Derecho Penal, Jurídico 


La doctrina Botín y su posible aplicación al caso Nóos

¿Cabe la posibilidad de aplicar la doctrina Botín al Caso Nóos? En este artículo vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta de manera breve y sencilla a través de los cuatro apartados que a continuación se exponen:

I. Introducción

El pasado mes de noviembre la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma añadió, a la ya larga lista de imputaciones que pesaban sobre Iñaqui Urdangarin, el delito de blanqueo de capitales. Imputación que también pesa sobre su ex socio Diego Torres y la esposa de éste, Ana María Tejeiro; manteniéndose la imputación de la infanta por delito fiscal y exonerándola del de blanqueo de capitales. El pasado martes la acusación popular presentó su escrito de acusación solicitando la nada despreciable cifra de 26 años y medio de pena de cárcel para Udangarin. El elenco de delitos qe forman parte del escrito de acusación es extenso: un delito continuado de malversación de caudales públicos; otro ilícito continuado de prevaricación; otro continuado de tráfico de inluencias; falsedad en documento mercantil; falsedad en documento público; estafa; fraude a la Administración; dos delitos fiscales (correspondientes a los ejercicios 2007 y 2008); y, por último, el de blanqueo de capitales. Por su parte, a la infanta la acusa como cooperadora necesaria en la comisión de los dos delitos fiscales -pena de prisión de hasta ocho años en su presumible condición de cooperadora necesaria (art. 28 b Código Penal)- que se le imputan a su esposo. Sin embargo, tanto la Fiscalía Anticorrupción -que solicita le sea impuesta a Urdangarin como autor de varios delitos una pena de 19 años y medio de prisión- como la Abogacía del Estado eximen a la infanta de la comisión de cualquier delito, tan solo se le exigen responsabilidades civiles derivadas de ilícitos administrativos como responsable a título lucrativo, y por un importe cercano a los 600.000€ que, han afirmado sus abogados, depositarán de manera inmediata.

Los abogados de la infanta Cristina –defensa que recae en Miguel Roca i Junyent y en el insigne penalista y catedrático de Derecho penal de la Universidad Pompeu Fabra, Jesús María Silva Sánchez- han mostrado públicamente su sorpresa por el mantenimiento de la imputación de su defendida y advierten de que la doctrina del Tribunal Supremo (doctrina Botín) podría impedir que se la juzgue si tan solo la “acusación popular” mantiene cargos contra ella.

II. ¿En qué consiste la llamada “doctrina Botín”?

En nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, el llamado “procedimiento abreviado” se contempla para su aplicación a la investigación y enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años. En los procedimientos penales, el auto de apertura del juicio oral responde a la necesidad de un previo pronunciamiento judicial para poder entrar en el juicio oral. Es lo se ha venido llamando el juicio de racionalidad en cuanto supone que hay motivos suficientes para entrar en el juicio oral. La petición de apertura del juicio oral y la acusación se formulan en el mismo escrito, siendo función de los escritos de acusación (art. 781 LECrim) condicionar los delitos concretos objeto de enjuiciamiento. Hasta el punto de que, sin haberse acordado expresamente el sobreseimiento, si el auto omitiera un delito por el que una de las partes acusadoras formuló acusación, ello no vincularía al órgano de enjuiciamiento que deberá celebrar el juicio oral respecto de todos los hechos, con sus calificaciones, contenidos en los escritos de calificación.

En este sentido, la base en que fundamenta el Tribunal Supremo su criterio para la aplicación de la doctrina Botín se encuentra fundamentada en la dicción literal del apartado primero del artículo 783 LECrim de este procedimiento abreviado redactado por Ley 38/2002, de 24 de octubre. El meritado artículo establece que para la solicitud de la apertura del juicio oral, sin hacer mención de la “acusación popular” -derecho fundamental extraído de nuestra Carta Magna y que permite a cualquier ciudadano personarse como acusación-, están habilitados tanto el “Ministerio Fiscal” como la “acusación particular” (el directamente afectado u ofendido por el delito), cuyo ejercicio, en este concreto supuesto, correspondería al Abogado del Estado en su representación. Por ende, si no existe acusación particular ni acusación del Ministerio Fiscal no puede haber imputación.

balanza justiciaIII. ¿Pero, existen indicios suficientes y base jurídica para mantener imputada a la infanta Cristina por el delito de fraude a la Hacienda Pública al haber eludido, supuestamente, el pago de tributos (art. 305 CP)?

Aunque las conductas defraudatorias de omisión solo pueden realizarse por el obligado y no por un tercero ajeno a la relación, ello no impide en este concreto delito de fraude a la Hacienda Pública la punibilidad del extraneus en el delito propio del intraneus. Esto en puridad significa que para calificar al sujeto activo de este delito son admitidas las diversas formas de participación (inductores, cooperadores necesarios, cómplices) rechazándose que este delito pueda ser cometido exclusivamente por el obligado tributario. Cuando, además, nos encontramos, como sucede en este caso, ante obligaciones tributarias con cargo a personas jurídicas que adoptan la forma de sociedades, es evidente que la responsabilidad penal recae en todos aquellos que, de una u otra manera, tienen capacidad decisoria y han acordado realizar las operaciones o transacciones que generan la deuda tributaria. El tipo, eso sí, exige una conducta defraudatoria y no el mero incumplimiento de los deberes tributarios. Esto es, la responsabilidad penal surge no tanto del impago como de la ocultación de bases tributarias o la ficción de beneficios fiscales o gastos deducibles inexistentes.

Hemos de advertir que en este delito contra la Hacienda Pública la pena se verá agravada si la cuantía defraudada excediera de 600.000€, aplicándose el artículo 305 bis y castigándose al infractor con la pena de prisión de dos a seis años. A los cómplices de un delito consumado se les aplicará la pena inferior en grado (uno a dos años de prisión, art. 70.1.2ª CP) a la fijada por la ley para los autores del mismo (art. 63 CP).

IV. Conclusiones

La Audiencia Provincial de Palma deja la puerta abierta para la posibilidad de imputación de la infanta -decisión que corresponderá tomar al Juez Instructor- basándose en que ésta podría resultar cooperadora necesaria -aunque a nuestro entender su presumible participación en el hecho o hechos delictivos resulte más acorde a la figura de cómplice comprendida en los arts. 29 y 63 CP- en los posibles delitos que pueda haber cometido su esposo. Si bien es un hecho cierto que hay voces en contra que expresan que con la estricta aplicación de la doctrina Botín dicha imputación no sería factible, puesto que si con esta doctrina –aplicable al procedimiento abreviado- se puede cercenar el derecho del acusador popular a instar la apertura del juicio oral (no está legitimado), más aún si el hecho punible por el que presumiblemente se le puede imputar a la infanta es la de cómplice del delito. Y, en el supuesto de que fuera imputada como cooperadora necesaria, hemos de recordar que a efectos penales la conducta típica del cooperador necesario -aunque éste se considere autor en sentido estricto (art. 28 b)- se da en aquellos supuestos en que en la realización del hecho delictivo ponen una condición necesaria, pero no ejercen el dominio del hecho, pues realizan su aportación sin tomar parte en la ejecución del mismo.

Alea iacta est.

 

Más información| Código Penal, 14ª Edición 2014, Concordancias, comentarios y Jurisprudencia, Editorial CODEX; Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley del Jurado, 19ª Edición 2012, Jurisprudencia, concordancias y comentarios, Editorial CODEX; Derecho Jurisdiccional III, Proceso Penal, 16ª Edición 2008, Editorial tirant lo blanch; Memento Práctico Francis Lefebvre, Procesal Penal, 2013.

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