Política 


La escalofriante reforma del Reglamento del Congreso

 

Se dice que todos los Presidentes del Congreso de los Diputados han tratado de reformar el Reglamento de la Cámara y muy pocos han tenido éxito y, en cualquier caso, no el deseado. Como si de la Constitución se tratase, los Diputados parecen haber engendrado un miedo endémico a reformar su norma básica de funcionamiento.

Pocas y de poca entidad son las reformas hasta ahora realizadas: una muy menor en el año 93 respecto de la declaración de los bienes patrimoniales de los Diputados (para que fuera en consonancia con la ley electoral); otra relativa a la modificación del régimen de las comisiones de investigación; otra para regular la publicidad y el secreto de las sesiones; otra para regular las propuestas de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial de las que se encarga la Cámara de acuerdo con el artículo 122.3 de la Constitución; y poco más. En 35 años, poco más.

Cierto es que, por costumbre, el Reglamento se reforma al comienzo de cada legislatura para modificar el artículo 46.1, que es el que da nombre a las distintas comisiones, que se actualizan en función de las circunstancias. El pasado mes de diciembre, por ejemplo, se modificaron los nombres de las comisiones de “Economía y Competitividad”, “Hacienda y Administraciones Públicas” e “Industria, Energía y Turismo” por los de “Economía, Industria y Competitividad”, “Hacienda y Función Pública” y “Energía, Turismo y Agenda Digital”, respectivamente, para actualizarlos a los nuevos nombres de los Ministerios, así como para incluir dos comisiones permanentes legislativas más: la Comisión para el Estudio del Cambio Climático y la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Aunque, especialmente estas dos últimas inclusiones, tengan nuestro beneplácito, pienso que no es osadía pedir a los Diputados que vayan un poco más lejos. A salvo de las iniciativas “menores”, varios grupos parlamentarios lo han intentado en estos pocos meses de legislatura. En concreto, se han presentado cuatro propuestas de reforma que se refieren a la creación en el Congreso de un registro para los grupos de interés o lobbies, al control de los acuerdos parlamentarios sin fuerza de Ley y una última referida a la limitación de la capacidad de veto de proposiciones de ley de que dispone el Gobierno, ex artículo 134.6 de la Constitución, cuando éstos “supongan aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios”.

La llamada “toma en consideración” (acto mediante el cual el Pleno del Congreso hace suya una iniciativa y, tras su votación favorable, permite que siga ésta los trámites previstos para los proyectos de ley) de las dos primeras propuestas de reforma del Reglamento tuvo lugar el 21 y el 13 de marzo de este año, respectivamente, de modo que ahora ambas se encuentran en el trámite de enmiendas ante la Comisión de Reglamento. Habremos de esperar para ver si estas iniciativas llegan a buen fin, pero debemos en todo caso recordar que la reforma del Reglamento del Congreso no debe quedar ahí.

El mismo argumento que se usa a menudo para impulsar la reforma de la Constitución debe servir para impulsar la del Reglamento -en tanto que es ese mismo miedo el que impide abordar una reforma integral- y es que, tras 39 y 35 años de su aprobación, respectivamente, la realidad social ya es muy distinta y no debemos tener miedo a enmendar su contenido, aunque sea sólo a los meros efectos de actualizar el mismo. Varios aspectos necesitan revisión y, en particular, todos aquéllos que sirvan al fin de fortalecer el control parlamentario del Gobierno, como, por ejemplo, el régimen de las preguntas escritas y el de las orales en Pleno que formulan los grupos parlamentarios al Presidente y a sus Ministros, pues su efecto de control es apenas perceptible por éstos.

La representación plural de nuestro actual Parlamento es idónea para emprender esta reforma y, como no sabemos con certeza cuánto tiempo continuará en esta situación, debemos aprovechar la oportunidad. Y es que no basta una oposición fuerte para ejercer los adecuados pesos y contrapesos entre el Legislativo y el Ejecutivo. Es necesario que esta situación sea apoyada a través de la propia norma.

Sólo reformando el Reglamento se reforzará el control del Congreso sobre el Gobierno, y así la división de poderes, el Estado de Derecho y, en definitiva, la calidad de nuestra democracia se verán asimismo reforzados.

 

Imagen | Economía Digital

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