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La despenalización de los incumplimientos en materia de derecho de familia: El régimen de visitas

Una de las cuestiones que más litigios genera en materia de familia, como sabemos todos los profesionales relacionados con ello, es el incumplimiento de lo pactado en convenio o dispuesto en sentencia, especialmente en lo relativo al cumplimiento del régimen de visitas, que es en lo que nos vamos a centrar en este artículo por la radical regulación legal aplicable al mismo.

Régimen de visitas

Régimen de visitas

Las situaciones de hecho en el incumplimiento pueden ser muy variadas, desde no encontrarse en el domicilio cuando el progenitor no custodio acude a recoger al menor, negarse abiertamente a entregarlo, alegar que es el propio menor el que no quiere llevar a cabo las visitas ni estar con el otro progenitor o hasta impedir las comunicaciones entre el progenitor y el menor. 

Hasta la modificación del Código Penal que entró en vigor en julio del año pasado, estas conductas encontraban encaje en el artículo 618.2 del Código Penal, que los penaba como una falta leve. Si bien es cierto que la pena impuesta hasta entonces era en gran medida irrelevante en comparación con las consecuencias del incumplimiento, una acumulación de sentencias condenatorias por incumplir el régimen de visitas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 776.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, podía dar lugar a que el progenitor incumplidor pudiera perder la custodia; además, las sentencias dictadas en juicios de faltas por incumplimiento del régimen de visitas eran una magnifica prueba en un procedimiento civil de modificación de medidas para obtener un posterior cambio de custodia.

Esta situación ha cambiado con la reforma del Código Penal, al quedar despenalizadas estas conductas de incumplimiento del régimen de visitas ya que ahora, al haberse suprimido las faltas, queda vedada la vía penal para estos supuestos.

¿Qué se puede hacer entonces?

Como regla general, los incumplimientos del régimen de visitas deben de tramitarse por la vía civil, si bien, a diferencia de la vía penal, en la cual para presentar una denuncia no es necesaria la intervención de abogado y procurador, para acudir a la vía civil sí es preceptivo el uso de ambos profesionales, por lo que no solamente el progenitor afectado no solamente tendrá que satisfacer los honorarios de los profesionales que le asistan sino que corre el peligro de verse condenado al pago de las costas en el caso de que no pueda probar que existió tal incumplimiento en las visitas. Otro obstáculo adicional será el del tiempo, ya que la lentitud con la que se resuelven los asuntos civiles en muchos Juzgados hará que, en la mayoría de los asuntos, no se haya resuelto el primer pleito cuando se produzca el segundo o sucesivos.

Es preciso apuntar la importancia de que, cuando se interponga una demanda de ejecución civil por incumplimiento del régimen de visitas, se solicite expresamente que el Juzgado aperciba a la parte demandada de que incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad judicial en caso de nuevo incumplimiento. La importancia de dicho apercibimiento radica en que, si una vez apercibido judicialmente de desobediencia a la autoridad judicial, el progenitor vuelve a incumplir el régimen de visitas, ya existirá base suficiente para perseguir dicha conducta penalmente por un delito de desobediencia a la autoridad previsto y penado en el artículo 556.1 del Código Penal.

¿Existen otras vías judiciales para poner fin al incumplimiento del régimen de visitas?

Esta es una de las cuestiones que está dando lugar a un gran debate entre los profesionales del Derecho en los últimos meses, y se han propuesto algunas soluciones que tratan de ser creativas para intentar paliar el vacío creado por la despenalización de este tipo de faltas. Así, hay quien aboga por perseguir los incumplimientos del régimen de visitas por la vía del artículo 225.bis del Código Penal, precepto que sanciona la sustracción de menores.

Dentro de la vía civil, obviamente también está disponible la posibilidad de, paralelamente a la demanda de ejecución o de forma independiente, interponer una demanda de modificación de medidas solicitando la modificación del régimen de visitas existente e incluso la custodia del menor, amparando dicha modificación en el incumplimiento reiterado de las obligaciones del régimen de visitas. También se podrá solicitar al Juzgado que se realice la entrega del menor a través de un Punto de Encuentro Familiar, con la finalidad de cumplir el régimen de visitas en aquellos casos en que las relaciones son conflictivas, siendo muy útil en los supuestos de incumplimientos reiterados, ya que de esta forma el Juzgado podrá realizar un seguimiento del correcto cumplimiento y desarrollo de las visitas a través de los informes que se emitan por el Punto de Encuentro relativos a la evolución de las visitas e incidencias que se produzcan, informes que posteriormente podrán utilizarse en un procedimiento de modificación de medidas.

Finalmente, debe recordarse que la reforma del Código Penal no afecta al impago de la pensión de alimentos a los hijos, incumplimiento que sigue constituyendo un delito de abandono de familia y, por tanto, se podrá denunciar por vía penal.

En resumen, debemos concluir que con la entrada en vigor de la reforma del Código Penal ha comenzado una nueva etapa en materia de incumplimiento del régimen de visitas y habrá que esperar hasta que las distintas Audiencias Provinciales y el Tribunal Supremo se pronuncien y vayan marcando el camino a seguir con su jurisprudencia.

Vía| Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo

Imagen|Hernán Piñera

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