Jurídico 


La figura del trabajador autónomo dependiente en el sector del transporte

Furgoneta de transportista autónomo

La Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA) creó la figura del trabajador autónomo económicamente dependiente. Se trataba con ello de regular el supuesto de la relación entre una empresa y una persona física que presta servicios para ella en un régimen que no cumple los requisitos para ser considerada como laboral pero que se acerca en muchos aspectos a la misma.

La ley pretende otorgar a esta relación una protección superior a la que se concede a las partes integrantes de una relación estrictamente mercantil, es decir a los que son trabajadores autónomos, pero que dependen esencialmente de un solo cliente; de ahí la denominación de trabajador autónomo económicamente dependiente (en adelante me referiré a esta figura como TRADE).

La primera cuestión es dilucidar qué requisitos debe cumplir un trabajador autónomo para ser considerado económicamente dependiente. Para ello debemos acudir al artículo 11 de la LETA, que enumera una serie de condiciones que el trabajador autónomo debe cumplir para ser considerado como TRADE. Empezaré por transcribir lo que establece la LETA para después explicar los motivos de cada uno de ellos, y la causa por la cual los autónomos transportistas tienen un tratamiento diferenciado del resto a la hora de establecer las condiciones para ser considerados TRADE. Hay que tener en cuenta que si hay un sector en el que la figura del trabajador autónomo es habitual es el del transporte.

Según el artículo 11 de la LETA, ostentarán la condición de TRADE aquellos trabajadores autónomos que cumplan los siguientes requisitos:

a) Realizar una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.

b) No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena ni contratar o subcontratar parte o toda la actividad con terceros, tanto respecto de la actividad contratada con el cliente del que depende económicamente como de las actividades que pudiera contratar con otros clientes.

c) No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.

d) Disponer de infraestructura productiva y material propios, necesarios para el ejercicio de la actividad independientes de los de su cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente.

e) Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente.

f) Percibir una contraprestación económica en función del resultado de su actividad,, de acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla.

Sin embargo, para las personas prestadoras de los servicios de transporte, la disposición adicional undécima de la LETA establece que los transportistas autónomos serán trabajadores autónomos económicamente dependientes cuando cumplan con lo dispuesto en los apartados a) y b).

Este aparentemente discriminatorio trato diferenciado para el sector del transporte, está sin embargo plenamente justificado.

Si revisamos los requisitos necesarios para ser autónomo económicamente dependiente, podemos observar que los dos primeros (realizar la actividad de manera directa sin empleados a su cargo y obtener al menos el 75% de sus ingresos de un solo cliente) están dirigidos a diferenciar entre los trabajadores autónomos los que son dependientes de los que no lo son. Los cuatro restantes requisitos, por el contrario, están dirigidos a diferenciar entre los trabajadores dependientes los que son autónomos de los que no lo son. Es decir, los dos primeros requisitos buscan diferenciar entre un autónomo y un autónomo dependiente; los restantes entre un autónomo y un trabajador por cuenta ajena.

Si un trabajador que realiza su actividad de manera directa para un cliente del que obtiene al menos el 75% de sus ingresos lo hace ejecutando su actividad de manera indiferenciada con el resto de trabajadores, no dispone de infraestructura propia, no desarrolla su actividad con criterios organizativos propios ni asume el riesgo y ventura de su actividad, ese trabajador no es un trabajador autónomo sino un trabajador por cuenta ajena.

En el anterior artículo publicado hablamos de la exclusión de determinados transportistas autónomos del ámbito laboral. Esa es la causa por la que el sector del transporte no precisaba de unos requisitos para deslindar entre trabajadores autónomos y trabajadores por cuenta ajena; porque es el único sector que tiene resuelta esta cuestión por ley desde 1994. El legislador de la LETA entendió, con buen criterio, que una norma que se viene aplicando de manera pacífica desde hace muchos años no debería ser objeto de nuevas polémicas.

Se requiere por tanto en primer lugar para que un transportista autónomo ostente la condición de económicamente dependiente respecto de un cliente percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales y que el trabajador autónomo no tenga a su cargo trabajadores por cuenta ajena.
Pero no basta con que concurran los requisitos de la disposición adicional undécima, sino que la adquisición de la condición de económicamente dependiente requiere que se dé otra circunstancia: la comunicación por parte del trabajador autónomo al cliente de su condición de económicamente dependiente: la motivación de esta exigencia es clara, ya que sólo el trabajador autónomo conoce si el 75% de sus ingresos dependen del mismo cliente y si tiene o no trabajadores a su cargo. Por tanto, se impone al trabajador la obligación de comunicar al cliente que adquiere la condición de económicamente dependiente de la que pasan a derivarse obligaciones antes inexistentes.

Es por ello que el artículo 12, en sus apartados 2 y 3 exige que en el contrato que firme con su cliente el trabajador autónomo deberá hacer constar expresamente su condición de dependiente económicamente respecto del cliente que le contrate, así como las variaciones que se produjeran al respecto y que cuando se produjera una circunstancia sobrevenida del trabajador autónomo, cuya consecuencia derivara en el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 11, se respetará íntegramente el contrato firmado entre ambas partes hasta la extinción del mismo, salvo que acordasen modificarlo para actualizarlo a las nuevas condiciones que corresponden a un trabajador autónomo económicamente dependiente.

En definitiva, la adquisición de la condición de autónomo económicamente dependiente conlleva una modificación tan sustancial de las relaciones contractuales entre las partes, que el legislador ha considerado necesario otorgar a las partes la posibilidad de no adaptarse a esta nueva situación contractual y, aplicando la cláusula “rebus sic stantibus” optar por resolver el contrato. Las partes concertaron un negocio jurídico sobre la base de una normativa de la que se derivaban unos derechos y obligaciones recíprocas que convinieron en suscribir. La regulación de un nuevo estatuto jurídico altera las bases de aquel negocio jurídico y aun siendo imperativo su cumplimiento se les permite la rescisión de su relación contractual si no quieren mantener esa relación jurídica.
Esta interpretación ha venido a ser sancionada por el Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, de desarrollo de la LETA, cuyo artículo 2.2 dispone que “para poder celebrar el contrato que se regula en este capítulo, el trabajador que de conformidad con lo establecido en el artículo 1. 2, se considere trabajador autónomo económicamente dependiente, comunicará al cliente dicha condición, no pudiendo acogerse al régimen jurídico establecido en este real decreto en el caso de no producirse tal comunicación.”
La cuestión relativa al carácter constitutivo o no de la comunicación de la condición de TRADE para adquirir dicha condición ha sido objeto de diversos pronunciamientos por parte de diferentes TSJ de CC.AA. No obstante, finalmente ha sido la Sala Cuarta del Tribunal Supremo la que hasta en tres diferentes sentencias ha puesto fin a las diferentes interpretaciones y ha resuelto definitivamente la cuestión en el sentido de entender que la comunicación de la condición de TRADE es un requisito previo y necesario para adquirir dicha condición y que si no media comunicación el trabajador autónomo no es económicamente dependiente.

En palabras del TS (Sentencia nº 5801/2011) de 11 de julio de 2.011

“ Distinto es el caso de la exigencia de comunicación que establece el art. 12.2 LETA , a tenor del cual “el trabajador autónomo deberá hacer constar expresamente en el contrato su condición de dependiente económicamente respecto del cliente que le contrate, así como las variaciones que se produjeran al respecto”. Esta ya no es una exigencia formal, sino que se relaciona con el necesario conocimiento por el empresario de uno de los presupuestos del contrato: la situación de dependencia económica. Esa situación normalmente sólo será conocida por el trabajador autónomo, pues es él quien tiene la información sobre los clientes para los que presta servicios y sobre los ingresos que percibe de ellos. Por el contrario, sin el conocimiento de ese dato el cliente que concierta un contrato puede estar asumiendo un contrato de trabajo autónomo dependiente cuando en realidad su intención es la de establecer un contrato civil o mercantil de régimen común con un trabajador autónomo ordinario. Por ello, la comunicación de la situación de dependencia es un requisito para la existencia del consentimiento sobre el vínculo contractual que se establece. Hay en este sentido una confusión en la sentencia de contraste cuando señala que el régimen legal previsto para los trabajadores autónomos dependientes carecería de virtualidad, si quedara a voluntad de las partes su aplicación. No es así. La aplicación del régimen legal es, desde luego, obligatoria cuando se dan las condiciones necesarias para ello. Pero la suscripción del contrato no lo es. El trabajador autónomo y su cliente tienen que conocer la naturaleza del contrato que suscriben y el cliente tiene que saber que está contratando un servicio que se presta en una situación de dependencia económica.” (en el mismo sentido STS 5792/2011 de 11 de julio de 2.011 y STS de 24 de noviembre de 2.011).

Las dudas sobre el carácter constitutivo o no de la condición de TRADE que se venían generando y sobre la necesidad o no de comunicar dicha condición, llevaron al legislador a modificar la redacción del artículo 11 de la LETA en la disposición final segunda de la Ley de la Jurisdicción Social, según la cual el artículo 11 bis de la LETA queda redactado de la siguiente forma:

El trabajador autónomo que reúna las condiciones establecidas en el artículo anterior podrá solicitar a su cliente la formalización de un contrato de trabajador autónomo económicamente dependiente a través de una comunicación fehaciente. En el caso de que el cliente se niegue a la formalización del contrato o cuando transcurrido un mes desde la comunicación no se haya formalizado dicho contrato, el trabajador autónomo podrá solicitar el reconocimiento de la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente ante los órganos jurisdiccionales del orden social. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del artículo 12 de la presente Ley.

En el caso de que el órgano jurisdiccional del orden social reconozca la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente al entenderse cumplidas las condiciones recogidas en el artículo 11 apartados 1 y 2, el trabajador solo podrá ser considerado como tal desde el momento en que se hubiere recibido por el cliente la comunicación mencionada en el párrafo anterior. El reconocimiento judicial de la condición de trabajador autónomo económicamente dependiente no tendrá ningún efecto sobre la relación contractual entre las partes anterior al momento de dicha comunicación.»

 

Es decir, que para las relaciones aplicables a partir de la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Social:

 

1.- La comunicación de la condición de TRADE deberá realizarse de manera fehaciente.

2.- El cliente puede optar por no adaptarse a la nueva relación contractual de TRADE y resolver la relación mercantil que venía rigiendo entre las partes.

3.- La comunicación de la condición de TRADE marca la fecha inicial de la nueva relación entre las partes; la anterior relación mercantil queda extinguida sin que pueda ser tenida en cuenta a ningún efecto para la nueva relación de TRADE.

 

Imagen| Furgoneta

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