Jurídico 


La Dirección General de Tributos y las Consultas Vinculantes

Todos estamos bastante acostumbrados a escuchar hablar de la D.G.T. y pensar en accidentes, atascos, multas o planes especiales de vacaciones. Sin embargo, al margen de la Dirección General de Tráfico, para aquellos habituados al mundo de la fiscalidad, esas tres letras significan mucho más. Nos estamos refiriendo a la Dirección General de Tributos, un referente primordial de la doctrina administrativa en materia tributaria.

La Dirección General de Tributos, (en adelante, D.G.T.), es un órgano de la Secretaría General de Hacienda,  formando parte ambos a su vez del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Entre sus principales funciones debemos destacar las siguientes:

  1. El análisis y diseño de la política tributaria.
  2. La negociación y aplicación de los convenios para evitar la doble imposición, tratados internacionales, de la OCDE, y de la Unión Europea en el ámbito tributario.
  3. La propuesta, elaboración e interpretación de la normativa del régimen tributario general, así como la realización de los estudios, económicos y jurídicos, necesarios para el cumplimiento de estas tareas.

Y, siendo todas estas funciones fundamentales dentro del ámbito fiscal, es la última de ellas, la labor interpretativa, la que condiciona de manera más decisiva el trabajo diario de todos aquellos que, de una u otra forma, participamos en la aplicación del derecho tributario.

Entender la capacidad de la D.G.T. de influir sobre la interpretación de la normativa tributaria pasa por conocer su instrumento primordial, la consulta vinculante. Mediante estas consultas cualquier obligado tributario podrá dirigirse por escrito a la Administración para solicitar información sobre la interpretación y aplicación de estas normas.

Estas consultas deberán ajustarse a determinados requisitos formales que, en caso de no ser satisfechos, pueden dar lugar al archivo de la misma sin entrar al fondo de la cuestión planteada. Antes de tomar esta decisión, la D.G.T. deberá conceder al consultante un plazo de subsanación de las anomalías detectadas y, únicamente en caso de que no se atienda a dicha subsanación, se procederá a informar al propio consultante del archivo definitivo.

Si, por el contrario, la consulta se ajusta a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, la Administración estará obligada a dar respuesta a la consulta planteada en un plazo de seis meses desde su presentación.

Mas, sin lugar a duda, la nota más característica de las consultas de la D.G.T. es el efectos jurídicos de su respuesta. Así, el criterio establecido en las mismas tendrá carácter vinculante, tanto para el obligado que la plantea, como para todos los supuestos en los que exista identidad de hecho y circunstancias planteadas por el consultante y la propia Administración. Esto las convierte en un elemento doctrinal que condiciona las decisiones y actuaciones de contribuyentes, asesores e, incluso la Agencia Española de la Administración Tributaria. Conviene a estos efectos consultar los artículos 88 y 89 de la Ley General Tributaria, así como los artículos 65 y siguientes del Real Decreto 1065/2007.

Nos encontramos, por tanto, ante un elemento clave del derecho fiscal que permite al contribuyente actuar frente a la administración tributaria con una dosis adicional de seguridad jurídica y confianza en que sus decisiones son compatibles con la normativa vigente.

Imagen| eleconomista.es

RELACIONADOS