Derecho de la Unión Europea, Jurídico 


La defensa del avalista en su condición de consumidor (II)

 

Avalista consumidorEn esta segunda entrega de la serie de artículos dedicados a la defensa del avalista en su condición de consumidor, vamos a analizar las acciones que puede ejercer el fiador/avalista solidario en su defensa: relevación y cobertura.

Cuando la deuda ha llegado a hacerse exigible -habiendo renunciado en el contrato el fiador a los beneficios de orden, excusión, división y al de extinción-, ante el peligro de insolvencia del deudor, solo tiene acción el garante para obtener una relevación de la fianza con el consentimiento expreso del acreedor (algo que en la práctica resulta casi inviable) o solicitar una garantía suficiente del deudor principal que lo ponga a cubierto de la reclamación del acreedor; sin embargo, no tiene derecho antes de haber pagado a la declaración de la existencia de un débito del deudor frente a él [(STS de 21 de octubre de 2003 (RJ 2003, 7517)], ni a exigir reembolso alguno. Estas son las denominadas acciones de relevación y cobertura que se contemplan el art. 1843 CC: “En todos estos casos la acción del fiador tiende a obtener relevación de la fianza o de una garantía que lo ponga a cubierto de los procedimientos del acreedor y del peligro de insolvencia del deudor”. Pero no ostenta el derecho de reembolso vía de regreso contra el deudor que le otorga el art. 1838 CC al no haber pagado aún deuda alguna; además, si el fiador paga antes del vencimiento de la deuda, no podrá exigir el reembolso hasta que el plazo venza (art. 1841 CC).

Ahora bien, en la práctica jurídica de los tribunales ambas instituciones (relevación y cobertura) son de escasa, por no decir nula, aplicación por las siguientes razones: en primer lugar, como ya hemos comentado, la liberación del fiador solicitando la relevación es una acción cuya autorización corresponde al acreedor y no al deudor principal, de manera que dicha garantía (de cobertura) no puede ser objeto de una sentencia de condena ejecutable por su indeterminación; en segundo lugar, la solicitud de alguna de las medidas cautelares de aseguramiento de condena futura previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil [arts. 727.1.ª (como medida cautelar solicitar el embargo preventivo de bienes, para asegurar la ejecución de sentencias de condena a la entrega de cantidades de dinero…) y 730 (el momento para solicitar la medida cautelar que puede ejercitarse junto a la demanda o antes por motivos de urgencia o necesidad) LECiv/2000] tendrán una nula repercusión en la ejecución instada por el acreedor; sí que servirían para asegurar la posterior acción de reembolso y vía de regreso contra el deudor cuando el fiador haya pagado la deuda.

En síntesis, al renunciar el fiador/avalista solidario (no simple) expresamente al beneficio de excusión, cuando la deuda ha llegado a hacerse exigible, antes de haber pagado, solo tiene acción para obtener una relevación de fianza con el consentimiento del acreedor o solicitar una garantía suficiente del deudor principal que lo ponga a cubierto de los procedimientos del acreedor y del peligro de insolvencia futura en el deudor principal; pero no tiene derecho a la declaración de la existencia de un débito, aún no exigible, del deudor frente a él, ni a exigir reembolso alguno vía de regreso puesto que aún no ha pagado la deuda.

En la última entrega de esta serie de artículos hablaremos sobre la protección que nuestro Ordenamiento jurídico (Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias) ofrece al adherente consumidor; con especial incidencia en explicar la posible nulidad de las cláusulas abusivas en los contratos de préstamo en los que por el acreedor se le impone al fiador/consumidor, mediante adhesión, la condición de fiador solidario; en este sentido, resaltaremos la reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de San Sebastián, de 2 de octubre de 2014, y el auto del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Madrid, de 3 de febrero de 2014, que declara la nulidad, por abusiva, de la cláusula de extensión de la fianza constituida en una escritura de préstamo hipotecario y ordena el levantamiento de los embargos acordados sobre los bienes de los fiadores; lo que nos lleva al siempre controvertido tema de la competencia que comentaremos muy brevemente.

 

Vía| Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (Director y Coordinador): Comentarios al Código Civil, 4ª Edición, editorial Aranzadi, 2013; Vela Sánchez, A.J., Comentario a la STS de 21 de octubre de 2003 (RJ 2003, 7517), Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, Obligaciones y Contratos, editorial Aranzadi, 2009.

Imagen| Dinero

En QAH| La defensa del avalista en su condición de consumidor (I)

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