Derecho Penal, Jurídico 


La configuración actual de la responsabilidad penal de la persona jurídica

Hasta la reforma operada por la LO 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal en nuestro Ordenamiento se consideraba que las personas jurídicas no tenían responsabilidad penal ya que no tenían posibilidad de actuar por sí mismas al no tener capacidad propia de conocer y querer. Con la citada Ley Orgánica esto cambió, ya que por primera vez se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con una reforma que recientemente ha sido ampliada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Esta última ha sido aprobada en cumplimiento de diversas normas europeas, a destacar entre otras el Segundo Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, Decisiones Marco 2001/413/JAI, 2002/629/JAI, 2003/80/JAI, 2004/757/JAI, 2005/667/JAI, 2004/68/JAI; las Directivas 2008/99/CE y 2009/123/CE, etc.

#JurídicoQAH

#JurídicoQAH

La pregunta es, ¿cómo va a quedar configurado el nuevo modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Entre las principales características del nuevo modelo, podemos citar las siguientes:

 I.- Plena vigencia del principio de culpabilidad. Sin este principio, no se puede imponer sanción alguna. Esta nueva reforma pretende delimitar el concepto de “debido control” que incumbe a la persona jurídica respecto de las actuaciones de las personas físicas, y cuyo incumplimiento será el que determine el nacimiento de esa responsabilidad penal para la sociedad. Lo que es evidente es que no podrá exigirse responsabilidad penal a la persona jurídica si no se ha cometido un delito por determinadas personas físicas. Por lo que partiendo de la conducta delictiva de la o las personas físicas, se establece un vínculo normativo a resultas del cual, las personas jurídicas serán penalmente responsables de dichos delitos, siempre que se cumplan determinadas condiciones, básicamente referidas al incumplimiento de su deber de un adecuado control y supervisión de la actividad de las personas físicas que actúen por cuenta y en beneficio de las mismas, bien en representación de la misma o bien dependiendo de las que ejercen funciones de administración, representación, organización y/o control de las mismas. No cabe pues, una acción de responsabilidad objetiva por el resultado a la persona jurídica.

II.- Autonomía de la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstante, en el actual modelo, no se exige la condena penal de la persona física para la sanción penal de la persona jurídica de forma que es indiferente si se ignora su identidad, o ha fallecido, o no se ha podido dirigir el procedimiento contra ella, puesto que, probado el delito y la concurrencia de las circunstancias que provocan la responsabilidad personal de la sociedad, esta podrá ser condenada. No afectan a la responsabilidad penal de la sociedad en cuestión las circunstancias agravantes o atenuantes que concurran en la persona física (ex art. 31 ter, que entrará en vigor el 1 de julio de 2015).

 III.- Exigencia de que se trate de delitos cometidos en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica y por su cuenta o en el ejercicio de actividades sociales. Lo que en la reforma del año 2010 se llamaba “provecho” pasa ahora a llamarse “beneficio directo o indirecto” para la sociedad. La actuación habrá de haber sido cometida por cuenta de la persona jurídica y en el marco de las funciones empresariales de la persona física, pero desviándose lógicamente de las mismas y actuando por ella.

 IV.- Númerus Clausus de los delitos que pueden ser cometidos por las personas jurídicas. El art. 31 bis 1 establece claramente que la responsabilidad penal de las personas jurídicas a que se refiere el mismo y los siguientes artículos sólo será exigible  “En los supuestos previstos en este Código”. Es decir, la persona jurídica no puede responder de cualquier tipo penal sino sólo de aquellos que el Código prevé expresamente.

 V.- Entidades excluidas de la responsabilidad penal. El art. 31 quinquies (antes 31 bis 5) establece una excepción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando se trate de las siguientes:

                            «1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.

                            2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas  que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.»

La reforma de 2015, a este respecto, ha eliminado de la lista de exclusiones que contenía el artículo 31 bis 5 a las sociedades mercantiles públicas, que ahora pueden ser penadas, si bien, para el caso de que estas empresas  ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general las penas a imponer quedan limitadas a las de los apartados a) y g) del apartado 7 del art. 33, es decir, la multa y la intervención judicial por un período no superior a cinco años, salvo que “el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal”.

Vía| LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal.

Imagen| JurídicoQAH

RELACIONADOS