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La Carta Magna inglesa de 1215, ¿primer documento constitucional de la Historia? (I)

En ocasiones se dice que la Carta Magna inglesa, sancionada en 1215 por Juan I «sin Tierra», Rey tras la muerte de su hermano Ricardo «Corazón de León», es el primer documento constitucional de la Historia. Esto constituye una doble imprecisión. Primero, no puede categorizarse como constitucional, sino como reconocedor de los derechos de una minoría nobiliaria. Segundo, admitido lo anterior, ni siquiera es el primero de su especie.

Empecemos por el principio. La carta magna libertatum es un compromiso político forzado por los nobles anglosajones, constantemente oprimidos por la nobleza normanda que dominaba Inglaterra desde el ascenso al trono de Guillermo I el Conquistador, primero de la dinastía normanda. Tras rechazar Juan su primera redacción (los Artículos de los Barones), los nobles normandos, hartos de los desatinos de Juan (como la derrota de Bouvines frente a los franceses en 1214 o la excomunión del propio Juan en 1209) se alzaron en armas y tomaron prisionero a Juan y le exigieron acceder a sus peticiones. Tras otorgar la cédula bajo coacción, y en cuanto hubo restablecido su poder, Juan rompió su palabra con autorización del Papa, dejando sin efecto la cédula. De este modo, sólo estuvo vigente durante tres meses, si bien sería enmendada y repuesta en vigor, por tiempos acotados y en parte de su contenido, por los reyes sucesivos. Obviando su trayectoria histórica, esta disposición únicamente reconocía una serie de derechos colectivos de naturaleza procesal a los nobles ingleses, como no detenerles sin causa o no condenarles hasta que fueran juzgados por un tribunales formado por sus pares (sus iguales, es decir, otros nobles del Reino).

Es la doctrina contemporánea (por todos, Von Keller) la que ha querido ver en estos episodios un antecedente del moderno derecho constitucional (algunos incluso, de los derechos humanos). En este punto, debemos detenernos para explicar qué debe entenderse por constitución. Proviene del latín cum statuere (establecer), y se refiere a las propiedades esenciales del ser. En este sentido, la segunda acepción que hace de este término el Diccionario de la Real Academia Española es «esencia y calidades de una cosa que la constituyen como es y la diferencian de las demás».

juan-sin-tierraEn sentido clásico (axiológico, no cronológico) o amplio se refiere a la ley fundamental de la que goza todo pueblo, sea oral o escrita, y que regula la organización esencial y estructura de una comunidad política (no forzosamente el Estado, que es una de las formas de organización que puede adoptar la comunidad política). Así, en el mundo clásico encontramos que Aristóteles de Estagira (384-322 a.C) examina en su obra Política las constituciones de las distintas polieis griegas, comparando el modo y forma en que se organizan. Polibio de Megalópolis (200-118 a.C.) describe la «constitución política de Roma»[1] como aquel régimen mixto que combina un rasgo popular (los comicios) con uno aristocrático (el Senado) y otro monárquico (los cónsules). Marco Tulio Cicerón (106-43 a.C.) se refiere continuamente a la constitución romana en este sentido en su obra De re publica [2]. De este modo, toda comunidad política, por primaria o básica que fuere, tiene una constitución política.

En sentido moderno o estricto, es decir, a partir de la revolución de las colonias norteamericanas de Inglaterra (1775-1783)  y, muy especialmente, de la revolución francesa (1789-1799), la constitución pasa a ser un concepto ideológico[3]. Es decir, no cualquier constitución política merecería esta denominación, sino que esta quedaría reservada exclusivamente a aquellas comunidades políticas de corte liberal. Es decir, sólo sería constitución, según este enfoque –predominante hoy en día– aquella norma fundamental que contenga un reconocimiento de derechos (a la generalidad de la nación/pueblo) y una separación de poderes. El artículo 16 de la francesa Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 no podría ser más tajante a este respecto: «Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la división de poderes determinada, carece de Constitución». Es decir, el liberalismo se apropia de un concepto tradicional de la cultura política europea y proclama que sólo puede predicarse de su modelo paradigmático de organización política, el Estado. Con el tiempo, se añadiría a lo anterior su eficacia jurídica, es decir, su consideración como una norma más del ordenamiento jurídico; en este caso, la más elevada, la cúspide de la pirámide normativa (H. Kelsen). La primera constitución según esta definición sería la de los EE.UU., ratificada en 1788, por tanto muy alejada en el tiempo y en las ideas de la carta magna libertatum. Este es el concepto de constitución que ha llegado hasta nuestros días, mientras que el clásico, más amplio, ha caído en el olvido. Así, la doctrina actual entiende que las constituciones se dividen en un prólogo, una parte orgánica (organización de los poderes del Estado, lo que se corresponde grosso modo con la articulación concreta del principio de separación de poderes) y una parte dogmática (tablas de derechos fundamentales).

En la segunda parte de este artículo cerraremos el análisis de la primera cuestión y abordaremos la segunda.

[1] Libro VI de su obra Historias.

[2] Libro I; «en esta otra constitución mixta y moderada de república», «de todas las repúblicas, no hay ninguna que, por su constitución, por su estructura o por su  régimen, sea comparable con aquélla que nuestros padres recibieron de los antepasados».

[3] Constitucionalismo y orden político, Miguel Ayuso Torres, Revista Verbo nº 377-378 (1999), 599-614.

Vía| Constitucionalismo y orden político (M. Ayuso); De re publica (M. Tulio Cicerón), Historias (Polibio de Megalópolis), Política (Aristóteles de Estagira)

Imagen| Juan sin tierra 

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