Jurídico 


La cita legal en el ordenamiento jurídico español

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El lenguaje oral, la redacción, las formas, en fin, de expresión, exigen como requisito esencial y previo, el establecimiento de unas pautas de previsibilidad, de unas reglas convencionales  que permitan a los receptores de la información disponer y asimilar plenamente  aquella. Si ello es cierto para la generalidad de las formas de expresión orales y escritas, en el ámbito del lenguaje jurídico, especialmente el de naturaleza escrita, su observancia se impone con especial rigor; no en vano, en este tipo de lenguaje, por sus peculiaridades y características técnicas, se emplea con profusión el mecanismo de la cita legal y jurisprudencial, invocaciones destinadas a ilustrar o fundamentar  determinada decisión o juicio jurídico y cuya eficacia en los destinatarios de esa información depende en gran medida de que aquellos puedan identificar las referencias empleadas, evitando precisamente que éstas sea un obstáculo para la comprensión del texto. Un aspecto especialmente sensible en torno a los protocolos de citación legal en nuestra literatura jurídica así como en las propias resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales es el relativo a la forma de citar las referencias jurisprudenciales y más concretamente, la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo, evidenciándose una disparidad de criterios proporcional al número de agentes jurídicos que intervienen en la redacción o normalización de la resolución. Nótese que la cuestión no puede relegarse a una mera disquisición formal o académica; la jurisprudencia, o mejor dicho, su quebrantamiento o inobservancia es motivo invocable en casación, situándose en el mismo plano que el de la trasgresión legal; y ello desde el prisma de un sistema continental de derecho, que si la cuestión se pasa por el cedazo de los sistemas basados en el stare decisis, la cuestión adquiere una relevancia nodal.

En este sentido, el case citation es el sistema manejado en la mayoría de los estados donde rige el sistema del  common law  para identificar y ubicar los procesos y las resoluciones sobre los que se cimenta su sistema de stare decisis en una serie especial de libros denominados reporters, término que en origen identificaba al sujeto individual que compilaba, editaba y publicaba las decisiones jurisdiccionales y que metonímicamente ha pasado a designar a los libros y volúmenes que recogen las resoluciones. A nadie se le escapará que, dada la mecánica jurisdiccional de los países que se rigen por el common law, la observancia en la publicación regular de las decisiones judiciales, y su franco acceso por parte de juristas, legisladores y justiciables, es pieza esencial de un sistema donde no es hiperbólico decir que “es ley lo expresado por los jueces”, creándose al efecto un género literario específico y propio sobre esta cuestión –The Bluebook; The University of Chicago Manual of Legal Citation;  AALL Universal Citation Guide o ALWD Citation Manual: A Professional System of Citation. Por ello, una de las prioridades de estos sistemas judiciales fue sin duda ordenar el caótico panorama que en torno a los reporters –por la pluralidad de registros y la deslocalización de los mismos- existía hasta la mitad del siglo XIX tanto en la Inglaterra victoriana como en los incipientes Estados Unidos de América. En este país, el formato estándar de una cita legal de un asunto del Tribunal Supremo (US Supreme Court) sería el siguiente: Brown v. Board of Educ., 349 U.S., 294 (1955) en donde

  • Brown v. Board of Educ., es el nombre del caso, correspondiendo el primer nombre a la parte apelante, y el segundo al que impugna la apelación, intercalando la abreviatura v. de versus. Cuando se trate de personas físicas, sólo ha de citarse el apellido; en caso de que se tratase de entidades, sociedades o instituciones, se suprime el artículo que precede al sustantivo, y se aplica el glosario de abreviaturas manejado bien en el reporter, bien por el manual o guía  que se siga.
  • 349 es el numero del volumen del reporter en el cual aparece,
  • U.S. es la abreviatura de  United States Reports, identificación del reporter que ha glosado la decisión.
  • 294 es el número de página del volumen donde la resolución se inicia, y
  • 1955 es el año en que el órgano jurisdiccional dictó la resolución.

En nuestro ordenamiento jurídico, esa labor de estandarización nominativa la efectúa la Sección de Jurisprudencia del Centro de Documentación y Jurisprudencia del CGPJ (CENDOJ) que se configura como el organismo encargado de la recopilación, tratamiento y difusión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del resto de resoluciones judiciales de los demás órganos jurisdiccionales, erigiéndose así como el garante del acceso e identificación del acervo jurisprudencial español, con carácter oficial. De esta forma, un grupo de Letrados y Magistrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, adscritos a cada una de las Salas que configuran el Alto Tribunal, analizan las resoluciones dictadas en cada una de los ordenes jurisdiccionales, que una vez aprobadas, pasan a formar parte de la base de datos del CENDOJ, de acceso publico, en donde se las identifica con el Registro Oficial de Jurisprudencia (ROJ), un identificador que simplifica notablemente la individualización de la resolución, dotando además a ese número de carácter oficial, lo cual, y como en el sistema norteamericano con la neutral vendor citation, simplificaría su cita y evitaría errores y discrepancias por las diversas manifestaciones que las empresas editoras y demás operadores jurídicos emplean en la identificación de las resoluciones judiciales.

STS, Contencioso, sección 2, del 29 de Abril del 2013 ( ROJ: STS 1944/2013)

   Recurso: 2517/2011 | Ponente: RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO

Por lo que respecta a la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, toda vez que su acceso está garantizado por el artículo 164 de la Constitución, que establece que sus sentencias se publicarán en el BOE con los votos particulares, si los hubiere, ello ha permitido un mayor grado de homogeneidad en su invocación, auxiliado desde luego por un conjunto de Normas de estilo para la redacción y presentación de las resoluciones del Tribunal elaboradas por el Servicio de Doctrina Constitucional e Informática del Tribunal Constitucional y que se sigue como modelo desde sus orígenes en la redacción y presentación de sus resoluciones.         Con ocasión de la publicación de los primeros volúmenes de la colección Jurisprudencia Constitucional, en coedición con el BOE, en 1982, el Pleno del Tribunal acordó que se redactaran unas normas de unificación de los criterios, especialmente tipográficos, a los que deberían ajustarse, en la medida de lo posible, los redactores de las resoluciones del Tribunal con el fin de dar la mayor homogeneidad formal a las mismas. Previamente, la Vicepresidencia había establecido el formato, estructura y ritualismo de las resoluciones. A partir de entonces, cuantos intervienen en la preparación y elaboración de los informes, borradores y proyectos de las mismas, incluida la última labor de unificación formal que se lleva a cabo antes de enviar los originales de dichas resoluciones al Boletín Oficial del Estado, deben atenerse a los criterios y normas elaboradas. El Acuerdo del Pleno de 5 de diciembre de 2000, que aprobó reglas sobre ordenación y numeración de los distintos procesos constitucionales, obligó a introducir los cambios pertinentes en la forma de citar dichos procesos. Las normas rigen la estructura de las Sentencias, Autos y providencias; los criterios tipográficos que deben seguirse; el modo de citar las Sentencias, tanto del propio Tribunal como de otras jurisdicciones; la forma de citar las disposiciones generales, ya sean normas de las instituciones generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de la Unión Europea; las abreviaturas, siglas y acrónimos que pueden emplearse; y criterios que deben seguirse al imprimir las resolución.

Para finalizar, y desde el punto de vista de la producción editorial oficial, no existen –a salvo de la breve pero interesantísima guía confeccionada por el citado Servicio Doctrinal del Tribunal Constitucional – trabajos que establezcan pautas o convenciones aplicables a la forma de citar o presentar las citas jurisprudenciales. Los manuales existentes, casi todos dirigidos a pautar la redacción de escritos en lenguaje administrativo- Libro de Estilo del Instituto Vasco de Administración Pública. IVAP, 2005; Manual de estilo de lenguaje administrativo. Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), Madrid, 1990-  no contemplan previsiones sobre la cita de resoluciones judiciales.

Por lo que se refiere al catálogo de manuales publicados por editoriales, ninguno se acerca ni de lejos al pormenor, estructura y funcionalidad de las guías anglosajonas. De todos ellos – Libro de estilo para juristas, MILLAN GARRIDO, A. Editorial Bosch, Valencia, 1997; Normas de uso del lenguaje jurídico, MARTÍN MARTÍN, J.  Comares. Granada, 1991 o Sintaxis y semántica en la composición del texto jurídico, SERRANO, J. L., Universidad, Granada, 1994- y sólo de una manera ciertamente breve, la única monografía que contempla alguna convención acerca del particular es la editada por Aranzadi y titulada  Libro de Estilo Garrigues (Centro de Estudios Garrigues, Alberto Gómez Font (Coordinador), María Peña Arsuaga (Coordinadora),2005), (página 55, epígrafe 2.1.3.3. Mención de resoluciones judiciales) .

Imagen | Universal Citation Elements

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