Jurídico 


La independencia del Poder Judicial

Desde el Siglo XV, la Justicia se nos ha presentado con los ojos vendados, manifestación de objetividad e imparcialidad, garantías tenidas en cuenta dentro de los caracteres del estatuto jurídico de los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, como notas esenciales con las que la Constitución ha querido identificar al juez frente a los demás servidores públicos.

En primer lugar hemos de tener en cuenta el artículo 117.1 CE, el cual establece un conjunto de requisitos que atribuye como propios a los jueces y magistrados. La independencia, la inamovilidad, la responsabilidad y la sumisión a la ley, pilares básicos del estatuto jurídico de estos, conforman al Juez constitucional: “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”. justicia-389x300

Sin embargo, (y aunque la potestad jurisdiccional tiene una manifestación exclusiva desde el punto de vista negativo, de tal forma que los Jueces y Magistrados, “exclusivamente” juzgan y hacen ejecutar lo juzgado), esto no está exento de tener alguna salvedad.  Por ello, cuando ejercen otras funciones, como las de Registro Civil, o se hallan en la situación administrativa de comisión de servicio (salvo que lo sea para otro juzgado o tribunal), o de servicios especiales en órganos no jurisdiccionales, no les alcanzan las exigencias del artículo 117.1 CE. Tales notas se han de predicar de todos los que ejercen funciones jurisdiccionales, y sólo de ellos, incluso aunque no sean jueces o magistrados de carrera.

Estas garantías han de ser entendidas de tal forma que no se establezcan en beneficio del juez, sino en beneficio del ciudadano, es decir, de todos los que se someten a su jurisdicción.

El primero de los requisitos estructurales que ha de cumplir necesariamente cualquier juez o tribunal, para poder ser considerado como tal, es el carácter o condición de tercero ajeno al conflicto que ante él planteen las partes procesales demandando su resolución.

La imparcialidad es exigencia ineludible para desempeñar un papel supra partes, como corresponde al juez a la hora de resolver conflictos. Dicha imparcialidad será garantizada a través de las causas de abstención y de recusación previstas en la ley, las cuales, en el caso de concurrir, impedirán al Juez conocer del asunto planteado.

Sin embargo, junto a la imparcialidad de cada juzgador respecto del objeto litigioso y de las partes procesales, en el moderno Estado constitucional se ha implantado la garantía de la independencia del juez respecto de los otros poderes del Estado, en particular del Ejecutivo, con el fin de asegurar su plena sumisión al ordenamiento jurídico. Si bien, y a pesar del principio de separación de poderes, existen en el ordenamiento jurídico ciertos vestigios de injerencias en el Poder Judicial (véase, por ejemplo, el nombramiento de los miembros del CGPJ) los cuales deberían ir siendo superados.

La independencia es, por encima de cualquier otra, la nota definidora de los jueces y magistrados frente a todos los demás cuerpos de funcionarios y servidores públicos y la misma permite al juzgador actuar con libertad de criterio en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, sustrayéndose a toda posible intromisión en su función. El juez ha de estar “protegido” de las presiones que se pudieran ejercer sobre él, de cualquier forma en que éstas se produzcan, y de dondequiera que provengan.

Esta ausencia de intromisiones en el ejercicio de la jurisdicción no implica sin embargo que la Constitución haya pretendido crear un juez sin criterio propio; sino que la independencia del juez supone la libertad para el enjuiciamiento, teniendo como único referente el sometimiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

Imagen| Justicia

En QAH| Sobre la incompatibilidad de los Magistrados del Tribunal Constitucional

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