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La independencia del Poder Judicial: la reciente reforma del Poder Judicial (I)

La independencia, consagrada en nuestro texto constitucional, es, por encima de cualquier otra, la nota definidora de los jueces y magistrados frente a todos los demás cuerpos de funcionarios y servidores públicos. La misma, permite al juzgador actuar con libertad de criterio en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, sustrayéndose a toda posible intromisión en su función. El juez ha de estar “protegido” de las presiones que se pudieran ejercer sobre él, de cualquier forma en que éstas se produzcan, y de dondequiera que provengan.

El artículo 117 de la Constitución Española dispone que “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”

Por su parte, el artículo 122  establece que “la ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia”.

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Es el Consejo General del Poder judicial el órgano de gobierno del mismo, el cual estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

Nos encontramos por lo tanto ante un mecanismo imprescindible para llevar a la práctica la auténtica independencia política y funcional del poder judicial, indispensable para el correcto funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho propugnado por la Constitución, asumiendo el Consejo el gobierno interno de la judicatura.

El mismo se crea para cumplir con dos finalidades: Contribuir a garantizar la independencia de los órganos judiciales y ampliar el grado de participación en el proceso de toma de decisiones que afectan al sistema judicial. Y asume por otra parte dos funciones principalmente:

– Gestionar el estatuto de los jueces, al que también se le otorgan otras funciones que pueden contribuir a la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia.

– Y gestionar los medios materiales y personales necesarios para el funcionamiento de los órganos judiciales (la llamada “oficina judicial”), que corresponde al Poder Ejecutivo (al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en este ámbito).

En el siguiente artículo de la serie nos centraremos en la reforma LO 4/2013 y en la renovación del Consejo.

Imagen| Consejo General del Poder Judicial

En QAH|La reforma del Consejo General del Poder Judicial con incumplimiento de promesa electoral

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