Actualidad Jurídica, Jurídico 


La condena en costas, ¿un ingreso a efectos tributarios?

Parece no tener fin el vía crucis al que se han visto sometidos decenas de miles de modestos ahorradores, atrapados en la trampa del engaño y la codicia de algunas entidades financieras que intentaron resolver su estado de insolvencia recurriendo (con la negligente complacencia de la CNMV y de los servicios de inspección del Banco de España) al expediente de colocar en el mercado minorista participaciones preferentes haciéndolas pasar por depósitos remunerados de inmediata liquidez y ningún riesgo. Después de años de pleito, los Tribunales han declarado que la comercialización de las denominadas participaciones preferentes estuvo basada en el engaño y la desinformación y han declarado la nulidad de las órdenes de suscripción de las participaciones preferentes y cualquier otro documento contractual relacionado con tales participaciones. Además se condena a las entidades financieras a la restitución del capital invertido, más el interés legal que tal suma haya devengado desde que se realizaron las entregas de dinero, y al pago de las costas judiciales derivadas del procedimiento.

Cuando los afectados creían que podían recuperar todo su dinero, la AEAT reclama su parte en el negocio y viendo un beneficio donde no hay tal beneficio, ha advertido a los preferentistas de que la percepción de las costas judiciales supone un ingreso que hay que declarar en la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En efecto, en resolución de la Dirección General de Tributos (en adelante, DGT) en contestación a la consulta vinculante V0675-16, de 18 de febrero, la DGT, en relación con las costas judiciales ganadas en la sentencia, manifiesta: “la incidencia tributaria para este último viene dada por su carácter restitutorio del gasto de defensa y representación realizado por la parte vencedora en un juicio, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley del Impuesto”. Por otra parte, y en relación con los gastos de abogado, la DGT declara que los contribuyentes tampoco podrán deducirse los gastos de abogado y procurador efectivamente asumidos durante el proceso. Para la AEAT, estos gastos jurídicos son “gastos debidos al consumo”. Es decir, los preferentistas deberán considerar las costas ganadas en la sentencia una ganancia patrimonial (sujeta a tributación por el IRPF) pero los honorarios pagados al abogado y al procurador no podrán ser deducidos como gastos, al ser considerados por la AEAT “gastos debidos al consumo”.

La interpretación de la AEAT vulnera el sentido común y el principio de justicia material pero, y esto es lo verdaderamente relevante, es contraria a Derecho. En efecto, de la cabal calificación del supuesto de hecho, es decir, la mutua restitución de prestaciones producida como consecuencia de la declaración de nulidad de la orden de suscripción, debe necesariamente concluirse que la entrega de las participaciones preferentes a su emisor y la percepción del capital invertido más el interés legal y las costas judiciales constituye una alteración patrimonial derivada de una transmisión onerosa, regulada por tanto en el artículo 33 de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que establece que: “son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”.

Y, por tanto, para determinar el importe de la ganancia o pérdida patrimonial hay que acudir al artículo 34.1 de la Ley del Impuesto, donde se establece que en el supuesto de transmisión onerosa o lucrativa, aquel importe será la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de los elementos patrimoniales. Y, por otra parte, el artículo 35 de la misma ley, refiriéndose a las transmisiones a título oneroso, dispone lo siguiente:

1. El valor de adquisición estará formado por la suma de: a) El importe real por el que dicha adquisición se hubiera efectuado. b) El coste de las inversiones y mejoras efectuadas en los bienes adquiridos y los gastos y tributos inherentes a la adquisición, excluidos los intereses, que hubieran sido satisfechos por el adquirente. En las condiciones que reglamentariamente se determinen, este valor se minorará en el importe de las amortizaciones. 2. El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se hubiese efectuado. De este valor se deducirán los gastos y tributos a que se refiere el párrafo b) del apartado 1 en cuanto resulten satisfechos por el transmitentePor importe real del valor de enajenación se tomará el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá éste.

De acuerdo con esta norma, los gastos de abogado en que han incurrido los preferentistas para conseguir la recuperación de su dinero deben considerarse incluidos entre los previstos en el apartado 3 del artículo anterior y, por consiguiente, para la determinación del importe de la ganancia o pérdida patrimonial es necesario deducir los honorarios de abogado y procurador del valor de transmisión de las participaciones.

agenciatributaria

Logotipo de la Agencia Tributaria.

Nada, por tanto, que objetar a que se considere mayor importe del valor de transmisión el importe de las costas judiciales ganadas en la sentencia. Pero es completamente improcedente y contrario a Derecho que se califique como “gastos debidos al consumo” los gastos efectivamente satisfechos a los profesionales que han llevado a cabo la defensa y la representación procesal del demandante ya que, sin su concurso, hubiese sido imposible la mutua restitución de prestaciones y la consiguiente recuperación del dinero invertido. La cuestión sometida a debate consiste en decidir si los gastos jurídicos derivados del proceso son o no “gastos inherentes a la transmisión”.

Pues bien, en supuesto similares, la Dirección General de Tributos ha estimado que los gastos de abogado sí son gastos inherentes a la transmisión. Por ejemplo, en la contestación a la consulta V2461-09 el órgano administrativo concluye que son deducibles los gastos de abogado y procurador que han intervenido en la defensa de los intereses del contribuyente en un procedimiento expropiatorio ya que los considera gastos inherentes a la transmisión.

En otro supuesto, un contribuyente que necesitó la intervención de un abogado para que su excónyuge consintiera en el precio y en los términos de la venta de la vivienda que había sido propiedad de ambos y para seguir las negociaciones de la venta, plantea la consulta V2814-09 a la Dirección General de Tributos que ésta resuelve declarando que los honorarios del abogado tienen la consideración de gastos inherentes a la transmisión y, por tanto, son deducibles a efectos de la determinación del importe de la ganancia patrimonial.

De todo lo anterior se sigue que la aplicación normal de la norma jurídica, siguiendo el criterio aplicado en supuestos similares, conduce a una interpretación contraria a la publicada en la consulta V0675-16 que debería ser objeto de rectificación inmediata.

 

Vía| Dirección General de Tributos

Imagen| Alerta Digital

También en QAH| Las responsabilidades tributarias de los administradores sociales

RELACIONADOS