Jurídico 


La inconstitucionalidad de la insumisión fiscal

AutonomíasEl poder tributario consiste en la titularidad y ejercicio de competencias en materia tributaria. La Constitución en su artículo 137 establece:

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

De este artículo se deduce la tendencia del constituyente a que estas entidades alcancen cierta “autonomía política“. La autonomía financiera es un medio para alcanzarla pero, ¿a qué viene todo esto?

Hace un año, el ayuntamiento de Girona aprobó una moción en favor de la insumisión fiscal. Esta semana la Generalitat anuncia su intención de que la Agencia Tributaria catalana liquide todos los impuestos en sustitución de su homóloga estatal. En el texto, se insta a la Generalitat y a la Agencia Tributaria de Cataluña a establecer un protocolo de actuación y efectuar los cambios normativos necesarios para que la apuesta del Ayuntamiento de Girona sea viable. Nos vamos a limitar a analizar la viabilidad jurídica de esta propuesta, dejando de lado los motivos y toda discusión mediática en torno a dicha propuesta.

Las corporaciones locales (Girona) tienen competencias normativas limitadas debido a la reserva de ley tributaria recogida en varios preceptos constitucionales (art. 31.3 CE y 133.1 CE), es decir, corresponde al Estado el establecimiento de tributos mediante ley. Las corporaciones locales tienen poder tributario pero solo podrán ejercerlo indirectamente a través de una Ley del Estado (Ley de Haciendas Locales). Tienen por tanto una autonomía financiera muy reducida. Únicamente tienen potestad reglamentaria por motivos técnicos y en orden a optimizar la eficiencia rebajando el trabajo al poder ejecutivo estatal. Esta potestad abarca los elementos accidentales del tributo, nunca esenciales (hecho imponible y sujetos pasivos o personas obligadas al pago). Es evidente que no podrá crear tributos ex novo y en consecuencia tampoco podrá eliminarlos. Tanto el IRPF como el IVA (impuestos afectados por la moción) son impuestos estatales, aunque su recaudación se cede total o parcialmente a las comunidades autónomas por lo que la potestad de las corporaciones locales es inexistente respecto a éstos. Por lo tanto cualquier intento por parte de los entes locales o autonómicos de cambiar los impuestos y recibirlos en lugar del Estado central no es acorde a la legalidad.

Pero vamos más allá. Nuestro estado es un estado social y democrático de Derecho. Y en nuestro país se redistribuye la renta. Se busca una igualdad, al menos en las oportunidades y en los derechos. Pero para poder redistribuirla tiene que ser el estado central el que la recaude. En la actualidad solo el 50% del IRPF va a parar al estado. Y aunque existan fondos para promover la igualdad y solidaridad entre las comunidades autónomas no se redistribuye bien la riqueza. Si una comunidad se queda la mitad de la renta de los que viven en ella solo la podrá redistribuir entre ellos. Esto no sería un problema si todas las comunidades fuesen igual de ricas. Obviamente eso no es así. Hay comunidades más ricas y con más gente con rentas más altas. Incluso estando las cosas como están nuestro sistema permite que las comunidades ricas se queden gran parte de su dinero y se lo repartan entre ellos y las pobres se queden la mitad de lo que ellas recaudan (que es muy poco comparativamente). Nuestro sistema actual deja que las regiones en las que haya más pobres siga habiéndolos mientras que las regiones con más ricos se quedan su dinero. Eso es lo que hace esta financiación en el sistema de las autonomías. No es el mejor sistema, pero tampoco el peor. Pero si aun encima no se redistribuye el 50% del IRPF entre los ciudadanos de toda España porque cada comunidad se lo queda para sí, las comunidades con más pobreza serán aun más pobres y las comunidades más ricas lo serán aun más. En definitiva lo que proponen el Ayuntamiento de Girona hace un año o la Generalitat de Catalunya ahora, no solo no es legal, es injusto. Alegar libertad y autonomía no es válido cuando para su protección se perjudica la de otros. Ser solidario no es una opción en una comunidad.

Vía | Artículo elaborado conjuntamente por Álvaro Falcón Pulido y Francisco José Hidalgo-Barquero Jiménez

Más información | Financiación autonómica, EL PAÍS, Europa press

Imagen | Comunidades Autónomas, Agencia Tributaria de Catalunya

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