Jurídico 


La defensa del avalista en su condición de consumidor (III)

En esta última entrega explicaremos brevemente la acción adecuada para solicitar la nulidad de la cláusula abusiva de fianza solidaria impuesta por el predisponente al adherente/consumidor/avalista y qué Tribunal debe ser el competente para su conocimiento.

Acciones en defensa de los consumidores y usuarios sobre las cláusulas abusivas en los contratos de fianza:

“Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente…que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor o usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”, precepto éste que recoge el núm. 1 del art. 82 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios [en adelante, LGDCU o TR (por Texto Refundido)] de transposición de la Directiva 93 (núm. 1 del art. 3 Dir. 93). Tal como comentamos sucintamente en las anteriores entregas, se podría sostener la abusividad de la cláusula de fianza en la que un avalista/adherente/consumidor, creyéndose que lo hace en condición de fiador no solidario, avala como fiador solidario un contrato de préstamo solicitado por un tercero a una entidad financiera. Al ser la cláusula redactada por una parte contractual con la finalidad de ser incorporada a una pluralidad de contratos (núm. 1 del art. 1 LCGC), entiende el legislador que dicha imposición conlleva la imposibilidad previa de negociación; por ende, resultando perjudicado el consumidor si se apreciara la abusividad de la cláusula contractual impuesta, se invierte la carga de la prueba siendo al empresario, que afirme que una determinada cláusula ha sido negociada individualmente, a quien le incumbe asumirla (art. 82, núm. 2, ap. 2º, TR).

Avalista como consumidorPara hacer frente a estas conductas abusivas provocadas por el contratante “más fuerte” -cláusulas predispuestas en los contratos de adhesión- habitualmente se recurría a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación. Las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones de profesionales entre sí como de éstos con los consumidores; el art. 1 de la Ley 7/1998 define como cláusulas contractuales predispuestas aquellas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes, siendo redactadas con la finalidad de ser incorporadas de manera unilateral a una pluralidad de contratos y siempre en beneficio de la parte predisponente. El denominado como control de contenido –Notarios y Registradores están habilitados a no autorizar ni inscribir aquellos contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de cláusulas declaradas nulas por abusivas en sentencia inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación (art. 83 TR)- que afecta a las cláusulas abusivas (arts. 82 y ss. TR; y 8 y ss. LCGC) presupone considerar a las cláusulas abusivas nulas y tenerlas por no puestas en el contrato. Como nos ilustra al respecto el profesor CLAVERÍA, esta “nulidad” en puridad se trata “de una invalidez (ineficacia debida a irregularidades intrínsecas al proceso formativo del negocio), pero se trata de una figura intermedia entre la nulidad propiamente dicha y la anulabilidad. El hecho de que, como regla general, las cláusulas abusivas se tengan por no puestas significa que estamos ante una nulidad coactiva, en cuanto que, suprimida la cláusula abusiva, se mantiene en pie el resto del contrato aunque el predisponente pruebe que él no habría contratado con las cláusulas correctas, con la finalidad de que el adherente conserve el bien o servicio”.

El art. 9 de la LCGC, de acuerdo con las reglas generales de la nulidad contractual, habilita al adherente para el ejercicio de la acción de nulidad de la/s cláusula/s contractual/es impuesta/s. Ahora bien, cuando el adherente sea consumidor -existiendo una Ley específica (TR) que ampara a los consumidores-, se podrá ejercer la acción al amparo de lo dispuesto o preceptuado en el art. 83 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios [Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la meritada Ley y otras leyes complementarias] sobre nulidad de cláusulas abusivas y subsistencia del contrato (en este supuesto, siempre que el mismo pueda subsistir sin la existencia de las cláusulas declaradas nulas).

Competencia:

En este sentido, desde el punto de vista de la competencia, si ejercemos la acción basándonos exclusivamente por lo dispuesto en la Ley 7/1998 será competente el Juzgado de lo Mercantil (todos somos conocedores de la saturación actual que padecen estos Juzgados), y ello a tenor de lo previsto en el art. 86 ter apartado 2 d) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); pero si nos atenemos a que la condición abusiva de la cláusula (con independencia de que la misma sea o no una condición general de la contratación) deriva de lesionar lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (TR), deberán ser competentes los Juzgados de Primera Instancia (art. 85.1 LOPJ).

En este sentido, y respecto a la acción de nulidad de una cláusula suelo, la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 18/2015 de 21 de enero (JUR/2015/31150) predica lo siguiente: “Examinada la demanda se aprecia que la causa de pedir determinante de la nulidad se asienta en la existencia de cláusula abusiva de conformidad con la normativa protectora de consumidores y usuarios. Este es el fundamento normativo primordial que da cobertura a la pretendida nulidad de la cláusula contractual por más que también se invoque en el cuerpo de la demanda, en cita aislada, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación…” De lo que se extrae que, para solicitar la nulidad de la cláusula contractual impuesta sin la previa negociación con el consumidor –cláusulas contractuales predispuestas e impuestas-, cabe la elección por parte del demandante de la ley (en este supuesto concreto, TR como primordial) a aplicar en el petitum de la demanda; constituyendo, por ende, la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC) un apoyo complementario (inclusive, subsidiario), accesorio o residual.

Territorialmente la competencia viene fijada en el art. 52.1.14º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LECiv), al establecer el precepto que en los procesos en que se ejerciten acciones para que se declare la no incorporación al contrato o a la nulidad de las cláusulas de condiciones generales de la contratación, será competente el tribunal del domicilio del demandante.

Vía| Luis Humberto Clavería Gosálbez, Catedrático Derecho Civil US, “La progresiva degradación de nuestro ordenamiento en materia de cláusulas contractuales abusivas”, edición digital Aranzadi 2014 (en papel, Aranzadi Doctrinal núm. 5, 2014, pp. 29-42, ISSN 1889-4380); Brocá – Majada Corbal, Práctica Procesal Civil, Tomo IV, 23.ª Edición, Bosch; Ley sobre condiciones generales de la contrataciónLey General para la Defensa de los Consumidores y Usurarios

Imagen|Consumidor

En QAH| La defensa del avalista en su condición de consumidor (I), La defensa del avalista en su condición de consumidor (II)

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