Economía y Empresa, Finanzas 


La democracia como antesala del crecimiento económico: el reciente caso español

«En mi proclamación como Rey, hace ya cerca de cuatro décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino y nuestra Nación una democracia moderna, plenamente integrada en Europa»: Juan Carlos I, 2 de junio de 2014.

Es impactante, pero son muchos los analistas que plantean que la democracia tiene un efecto neutral, incluso negativo, en el desarrollo económico de los países.

tn_crecimientoAcemoglu y otros (2014) citan un trabajo de Robert Barro, de 1997, en el que se afirma que «más derechos políticos no tienen un efecto sobre el crecimiento… La primera lección es que la democracia no es la clave para el crecimiento económico», y otro del juez Richard Posner, de 2010, para quien «la dictadura será a menudo óptima para países muy pobres» (para matizar seguidamente que «la dictadura es mucho menos probable que sea óptima para las economías avanzadas»).

Sin embargo, no se puede negar que existen verdaderos gigantes económicos, entre los que descuella China, que no se caracterizan por la prevalencia del juego democrático sino por la rigidez e impermeabilidad de sus estructuras de poder.

Antes de continuar es necesario definir o describir el concepto de democracia, para lo que puede ser útil el artículo 2 de Tratado de la Unión Europea, que sienta las bases de la que acaso sea la zona del planeta, con sus inevitables imperfecciones, donde los valores democráticos están más arraigados y mayores son el crecimiento del P.I.B y la redistribución de la riqueza, al concentrar alrededor del 25% de la producción del globo y el 50% del gasto social (López Jiménez, 2014a).

La democracia es, por tanto, el sistema político y de convivencia fundado sobre el respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los de las minorías, en el que la sociedad se caracteriza por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad.

En el artículo de Acemoglu y otros que hemos mencionado con anterioridad se concluye, a pesar de las indudables dificultades para medir la influencia de los regímenes democráticos en la bonanza económica, que un país que transita de un sistema no democrático a uno que sí lo es aumenta el P.I.B per cápita en torno al 20 por ciento en el plazo de aproximadamente 30 años. También se argumenta que no hay evidencia de que la democracia sea mala para el crecimiento en economías con bajos niveles de ingresos o reducido desarrollo académico.

Su hallazgo más importante quizá sea el de que las libertades civiles son una palanca esencial para el cambio, y que la democracia no sólo coadyuva al bienestar material sino que también acentúa las reformas económicas, la inversión privada, el tamaño y la capacidad del gobierno y la reducción del conflicto social, elementos que a su vez, en un círculo virtuoso, permiten el afianzamiento de la cultura democrática.

Por otra parte, con relación a los países emergentes en los que la democracia no se halla del todo consolidada, Santiso (2014) muestra, tomando como ejemplo al Brasil de Lula da Silva, que «los mercados financieros sobre-reaccionan a la incertidumbre que generan las políticas que un candidato de izquierdas pueda querer poner en marcha», lo que en general implica que los mercados «serán inicialmente más adversos a los nuevos candidatos de la izquierda», al menos hasta que estos muestren que sus políticas son, en mayor o menor medida, cercanas a la ortodoxia. La inestabilidad no se genera por el proceso democrático en ciernes sino «por la percepción de una posible debilidad institucional y por la incertidumbre».

Esto implica que en escenarios de cambio político en los que se pretende llamar la atención de los mercados financieros para captar inversión exterior, una ruptura o una transición demasiado acelerada al nuevo régimen podrían arruinar las perspectivas iniciales, no tanto por la debilidad de la democracia en sí sino por el eventual riesgo, entre otros elementos, para la seguridad de la inversión o los derechos de propiedad.

Un ejemplo lo podemos apreciar en la Transición española (López Jiménez, 2014b). En un entorno político, social y económico muy deteriorado, bajo el liderazgo de unos jóvenes Juan Carlos I y Adolfo Suárez, procedentes del anterior régimen pero dispuestos a transformarlo radicalmente, la firma en 1977 de los Pactos de la Moncloa supuso una adhesión de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas al nuevo proyecto. La Constitución de 1978 —la del «consenso», como se suele denominar— y la incorporación el 1 de enero de 1986, bajo el mandato del Gobierno socialista, a las Comunidades Europeas, harían el resto para homologar a España con las naciones más avanzadas del continente e integrarla en los engranajes de los mercados financieros y los destinos para la inversión seguros y potencialmente rentables.

Según Fernández Villaverde (2014, a, b), el crecimiento español acumulado (PIB per cápita) en el período 1975-2013 sería del 79 por ciento aproximadamente, lo que en términos anuales supondría el 1,5 por ciento. No obstante, Fernández Villaverde indica que este crecimiento es «francamente decepcionante» si lo comparamos con el crecimiento en dicho período de Corea del Sur (714,6 por ciento), Irlanda (224,6 por ciento), Luxemburgo (161,3 por ciento) o Turquía (139,2 por ciento), por ejemplo, pues, en una muestra de 27 países de la OCDE, España ocuparía el puesto 19.

Parece claro que en términos comparativos nuestro desempeño puede que no sea el mejor, aunque esto no debe ser impedimento para reconocer el avance tan extraordinario experimentado desde 1975 hasta el momento actual. Todos los actores propulsores del cambio venían muy marcados por su pasado y por la necesidad de reconciliación, lo que condicionaba sus percepciones y pudo provocar que ciertas decisiones no se tomaran o que las que sí fueron adoptadas no fueran eficientes en el medio-largo plazo.

rey-principe-01En un entorno de escasez y deuda, Felipe VI representa el comienzo de una nueva etapa, liberado de algunas de las ataduras que marcaron el reinado de su predecesor. Precisamente, el destino ha querido, en otro lance cargado de simbolismo, que la primera ley sancionada por el nuevo monarca haya sido la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, que transpone la Directiva europea que da cobijo a Basilea III.

Con independencia de la específica forma política, lo ineludible es que los ciudadanos sean soberanos de su propio destino en torno a una democracia moderna e inclusiva, que proporcione el mayor bienestar que su propia capacidad como colectivo permita.

Más información| Acemoglu, D., Naidu, S., Robinson, J.A. & Restrepo, P. (2014): «Democracy causes economic development?», VoxEU, 19 de mayo;  Fernández-Villaverde, J. (2014a): «El Crecimiento Económico de España: 1975-2013», Nada es Gratis, 15 de junio ;  Fernández-Villaverde, J. (2014b): «El Crecimiento Económico de España de 1975-2013: 19.º de 27 Países», Nada es Gratis, 18 de junio; Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón (BOE de 27 de junio de 2014); López Jiménez, J.M. (2014a): «¿Qué es preferible: ser rico en un país pobre o pobre en un país rico?: más allá de la estadística», Extoikos, núm. 13; López Jiménez, J.M. (2014b): «Los Pactos de la Moncloa y el sistema financiero», QAH, 1 de abril; Posner, R. (2010): «Autocracy, Democracy, and Economic Welfare», The Becker-Posner Blog, 10 de octubre; Santiso, J. (2014): «Los mercados ¿prefieren la democracia?», Funds People, mayo; Tratado de la Unión Europea (1993).

En QAH| ¿Cómo afectan los distintos tipos de contratos a la productividad española?

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