Jurídico 


La extensión de los escritos procesales como (nueva) causa de inadmisión

La LO 7/2015, de 21 de julio, ha tenido a bien introducir en nuestro paradigma casacional del orden contencioso-administrativo, de forma inédita,  una regulación específica de la cuestión relativa a la extensión  de los escritos procesales de las partes a través del apartado tercero del artículo 87 bis LRJCA, adoptando para ello una postura que bien podría calificarse como de  tertium genus entre la prolijidad obsesiva que sobre el particular contemplan, por ejemplo, el Tribunal Supremo norteamericano en sus Rules of The Supreme Court of United States (Regla 33) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Regla 47 del Reglamento de Procedimiento del TEDH) en sus protocolos rituales y la perfunctoriedad con que lo tratan la mayoría de los sistemas casacionales europeos, con excepción del caso irlandés, como veremos.

Por el contrario, al otro lado del espectro legislativo, ni en el marco de las salas de lo contencioso de las cortes supremas de Alemania, Inglaterra, Polonia, República Checa, Estonia, Lituania, Hungría, Finlandia o Austria ni en el territorio de los Consejos de Estado con competencias jurisdiccionales –Francia, Bélgica o Italia-, funciona limitación alguna de esta naturaleza. Como señalábamos al inicio, únicamente la Court of Appeal Act 2014 irlandesa habilita al Chief Justice para dictar instrucciones en relación con la extensión de los escritos (10.000 palabras), tipo de fuente (Times New Roman), interlineado (1.5) o sangría (3.25).

Por lo tanto, y atendiendo al tenor del art. 87 bis.3 LRJCA – «la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación», se advierte la inocultable influencia recibida por la regulación que sobre la materia recoge el art. 58 del Reglamento de Procedimiento del TJUE:

«Sin perjuicio de las disposiciones especiales del presente Reglamento, el Tribunal podrá determinar, mediante decisión, una longitud máxima para los escritos de alegaciones o de observaciones que se presenten ante él. Esta decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea»

La disposición comentada y las posibilidades que contiene se predican, de forma explícita, de dos tipos de escritos: los de interposición y los de oposición. En otras palabras, y desde una exégesis literal, únicamente de estas dos clases de documentos de las partes podría determinarse su extensión máxima y el resto de condiciones extrínsecas que se estimaren oportunas, quedando, por consiguiente,  al margen del ámbito objetivo de aplicación los escritos de Derecho-Penalpreparación contemplados en el artículo 89 LRJCA. En una primera aproximación, parece sensata esta redacción toda vez que la fase de preparación se sustancia ante la Sala de instancia, siendo ésta la facultada para tenerlo por preparado si considerarse que se ajusta a  lo previsto en el referido artículo. Ahora bien, resulta innecesario recordar que la decisión de tener por preparado el recurso en la instancia en modo alguno vincula al Tribunal Supremo, el cual, con carácter previo al juicio de concurrencia de interés casacional objetivo, debe revisar su idoneidad procesal, entre cuyos presupuestos nada impide que se incluya la adecuada o inadecuada extensión del escrito de preparación u otras condiciones extrínsecas del mismo.

Según el DRAE, el término «extrínseco» hace referencia a algo externo, no esencial. También intercambiable con adjetivos como accesorio, accidental, exterior, externo, superficial o circunstancial. Cuando el legislador atribuye a la Sala de Gobierno del TS la posibilidad de acordar la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos de interposición y de oposición de los recursos de casación ¿a que condiciones se está refiriendo? Y lo que es más importante, la determinación de esas condiciones y, su eventual incumplimiento por el recurrente ¿serán también enarbolables como causas de inadmisión de los escritos? Es decir, aspectos accesorios, accidentales, exteriores, externos, superficiales o circunstanciales ¿tendrían virtualidad para declarar la inadmisión de un escrito procesal? ¿en que medida ello podría vulnerar la tutela judicial efectiva del quejoso? ¿Cuáles serían esas condiciones a la vez fútiles y nodales?

El citado art. 87bis. 3 señala competente a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para determinar esos extremos. La ejecutoriedad de sus actos así como su recurribilidad en alzada ante el Consejo General del Poder Judicial no son, sin embargo, argumentos suficientes para elegir a este órgano como el más idóneo para determinar cuestiones como la extensión de los escritos de las partes. Desde un punto de vista sistemático, recuérdese que el Anteproyecto de LOPJ del que trae causa la LO 7/2015, atribuía al Pleno de cada una de las Salas del Tribunal Supremo la potestad de decidir trimestralmente mediante acuerdo publicable en el BOE cuáles de los Fundamentos de Derecho de las resoluciones que hubiera dictado en ese periodo pudieren pasar a formar parte de la doctrina jurisprudencial vinculante. No se detengan ahora en el frustrado intento de crear una jurisprudencia vinculante del TS, repárese por el contrario en el dato de cómo el legislador, para una cuestión tan absolutamente trascendental como era la discriminación entre una jurisprudencia de «primera o de segunda categoría», atribuía esa competencia al Pleno de la Sala, lo cual era muy razonable atendiendo al grado de proximidad y conocimiento que los miembros de la Sala atesoran sobre la cuestión, muy superior al que pudieran albergar la heterogénea composición de la Sala de Gobierno que sin embargo, es elegida para dilucidar la extensión de un escrito procesal. Cuestión que razonablemente sería mejor percibida por los miembros del Pleno de la Sala, que al conocer de primera mano las peculiaridades de sus disposiciones rituales ponderarían mas adecuadamente la extensión necesaria de los escritos de las partes.

Por otra parte, el argumento que pudiera blandirse frente a esta postura, a saber, la perenne discusión acerca de la naturaleza jurídica de los acuerdos emanados de los Plenos de Sala no jurisdiccionales del artículo 264 LOPJ, ha quedado superada por la Sentencia de 8 de mayo de 2015,  que niega que todo lo que no es «jurisdiccional» sea forzosamente «gubernativo», como si ambos términos acotaran omnicomprensiva y excluyentemente toda la realidad

Parece pues que el legislador español, cinco siglos después,  recoge por fin la prosa didáctica de Gracián en su Oráculo Manual y Arte de Prudencia cuando aconsejaba:

No cansar. Suele ser pesado el hombre de un solo asunto y el que habla de un solo tema. La brevedad agrada y es útil: gana por lo cortés lo que pierde por lo corto. Lo bueno si breve, dos veces bueno; incluso lo malo, si poco, no tan malo. Es una verdad común que el hombre largo (no tanto en estatura como en discurso) raras veces es sabio. El discreto debe evitar molestar. Lo bien dicho enseguida se dice.

Imagen|derecho penal

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