Jurídico 


La doctrina de los actos propios

La doctrina de los actos propios (“venire contra factum proprium non valet” –  nadie puede ir válidamente contra sus propios actos) viene de uno de los principio generales del derecho que rechaza e inadmite que  cualquier agente en una relación jurídica (una persona física, jurídica o administración pública) actúe en contra sus propios actos siempre que se den una serie de requisitos básicos.

Constituye uno de los límites en el ejercicio de un derecho subjetivo. Así mismo limita una facultad, una potestad, consecuencia del principio de buena fe, y sobre todo tiene como finalidad dar seguridad al exigirle al tráfico jurídico habitual un comportamiento consecuente y racional que en ningún modo provoque inseguridad a las partes.

Como regla general todo individuo está protegido por su autonomía. Es decir, que toda persona puede corregir y enmendar sus errores cambiando su futura conducta de cara a futuro (otorgar nuevos testamentos, etc.).

No obstante, (como ya adelantaba Eduardo Gandulfo), el límite frontal del acto propio se halla en las expectativas legítimas, ya que el individuo es una agente racional; y tales comportamientos repetidos en el tiempo, cuando no son precarios ni provisionales y se asientan, pueden abrir o crear ciertas expectativas a terceros al planificar su desenvolvimiento en el tráfico. El tercero puede invertir tiempo y esfuerzo, y aquella persona, a través de su conducta inconsecuente puede cerrarle o frustrarle las expectativas, causándole un daño injusto.

La aplicación del principio de respeto a los propios actos se relaciona con la buena fe en el ejercicio de los derechos que proclama el artículo 7 del Código Civil.

Se incurriría en abuso si se atendiera a la confusión sembrara únicamente destinada a perjudicar los intereses de terceros de buena fe, siguiendo los caminos del fraude del artículo 4 y 6 del Código Civil.

La doctrina de los actos propios tiene su último fundamento en la protección de la confianza y en el principio de la buena fe, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuación cuando se han creado expectativas razonables, y que, sin embargo el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos solo tiene aplicación cuando lo realizado se oponga a los actos que previamente hubieren creado una situación o relación de derecho que no podía ser alterada unilateralmente por quien se hallaba obligado a respetarla, ya que constituye un presupuesto necesario para la aplicación de esta doctrina que dichos actos propios sean inequívocos, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin ninguna duda una determinada situación jurídica que afecte a su autor, y que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad en el sentido que, de buena fe, hubiera de atribuirse a aquélla; situación de incompatibilidad que no existe cuando la base de la acción se encuentra precisamente en la afirmación de que se han venido realizando actos de reconocimiento de propiedad a favor de quien no era, por ejemplo, titular real del dominio de un inmueble.

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¿Cuáles son los requisitos?

Según Diez-Picazo “Una pretensión es inadmisible y no puede prosperar cuando se ejercita en contradicción con el sentido que, objetivamente y de buena fe, ha de atribuirse a una conducta jurídicamente relevante y eficaz, observada por el sujeto dentro de una situación jurídica”.

Para él, el esqueleto de la doctrina de los actos propios, en cuanto a requisitos, sería el siguiente:

  1. Conducta vinculante: Conducta jurídicamente relevante y eficaz, desplegada por un sujeto, frente a una situación determinada.
  2. Pretensión incompatible: Intento de ejercicio por parte de dicho sujeto de un derecho subjetivo o de una facultad formulando una pretensión litigiosa.
  3. Contradicción: Contradicción entre al anterior conducta y la pretensión litigiosa, que debe estar presente de forma clara y expresa.
  4. Identidad de sujetos: Que los sujetos sean los intervinientes (No cabe frente a terceros de buena fe).

Según la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, podríamos interpretar, como conclusión, que no se puede ir en contra de los actos propios al haber dos partes vinculadas, si:

a)   Dichos actos han sido mantenidos en el tiempo, con continuidad y reiteración, y b) Se logra probar el pleno conocimiento y consentimiento continuado en el tiempo por las partes integrantes de dicha relación.

¿Justificación?

Que durante todo ese periodo de tiempo, se  genera una línea de confianza sobre la regularidad de dicha situación a tenor de esos actos. Y, al no haber constado oposición expresa alguna por ninguna de las partes, aunque dicha situación esté caracterizada por su irregularidad formal (siempre y cuando no sean ilícitos, no atenten contra el orden público y no dañen a terceras partes de buena fe); no son reclamables con carácter retroactivo entre las partes por un mero y repentino cambio decisivo unilateral de uno de ellos provocado, normalmente, al surgir discrepancias personales o profesionales entre ellas.

 

Vía |  Diez – Picazo, STS3443/2013STS 3805/2001 y S.T.C. de 21 de abril de 1988, nº 73/1988.

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