Jurídico 


La inconstitucionalidad del inciso favorable del artículo 92.8 del Código Civil

En el supuesto de que uno de los dos cónyuges solicite la custodia compartida con el rechazo del otro, ¿puede el informe del Ministerio Fiscal (MF) determinar la decisión del juez? Dicho de otro modo, si el  MF informa desfavorablemente respecto a la custodia compartida, ¿puede el juez decidir que se implante dicho tipo de custodia?

Estas eran las cuestiones que subyacían en la cuestión de inconstitucionalidad que planteó la Audiencia Provincial (AP) de las Palmas de Gran Canaria al Tribunal Constitucional (TC) y que éste último resolvió mediante la STC 185/2012.

Entendía la AP que el artículo 92.8 del Código Civil (CC) que literalmente afirma que “Excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado cinco de este artículo, el Juez, a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor” contravenía los derechos constitucionales contenidos en los artículos 24, 39 y 117.3 de la Constitución.

TCEl TC, en el quinto fundamento jurídico de la STC 185/2012, indicó que “en aquellos casos en los que el Ministerio público emita informe desfavorable, no puede impedir una decisión diversa del Juez, pues ello limita injustificadamente la potestad jurisdiccional que el art.117.3 CE otorga con carácter exclusivo al Poder Judicial. Ningún argumento o motivo de peso existe que justifique, en consecuencia, la inserción por el legislador de este límite a la función jurisdiccional al haber otorgado un poder de veto al Ministerio Fiscal.”

A su vez, el supremo intérprete de la Carta Magna, en el séptimo fundamento jurídico, también afirmó que “La denegación del ejercicio de la guarda compartida debida a la vinculación del Juez al dictamen del Fiscal, (…) supone la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, pues aunque la actuación del Ministerio público está prevista para asegurar el bienestar de los hijos menores, el hecho de que el pronunciamiento judicial se haga depender de tal dictamen, menoscaba de facto el derecho a obtener una resolución sobre el fondo”.

Por consiguiente, en el décimo fundamento jurídico, el TC aseguró que “procede estimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria y declarar la inconstitucionalidad del inciso contenido en el art. 92.8 del Código civil, (…) por ser contrario a los arts. 117.3 y 24 CE”

En consecuencia, desde la STC 185/2012, es posible que el Juez conceda la custodia compartida incluso si el MF se opone a su concesión (dado que el hecho de que el informe deba ser favorable ha sido declarado inconstitucional).

Vía| STC 185/2012, de 17 de octubre (BOE de 14 de noviembre de 2012)

Imagen| Tribunal Constitucional

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