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La corrupción sale cara

En contra de los que comúnmente se piensa, la sustracción de dinero a los contribuyentes no es, ni de lejos, la consecuencia más grave de la corrupción. Aunque los saqueadores del Presupuesto restituyeran hasta el último euro, no compensarían más que una pequeña parte del daño causado. Los corruptos no se asemejan al elegante carterista que sustrae limpiamente el efectivo pero restituye tarjetas y documentos. Actúan, más bien, como los torpes ladrones que, para desvalijar la vivienda, ocasionan destrozos por un valor muy superior a lo robado. Para hurtar un millón de euros, las tramas corruptas generan a la sociedad perjuicios inmensamente superiores.

Resultan mucho más nocivos otros elementos inexorablemente unidos a la corrupción: los favores concedidos, las decisiones políticas tomadas, el ejemplo ofrecido y el ambiente creado. La corrupción generalizada, además de de detraer fondos, impide la competencia, entorpece la eficiencia y desanima la cooperación.

Para conseguir sus objetivos, los gobernantes corruptos necesitan multiplicar las leyes hasta el límite, creando en el sistema económico auténticos cuellos de botella donde colocar sus particulares “peajes”. Como ejemplo, en España existen más 100.000  leyes, normas y regulaciones, especialmente autonómicas, muchas veces contradictorias e imposibles de cumplir. Esta gigantesca y enrevesada selva legal, genera unas pérdidas económicas muy superiores a los sobornos recaudados pues destruye tejido industrial y dificulta la creación de empresas.

La corrupción organizada lesiona la competencia y distorsiona el mercado pues permite prosperar a aquellas empresas dispuestas a pagar mayores sobornos en detrimento de las más eficientes o las que proporcionan un mejor servicio. Por ello, cuando la Administración contrata corruptamente servicios de empresas privadas, no solo infla el precio con las comisiones, también proporciona peor calidad. Y la omnipresente arbitrariedad genera incertidumbre, desalentando la inversión productiva.

Pero el problema no se reduce a empresas inadecuadas: los corruptos también impulsan proyectos inapropiados, con tremendo despilfarro de recursos. Líneas de alta velocidad sin viajeros, autovías sin coches o aeropuertos sin aviones, suelen surgir de decisiones políticas que no priman las partidas con mayor rentabilidad social sino aquéllas que proporcionan mayor flujo de comisiones. Por ello, la corrupción tiende a sesgar el gasto de las administraciones hacia proyectos faraónicos, de escasa utilidad para el ciudadano. El coste causado a la sociedad puede ser unas diez o veinte veces el importe de las comisiones recaudadas.

Y los males se extienden todavía más allá, afectando a las percepciones y a las actitudes de los ciudadanos. Un régimen de corrupción destruye la confianza que los individuos tienen en los demás, ese delicado material con el que se teje la cooperación. Y lesiona gravemente la legitimidad de las instituciones, esa argamasa que mantiene unidas las vigas maestras del sistema político. Por todo ello, la corrupción constituye un fenómeno extremadamente dañino y destructivo.

Vía| El Mundo

Imagen | Flickr

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