Jurídico 


La independencia del Poder Judicial: la reciente reforma del Poder Judicial (II)

Tras haber explicado en qué consiste el principio de independencia del Poder Judicial y el por qué de su existencia, centrémonos ahora en la reforma LO 4/2013 y en la renovación del Consejo:

La LO 4/2013 ha supuesto una reforma profunda del sistema de elección de los vocales del CGPJ partiendo de tres premisas. En primer lugar, la designación de los Vocales del Consejo General del Poder Judicial con arreglo a exclusivos criterios de mérito y capacidad de los candidatos. En segundo término, la apertura de la posibilidad de ser designados como Vocales a la totalidad de los miembros de la carrera judicial que cuenten con un número mínimo de avales de otros Jueces y Magistrados o de alguna asociación. Y, finalmente, la consideración en la designación de los Vocales de origen judicial de la proporción real de Jueces y Magistrados asociados y no asociados.

Como ya me he referido con anterioridad, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia.

Cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial.

Así, los grupos políticos escogerán como miembros del Consejo a los jueces que a tal efecto se postulen, siempre que los candidatos dispongan al menos del aval de veinticinco compañeros de la carrera judicial.

En la reciente reforma del CGPJ, el Gobierno y el PSOE  llegaron a un acuerdo para renovarlo en el que se integran también CiU, PNV e Izquierda Unida.

De los 20 miembros del nuevo Consejo, 12 proceden de la carrera judicial y serán elegidos directamente en el pleno del Congreso y del Senado, según los nombres pactados por los partidos. Los otros ocho proceden de distintos sectores de la Justicia, salvo la carrera fiscal.

Los nombres de los ocho juristas que se convertirán en miembros del órgano de gobierno de los jueces y cuya elección se encomienda por la Constitución al Congreso y al Senado han sido rubricados por seis grupos: PP, PSOE, CiU, IP, PNV y UPN. Quedándose únicamente al margen Unión Progreso y Democracia (UPyD).

Hete aquí el problema, de los ocho juristas propuestos, tres han sido sugeridos por el PP, dos por el PSOE, uno por CiU, otro por IU y el último por el PNV, inmiscuyéndose por lo tanto manifiestamente el ejecutivo en un órgano de gobierno del Poder Judicial.

Y es que hemos de recordar aquí las palabras de Montesquieu en el Espíritu de las Leyes:

 “En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil.

Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (…).

Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo.
Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente
.”

Se consagra aquí el principio de separación de poderes vigente en todo Estado de Derecho que está viéndose menoscabado en la actualidad por el ejecutivo. Puesto que, aunque si bien es cierto que la renovación del Consejo se ha realizado dentro de la legalidad, el principal problema reside en que la designación de los jueces, como hemos visto, ha sido pactada por los principales grupos políticos de este país, politizando así la judicatura. Por último, debemos recordar que, utilizar la ley a conveniencia de intereses políticos olvidando una serie de principios éticos hace que un poder como el judicial vea mermada la independencia de la que debería estar investido.

“La independencia de los jueces en el ejercicio de las funciones que le han sido asignadas y su libertad frente a todo tipo de interferencia de cualquier otro detentador del poder constituye la piedra final en el edificio del Estado democrático constitucional de derecho” (LOEWENSTEIN)

Imagen| Poder Judicial

En QAH|La reforma del Consejo General del Poder Judicial con incumplimiento de promesa electoral, La independencia del Poder Judicial: la reciente reforma del Poder Judicial (I)

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