Jurídico 


La Comisión de Propiedad Intelectual y sus funciones

El 31 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que se confirmó la legalidad de las disposiciones reglamentarias que rigen el procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet, excepto el art. 20.2 del Real Decreto 1889/ 2011, de 30 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual.

El apartado segundo del mentado artículo 20 se refería a aquellos casos en los que un presunto infractor, voluntariamente acaba cono los contenidos presuntamente ilegítimos tras el primer requerimiento de la Comisión de Propiedad Intelectual. En concreto, el apartado en cuestión equiparaba esta conducta con la del reconocimiento implícito de la infracción. Para mayor claridad, véase el tenor literal del mismo:

En caso de que, atendiendo al requerimiento de la Sección Segunda, el responsable del servicio de la sociedad de la información voluntariamente interrumpa el servicio o retire el contenido respecto al que se dirige el procedimiento, el instructor procederá a archivar el procedimiento sin más trámite, notificando tal circunstancia a los interesados y dándose, a dicha interrupción del servicio o retirada voluntaria, valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración […]”

Hace algo más de un año, la “Red de Empresas de Internet” interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto ante el Tribunal Supremo y solicitó de forma subsidiaria que se anulasen determinados apartados del Real Decreto en cuestión; entre ellos, el que hoy aquí nos ocupa y el único respecto del cuál se ha conseguido la pretendida nulidad.

La justificación otorgada por el Tribunal Supremo se basa en que el procedimiento de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en internet tiene por objeto velar por la legalidad, sin que sea su cometido el buscar responsabilidades de los presuntos infractores. A estos efectos, el hecho de que un presunto infractor cumpla los requerimientos de la Comisión de Propiedad Intelectual no debe interpretarse en ningún caso como un reconocimiento tácito de la vulneración, puesto que no es posible afirmar cuales fueron los motivos que movieron en concreto a dicha persona (física o jurídica) para acatar el referido requerimiento.

El efecto último que tiene la nulidad parcial de este precepto tiene lugar porque, archivado un caso, se entendía que el presunto infractor había reconocido la infracción y consecuentemente, dicha persona no podría ser declarada responsable por tales hechos en otros procedimientos. O dicho de otra manera y como la propia Sentencia reza:

“Cuando, tras recibir el requerimiento formulado, se retira voluntariamente un contenido que había puesto en conocimiento de la Sección Segunda, el titular del derecho de propiedad intelectual, provocando el inicio del expediente, carece de sentido hacer ningún pronunciamiento posterior sobre el restablecimiento de una legalidad que ya ha dejado de estar conculcada. Dicho de otro modo, las medidas para restablecer la legalidad tienen sentido si mediante las mismas se puede alcanzar el fin para el que están concebidas, es decir, reponer el estado de cosas a su situación legal. Cuando la legalidad ya se ha restablecido, por la retirada voluntaria del contenido o la interrupción del servicio, carece de sentido y de objeto hacer reconocimiento alguno de ilegalidad, ni establecer presunciones al respecto. Salvo que lo que se pretenda es que dicho reconocimiento de la vulneración surta efecto en otro procedimiento ajeno al que ahora se sustancia, que es exclusivamente el de reposición de la legalidad, lo que desde luego no está previsto en la Ley ni se infiere de su regulación”

Imagen| AndreaZulay

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