Jurídico 


La exclusión de los transportistas autónomos del Estatuto de los Trabajadores

La calificación de la relación entre las personas prestadoras de los servicios de transporte y las empresas receptoras de dichos servicios ha sido objeto de gran polémica en los tribunales españoles. El punto de discusión se ha centrado en determinar si se trata de una relación de carácter laboral o de una relación mercantil. La respuesta no es fácil, ya que se trata de una relación que reúne características propias de un contrato laboral y otras que lo son de un contrato mercantil. Además, la legislación administrativa de transporte siempre ha considerado que se trata de una actividad que por los requisitos precisos para su ejercicio define al que la ejerce como empresario.

El primer punto de inflexión en el tratamiento jurisprudencial de la cuestión se produjo en 1986 con la conocida como “sentencia de los mensajeros” . El Tribunal Supremo consideró que la relación entre los conductores de moto que prestaban servicios para empresas de mensajería y estas empresas era de carácter laboral y no mercantil. Esta doctrina se fue extendiendo a otros colectivos de transportistas, y se fueron pronunciando sentencias que declaraban laboral la relación con sus empresas de conductores de furgonetas, furgones e incluso de vehículos de gran tonelaje.

La declaración como laboral de este tipo de servicios de transporte conllevaba además de la necesidad de dar de alta a los transportistas, el levantamiento de actas de infracción y de liquidación de cuotas impagadas de Seguridad Social correspondientes a los cinco años anteriores (el plazo de prescripción vigente en ese momento). Adicionalmente, aunque en el importe que las empresas abonaban a los transportistas se incluían conceptos como el combustible, averías o mantenimiento del vehículo, si la empresa no demostraba el carácter extrasalarial de estos conceptos se aplicaba la presunción del artículo 26.4 del Estatuto de los Trabajadores, según el cual toda percepción recibida por un trabajador tiene la presunción de ser salario, salvo prueba en contrario. La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de abril de 1991 terminó por esclarecer que no toda la retribución percibida por los transportistas tenía carácter salarial y que el salario de referencia cuando se declaraba que la relación entre empresa y transportista era laboral debía ser el del convenio colectivo de aplicación.

A finales de los años 80 y principios de los años 90 se generalizó la reclamación conjunta de los colectivos de transportistas contra las empresas para las que prestaban servicios solicitando que se declarase el carácter laboral de la relación. Esto generó responsabilidades millonarias para las empresas por las cuotas de Seguridad Social de los años anteriores. Más de una empresa de transporte tuvo que cerrar cuando a esta circunstancia se unió la crisis económica de 1992.

Ante la inseguridad jurídica que se estaba generando, el sector solicitó una solución. Se barajó la posibilidad de establecer una relación laboral de carácter especial. Pero finalmente, cuando en 1994 se acometió la primera reforma en profundidad del Estatuto de los Trabajadores, se decidió establecer un criterio para determinar en qué casos los transportistas tenían relación laboral con sus empresas y en qué casos esta relación era mercantil y, por tanto, excluida del Estatuto de los Trabajadores.

Así, la Disposición Adicional Undécima de la Ley 19/94, de 19 de mayo, incorporó al Estatuto de los Trabajadores un nuevo apartado al artículo 1.3. que establece las relaciones excluidas del ámbito de aplicación de las relaciones laborales. El apartado g) reza así:

“Se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley:

g) En general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de la que define el apartado 1 de este artículo.
A tales efectos se entenderá excluida del ámbito laboral la actividad de las personas prestadoras del servicio de transporte al amparo de autorizaciones administrativas de las que sean titulares, realizada, mediante el correspondiente precio, con vehículos comerciales de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostenten, aun cuando dichos servicios se realicen de forma continuada para un mismo cargador o comercializador. “

Dos fueron las cuestiones que se plantearon en los tribunales sobre la interpretación de este artículo. La primera, relativa al régimen transitorio de la norma, no tiene mayor relevancia hoy veinte años después; pero a título informativo es interesante aclarar que el Tribunal Supremo decretó que la norma se aplicaba no sólo a los transportistas que iniciaron su actividad después de la entrada en vigor de la Ley 19/94, sino también a aquellos que iniciaron su actividad antes de dicha fecha.

La segunda, y más conflictiva cuestión, se refería a si el artículo 1.3. g) establecía una simple presunción de exclusión del ámbito laboral que podía ser vencida en caso de prueba en contrario, o si se trataba de una exclusión que debía operar en todo caso sin admitirse prueba en contrario. Es decir, si se trataba de una presunción iuris tantum o de una presunción iuris et de iure.

La cuestión fue resuelta por el Tribunal Supremo a partir de sus sentencias de 5 de junio y 18 de julio de 1996; criterio que fue confirmado por sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 26 de noviembre de 1998. El Tribunal Supremo consideró que el artículo 1.3 g) establecía una presunción iuris et de iure de exclusión. Si un transportista presta sus servicios al amparo de autorización administrativa de transporte y mediante vehículo comercial de servicio público cuya propiedad o poder directo de disposición ostente, su relación con la empresa, aunque sea en exclusiva e independientemente del resto de circunstancias, no es laboral.

La prestación de servicios de transporte en vehículos de menos de 2000 kgs. de peso máximo autorizado no esta excluida del ámbito laboral

El Tribunal Supremo motiva su decisión; no se trata tanto de que la autorización administrativa sea un elemento determinante de la calificación de la relación, sino que según el artículo 41.2 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, sólo precisan de dicha autorización las personas que realicen su actividad en vehículos de más de 2.000 kilos de peso máximo autorizado. Para el alto tribunal se trata de un criterio razonable para deslindar los supuestos en que una relación entre transportista y empresa es laboral y en los que no lo es. Si el transportista ha realizado la inversión necesaria para adquirir un vehículo de más de 2.000 kgs., se considera que ha realizado una inversión empresarial que debe primar sobre la prestación personal del servicio y, por tanto, la relación es mercantil. Cuando se trata de un vehículo pequeño, de menos de 2.000 kgs de peso, la inversión realizada es menor y se considera como una herramienta de trabajo que no desvirtúa el carácter laboral de la relación, primado la prestación personal del servicio.

En definitiva, el Tribunal Supremo considera que el criterio para delimitar si una relación de transporte es laboral o no es el peso máximo autorizado del vehículo (no la carga útil). Si es superior a 2.000 kgs, la relación no es laboral; si es inferior, la relación es laboral, salvo que concurra otra causa de exclusión.

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