Jurídico 


La importancia de las cautelares en los procedimientos relativos a propiedad intelectual

En la coyuntura actual de polémica por la Ley Lassalle, con la que pretende reforzar las competencias de la Comisión, revisar el concepto legal de copia privada y lograr un mayor control de las entidades de gestión, nos centramos en las medidas de protección de que goza el titular de propiedad intelectual, las cuales no han variado en lo esencial respecto de la legislación de origen.

Las medidas cautelares que puedan adoptarse para frenar la infracción son cruciales

Las medidas cautelares que puedan adoptarse para frenar la infracción son cruciales

Los titulares de los derechos de propiedad intelectual cuentan, no sólo con las acciones comunes a todos los titulares de derechos, sino también con la posibilidad de adoptar medidas cautelares específicas para esta materia que pueden ir referidas a la cesación de la actividad ilícita del infractor y a la indemnización de los daños materiales y morales causados por los ataques a la propiedad intelectual.

En este sentido la protección es tan amplia que se prevé incluso la adopción de medidas contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir los derechos a la propiedad intelectual, incluso aunque los actos del intermediario no constituyan infracción, siempre sin perjuicio de lo que la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico dispone.

Las medidas a las que nos hemos referido pueden consistir en la suspensión, cautelar o definitiva, de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual.

El art. 141 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) establece las medidas cautelares que pueden adoptarse, y que quedarán sin efecto si no se presenta la demanda en los términos de la LEC, esto es, para que la adopción de esta clase de medidas prospere es necesario presentar la demanda en el plazo fijo legalmente:

  • La intervención y depósito de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita de que se trate.
  • La suspensión de la actividad de reproducción, así como su prohibición en caso de no haberse iniciado.
  • El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material empleado para la reproducción o comunicación pública.
  • El secuestro de los instrumentos, dispositivos, productos y componentes utilizados.
  • El embargo de los equipos, aparatos y soportes materiales de distribución, que quedarán afectos al pago de la compensación reclamada y a la oportuna indemnización de daños y perjuicios.
  • Y la suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual.

El art. 139 LPI enumera las medidas, ya no cautelares, que pueden adoptarse  para la cesación de la actividad ilícita, y que como puede observarse son muy similares:

  • La suspensión de la explotación o actividad infractora.
  • La prohibición al infractor de reanudar la explotación o actividad infractora.
  • La retirada del comercio de los ejemplares ilícitos y su destrucción.
  • La retirada de los circuitos comerciales, la inutilización, y, en caso necesario, la destrucción de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos materiales, equipos o instrumentos destinados principalmente a la reproducción, de nuevo a expensas del infractor, como regla.
  • La remoción o precinto de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada de obras o prestaciones.
  • El comiso, la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de los instrumentos, cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger obras, incluidos los programas de ordenador.
  • La suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual.

En cuanto a las acciones y procedimientos de defensa, interesa señalar que es materia regulada en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, derogado por ella el art. 142 LPI. Podemos enumerar como sigue sus aspectos esenciales:

  • Según el art. 52.1.11.º LEC, será competente en estas demandas, el tribunal del lugar en que la infracción se haya cometido o existan indicios de su comisión o en que se encuentren ejemplares ilícitos, a elección del demandante.
  • Se tramitarán, además y tal y como indica el art. 249.1.4.º LEC., por la vía del juicio ordinario por razón de la materia.
  • En  materia de diligencias preliminares, la Ley 19/2006, de 5 de junio, ha añadido dos previas en el art. 256.1.7.º y .8.º LEC., que consisten en: (i) la solicitud de diligencias de obtención de datos sobre el origen y redes de distribución de las mercancías o servicios que infringen un derecho de propiedad intelectual o de propiedad industrial; y (ii) la petición de la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable por la infracción de la propiedad intelectual o industrial.
  • En materia de cautelares, el art. 297.2 y 4  de la misma Ley contiene medidas de aseguramiento de la prueba específicas (tales como descripción detallada o incautación de los elementos) en casos de ataques a la propiedad intelectual; y el art. 328 establece un específico deber de exhibición  documental entre partes.

Este grado de especialidad en materia de medidas cautelares y diligencias preliminares en materia de propiedad intelectual es lógico, dado que el hecho de poder probar que una determinada obra, programa o creación pertenece a una persona en particular (física y jurídica), deviene un elemento esencial a la hora de demostrar que las actividades llevadas a cabo por un tercero son constitutivas de infracción a estos efectos.

La decisión sobre la propiedad intelectual no influye en la decisión sobre la competencia desleal

La decisión sobre la propiedad intelectual no influye en la decisión sobre la competencia desleal

Así, la única manera de que una acción de protección prospere es que el demandante tenga la capacidad de suspender las actividades del supuesto infractor, requerirle para que exhiba su trabajo y así poder defender sus derechos.

Por esta misma razón, las acciones en defensa de la propiedad intelectual e industrial suelen ir íntimamente ligadas a acciones de competencia desleal, respecto de las cuales la consecución del éxito es mucho más complicada, dado que en España los Juzgados prefieren darle prevalencia al principio de libre comercio, llegando a darse en la mayoría de los casos situaciones en las que la acción de protección de la propiedad intelectual prospera, pero no se reconoce que haya existido competencia desleal.

A meros efectos procesales cabría plantearse, cual de los fueros legales sería aplicable en caso de que se acumulasen acciones de los dos tipos. Pero éstas, son cuestiones que exceden del artículo de hoy.

 

Vía| LPI

Imagen| CopyLPI

 

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