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La Ejecución de la Pena de Prisión

Pena de PrisiónTras el dictado de una sentencia condenatoria por el Juzgado o Tribunal sentenciador, a este órgano jurisdiccional corresponde que se ejecute lo juzgado. (Arts. 117.3 CE y 990 LECr.)

Si la condena impuesta es una pena de prisión, el tribunal sentenciador, tras declarar la firmeza de la misma, debe adoptar todas las medidas necesarias para el ingreso del penado en el centro penitenciario correspondiente; aunque antes de tomar la decisión definitiva de recluir al penado, la legislación española prevé la posibilidad de suspender la ejecución de la pena, sustituirla por otra o por la expulsión del territorio nacional en el caso de penado extranjeros, o bien la concesión del indulto que deja sin efecto la pena impuesta.

La facultad de suspender o sustituir la pena corresponde al Juez o Tribunal sentenciador.   El Indulto, por el contrario es una manifestación del ancestral Derecho de Gracia atribuido al Rey, pero que actualmente, en la práctica es una decisión política del Gobierno a propuesta del Ministro de Justicia.

Hoy día el indulto, regulado por Ley de 18 de junio de 1870, no deja de presentar tintes anacrónicos, y por un amplio sector doctrinal es considerado como una invasión del Poder Ejecutivo en el ámbito de actuación del Poder Judicial.  Resulta llamativo ver, cómo casi a diario, en el Boletín Oficial del Estado se publica la lista de números indultos concedidos por el Gobierno, algunos de los cuales han merecido severas críticas cuando la opinión pública ha entendido que con esta medida de gracia se pretenden pagar favores (el consabido hoy por ti mañana por mí), o evitar incomodar a determinados personajes influyentes o poderosos.   Resulta obvio que esta materia necesita una nueva regulación, pero ello no constituye ahora el objeto de atención de este artículo.

Una vez que el penado ingresa en el centro penitenciario, porque no había lugar a ninguno de los supuestos anteriores (suspensión, sustitución, o indulto de la pena), se inicia la relación jurídica penitenciaria que es una relación de sujeción especial entre el penado y la Administración penitenciaria, de la que surgen una serie de derechos y deberes entre ambas partes de esa relación.  Conforme al art. 25 CE, las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y reinserción social.  El condenado a prisión sólo se ve privado de su derecho a la libertad, pero no de los demás derechos que la corresponden como ciudadano;  de ahí que la actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad de los reclusos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena.   Por su parte, los internos deben permanecer en el establecimiento para cumplir su condena y acatar las normas que regulan la convivencia en el centro penitenciario, respetando a los demás internos y a los funcionarios.

Pero el Tribunal Constitucional ha interpretado en numerosas ocasiones el mencionado art. 25.2 de la Constitución en el sentido de que la reeducación y reinserción no constituyen un derecho fundamental del penado, sino un mandato al legislador para orientar la política penal y penitenciaria (SSTC nº 28/1988 de 23-2; nº 172/1989 de 19-2; nº 204/1999 de 8-11; nº 8/2001 de 15-1).   La reeducación y la reinserción social de los penados constituyen el fin primordial de las Instituciones Penitenciarias, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados.

Estos fines (reeducación, reinserción, retención y custodia) se llevan a cabo mediante dos tipos de actuaciones o funciones, que constituyen los dos bloques fundamentales en que se divide la actuación penitenciaria: el régimen, y el tratamiento.

El régimen penitenciario es el conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica, que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos.

Por su parte, el tratamiento penitenciario consiste en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados.   El tratamiento pretende hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la ley penal, así como de subvenir a sus necesidades.

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica General Penitenciara (art. 72.1), las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualización científica, separado por grados.   Esto implica la existencia de tres modalidades regimentales (cerrado, ordinario, y abierto), que se corresponden con los tres grados de clasificación, puesto que para la individualización del tratamiento, tras la adecuada observación de cada penado, se realizará su clasificación, destinándolo al establecimiento, módulo o departamento, cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento.

Son clasificados en primer grado aquellos extremos de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta y grave a las normas generales de la convivencia.  A estos internos se les aplican las normas del régimen cerrado.

En segundo grado son clasificados aquellos internos sin capacidad para vivir en semilibertad, a quienes se aplican las normas del régimen ordinario.

Son clasificados en tercer grado aquellos que por sus circunstancias personales y penitenciarias están capacitados para vivir en semilibertad.   A estos internos se les aplican las normas del régimen abierto.

Esta clasificación está sujeta a revisión periódica, no superior a seis meses, y puede suponer que el interno siga manteniendo su mismo grado, o que progrese o regrese de grado en atención a la evolución de su tratamiento.

Via | Arts. 117.3 Constitución Española y art. 990 Ley de Enjuiciamiento Criminal, SSTC nº 28/1988 de 23-2; nº 172/1989 de 19-2; nº 204/1999 de 8-11; nº 8/2001 de 15-1

Imagen | Ejecución de la Pena de Prrisión

En QAH | La doctrina Parot y el doble cómputo de la prisión preventiva

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