Jurídico 


La España “(in)vertebrada”

España autonómica

La Constitución de 1978 afrontó la vertebración territorial de nuestro país de una manera muy peculiar, con lo que ha sido bautizado como el “Estado autonómico”, hoy día tan cuestionado. Su característica principal era la descentralización y autonomía política sobre la base del llamado “principio dispositivo” –es decir: según la Constitución los territorios se podían convertir en Comunidades Autónomas si querían –pero podían haber preferido no hacerlo y haberse mantenido como provincias sin autonomía política (incluso el número y composición de las CC.AA. se fue definiendo políticamente según “afinidades” históricas y culturales)- y, además, también quedaba abierto el juego de la distribución competencial entre Estado y CC.AA. que se iría negociando a través de los Estatutos-. No se creaba un Estado federal, pero en muchos casos se permitía ir mucho más allá que en los Estados federales. Se creaba un modelo abierto y “desconstitucionalizado”, que reconocía la autonomía territorial aunque desde el respeto a la igualdad entre los españoles. El cual, además, permitía “asimetrías” en el nivel de autonomía de los  distintos territorios.

Sin embargo, el desarrollo del modelo ha llevado a que, por un lado, todos los territorios se hayan constituido en Comunidades Autónomas y a que, por otro, se haya configurado un nivel bastante homogéneo de competencias. En estos años las  Comunidades se han perseguido “envidiosamente” las unas a las otras para mantener el mismo nivel competencial: cuando una asumía unas ciertas competencias, las otras rápidamente querían modificar sus estatutos para tener las mismas.

Y de ahí, en mi opinión, nace el grave problema del modelo: que el sistema ha ido construyéndose con una sensible falta de sentido de Estado, a partir de la pulsión entre nacionalismos que querían poner de manifiesto su “singularidad” y el resto de territorios que exigían irreflexivamente un “café para todos”, con un Tribunal Constitucional que trataba de ejercer de contrapeso pero que se ha visto desbordado –y con algún grave error-. Ello en un marco político en el que los nacionalismos –por propia naturaleza insaciables- se ven hiperrepresentados en el Parlamento de la Nación por culpa de la ley electoral, y con un Senado prácticamente inútil. De manera que los distintos Gobiernos de la Nación, al final, necesitados de apoyos políticos han tenido que ceder a los nacionalismos en un momento u otro, desmantelando cada vez más el Estado sin una visión de conjunto.

Así las cosas, más de treinta años después, el modelo “abierto” a la constante negociación parece haber llegado a su tope. De ahí las graves tensiones vividas con los últimos Estatutos (particularmente con el catalán, pero ya previamente con el Vasco y el Plan Ibarreche), que han colmado (cuando no excedido) el nivel máximo de descentralización constitucionalmente asumible. Situación que creo que obliga a un verdadero “pacto constitucional” que cierre el modelo de Estado. La “mata no da para más”.

Las claves de esta imprescindible reforma creo que deben pasar por: 1) Mencionar en la Constitución a las CCAA; 2) Pactar un marco competencial cerrado y simétrico, a salvo de las peculiaridades derivadas de la lengua, los derechos forales (también replanteables en un mercado común) o la insularidad; 3) Reformar el Senado y el Congreso, con una preeminencia de aquel en decisiones autonómicas pero con una ley electoral que garantice la proporcionalidad y la igualdad de los españoles en su representación ante el Congreso; 4) Definir constitucionalmente el principio de igualdad y los deberes de “lealtad”, “auxilio recíproco” y “cooperación”, diseñando técnicas de federalismo cooperativo que fomenten la colaboración de Comunidades Autónomas entre sí y con el Estado central; 5) Delimitar las líneas básicas de la financiación autonómica y del sistema de solidaridad interterritorial (alejándose de atavismos como el sistema de concierto vasco-navarro); 6) Reforzar la autonomía municipal y eliminar las provincias.

El nombre que le demos es igual (lo lógico sería mantenerle el de Estado autonómico). Pero tengamos claro lo que de seguro España no es, y espero que no vuelva “nunca” a serlo -como algunos pretenden-: una “confederación” (sería irse demasiado atrás en el tiempo, con la unión de los reinos de Castilla y Aragón –por cierto, con Cataluña como parte de ésta-). En todo caso, una línea roja (hoy día muy desdibujada): el respeto a la igualdad entre los españoles -en derechos pero también en posibilidades de acceso a prestaciones, servicios y empleo públicos-, y a la ausencia de barreras para la movilidad interterritorial personal y económica.

Imagen| España inmóvil

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