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La distribución competencial del Derecho Mercantil

Los arts. 148 y 149 CE no otorgan a las CC.AA ninguna competencia en el ámbito del Dº mercantil, además, se le atribuye al Estado competencia exclusiva sobre lo que denomina legislación mercantil y se le otorga competencia exclusiva en materia de legislación sobre propiedad industrial, bases de ordenación de crédito, banca y seguros, abanderamiento de buques y transportes terrestres. Pero lo cierto es que son diversos los Estatutos de Autonomía que atribuyen a las CC.AA determinadas competencias sobre materias propias del Dº mercantil.superv

Del estudio conjunto de la CE y de los citados Estatutos pueden extraerse las siguientes conclusiones:

  • El contenido del Dº mercantil o la Ley mercantil es competencia exclusiva del Estado
  • En determinados sectores existe una potestad legislativa y de ejecución compartida sobre materias jurídico-mercantiles, ya que o bien deben colaborar con el Estado, o respetar la legislación general, o bien respetar las leyes de bases o normas básicas del Estado
  • En otros sectores existe tan solo en favor de las CC.AA el reconocimiento de la potestad ejecutiva
  • Hay que tener en cuenta la posibilidad de leyes estatales que atribuyan a las CC.AA potestades legislativas
  • Algunas materias que son competencia exclusiva del Estado no parecen hacer referencia al ámbito del Dº mercantil
  • El Dº o Ley mercantil del Estado deberán ser aplicables con preferencia en caso de conflicto con la normativa de las CC.AA

El Tribunal Constitucional ha evitado dar una tajante definición de “legislación mercantil”. Aunque, en la CE parece que se adopta un criterio restrictivo del concepto, pues en otros apartados se recogen, como distintas de la “legislación mercantil”, rúbricas que de ordinario se incluyen en un concepto amplio de Dº mercantil. Habrá de incluirse en el concepto de “legislación mercantil” la regulación de las relaciones jurídico-privadas de los empresarios mercantiles, ya que corresponde en exclusiva al Estado determinar cuál es el ámbito propio de la actividad libre del empresario mercantil y solo la legislación del Estado puede regular la forma en que nacen y se extinguen los derechos y obligaciones a que el ejercicio de esa actividad puede dar lugar, y el contenido necesario de aquellos y éstas.

Se advierte que el limite debe situarse en el principio de “unidad de mercado” en el interior del territorio español, que no debe en ningún caso distorsionarse, al tiempo que se advierte que las CC.AA no podrían pretender introducir unnovum en las relaciones de Dº privado de forma que a través de las normas autonómicas no se deben introducir derechos y obligaciones en las relacione contractuales privadas.

La complejidad de esta materia y su diferente regulación en las CC.AA puede hacer necesarias en el futuro las denominadas “leyes de armonización” porque lo exija el principio de unidad del mercado, los intereses generales e incluso el interés de los consumidores y de los agentes económicos.

Imagen UniLeon

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