar, enseñar y estudiar, y que a su vez se raciman en familias jurídicas, atendiendo a las notas en común en cuanto a antecedentes históricos y desarrollo del sistema legal, jerarquía o predominio de una fuente del derecho, método de trabajo de los juristas en el marco del sistema legal, conceptos legales característicos que integran a ese sistema, instituciones legales o división del derecho que se aplica a el sistema en cuestión, se encuentran inmersos en un evidente periodo de redefinición.

Desde este punto de vista, mucho ha llovido desde aquellos «glazómanos» intentos clasificadores de los sistemas jurídicos que surgieron en el París de 1900, durante el Primer Congreso Internacional de Derecho Comparado, en el que los más conspicuos comparativistas distinguieron hasta cinco familias –no confundir por favor con las Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese y Lucchese- jurídicas: la Romano-Germánica, Continental o Civil Law [España, Angola, Brasil, Azerbajan o Nauru] como fusión de las culturas romana y germana en el occidente de Europa a partir del siglo V y caracterizada porque la norma de derecho se prioriza y se aplica ulteriormente a los problemas que la práctica presenta.

En segundo lugar estaría la Familia jurídica del common law o anglosajona [Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, Ghana o Gran Bretaña], fruto del crisol entre la nobleza normanda y la población anglosajona, incorporando influencias romanas, celtas e irlandesas, y haciendo pivotar el sistema sobre la unificación de un derecho originariamente consuetudinario merced a las decisiones de los tribunales, jurisprudencializando así el sistema.

En tercer lugar, habría que referirse  a la Familia jurídica Socialista, radicada en su origen en la Europa oriental, que configuró su derecho con elementos romano-germánicos pero que partir de la Revolución bolchevique de 1917, elaboró una teoría jurídica puramente socialista, anclada fundamentalmente en su concepción de la propiedad, el trabajo y las relaciones estado-ciudadano.

Por lo que respecta con el modelo religioso [Arabia Saudí, Argelia, Turquía] respondería a aquellos países en los que su ordenamiento jurídico se basa en el contenido de un libro revelado.

Finalmente, el sistema mixto o hibrido [Filipinas, Puerto Rico], no lo es tanto por la mezcla de elementos jurídicos de diversa procedencia como por estar ante sistemas en que la ley del lugar no los imbuye,  asimilando caracteres peculiares dentro de un mismo territorio o demarcación.

En la actualidad, y partiendo del diseño expuesto, resulta evidente que las diferencias entre cada uno de los sistemas se manifiestan de forma cada vez más evanescente. Nótese, en primer lugar, la creciente tendencia en el dúctil Derecho anglosajón hacia la «codificación» de las reglas jurídicas, desplazando lenta pero inexorablemente los antiguos precedentes judiciales hacia formas de positivación legislativa. Pero adviértase que no es un trayecto unidireccional. El continentalismo, en los últimos tiempos, se ha abierto francamente a las influencias anglosajonas, particularmente en el ámbito procesal, en cuanto al empleo de criterios discrecionales en el acceso a los tribunales, merced a la importación de rudimentos selectivos muy parecidos al certiorari o al leave to appeal inglés, verbigracia, la reciente reforma de la casación contenciosa administrativa de nuestro ordenamiento jurídico.

Esta aproximación de los dos grandes cuerpos doctrinales a nivel mundial, evidentemente ha tenido su reflejo también en aquellos sistemas tradicionalmente considerados como híbridos, como el estado de Luisiana o Quebec, que han visto como muchas de sus peculiares instituciones se diluían en un magma común y transversal.

Por lo que respecta al sistema jurídico socialista, tuvo su sentido como categoría independiente hasta 1990. Desde la caída del Muro y con él la arquitectura comunista de la mayoría de los países que orbitaban alrededor de la Unión Soviética, esta familia jurídica se ha convertido en un fenómeno endémico de países esclerotizados en los político y en lo jurídico como Cuba o Corea del Norte –el Libro Blanco Sobre la Reforma Judicial de 2012 y sus efectos impide incluir a China en esta Familia jurídica – .

Finalmente, y por lo que respecta a los sistemas jurídicos religiosos, paradigmáticamente representados por el derecho islámico (shari’a, fiqh…) –y necesariamente diferenciables de los sistemas religiosos que funcionan en Israel, Turquía, Bosnia o Japón-, debe tenerse muy en cuenta que los preceptos emanados de la voluntad divina y explicitados en la Revelación, niegan al Estado, es decir, a la soberanía popular, el monopolio de la imperatividad. Ello, en principio,  los haría radicalmente tangentes con el paradigma jurídico occidental, en cualquiera de sus manifestaciones. Para esta cosmovisión jurídica, situar la soberanía popular por encima de los preceptos de Dios no puede ser entendido de otra forma que como paganismo; sería reconocer que hay algo superior o igual a Dios. Así pues, según esa concepción, el Estado no sólo no es la única fuente de derecho, sino que ni siquiera es estrictamente fuente de legalidad. El Derecho islámico carece de órganos legislativos, pues nadie sino Dios puede dictar la Ley. Los hombres no pueden hacer más que interpretarla, y, en el caso de nuevos supuestos, aplicar la analogía a partir de la fuente única de la legalidad. Es una Ley que no admite la posibilidad de ser cambiada; ignora la evolución, deviene atemporal.

Pero, insisto, hasta en estos páramos jurídicos la globalización ha hecho mella.  Así, si distinguimos entre el derecho islámico clásico y el derecho positivo, interno, de los diferentes países islámicos -clasificables en función del mayor o menor grado de aplicación de la shari’a-, puede advertirse como el fiqh, o jurisprudencia islámica tradicional, fue considerada como una rémora proveniente del pasado en muchos países del Magreb, a partir de la ocupación colonial y del mestizaje con los valores occidentales, que ha derivado en la actual heterogeneidad jurídica en los pueblos del área de uso de la lengua árabe, al punto de compartir más elementos jurídicos comunes España y Marruecos que el reino Alauí y Arabia Saudí.

Un reformismo islámico animado por la asimilación de los modelos foráneos con vistas a desarrollar un derecho positivo propio de cada Estado árabe que, lamentablemente, corre un riesgo cierto de involución con la amenaza integrista, motivando una evidente y creciente revalorización del derecho más tradicional y ortodoxo.

No creo que lleguemos a conocer una suerte de esperanto jurídico, desde luego. Pero sería una insensatez aldeana, pretender poner puertas al derecho en el actual escenario global, por más que algunos pretendan ahora desandar caminos que tantas décadas costó desbrozar.

* Vía|Elaboración propia.
* Imagen|SlideShare

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