Jurídico 


La buena conducta cívica

Los arts. 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española (art. 22.4), o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación (art. 21.2).

En este artículo vamos a analizar el requisito de la buena conducta cívica, por su indeterminación y por los numerosos conflictos que ha generado precisamente por su imprecisión.

Buena conducta cívicaEl Tribunal Supremo se ha esforzado por aclarar que el hecho de que la buena conducta cívica sea un concepto jurídico indeterminado no implica que se otorgue a la Administración el derecho a actuar con discrecionalidad y arbitrariedad en su interpretación. De este modo en sus sentencias de 26/07/97, 24/04/99 y 05/06/99 ha establecido que: “El requisito de la buena conducta cívica como concepto jurídico indeterminado no habilita a la Administración para actuar con discrecionalidad ya que debe optar al decidir por una solución justa, lo que, por consiguiente es controlable y revisable por la jurisdicción. Además, ese concepto de la buena conducta cívica ha de ponerse en relación con su proyección en el ámbito constitucional sobre comportamientos de ausencia de vulneración del ordenamiento jurídico, especialmente en relación con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes prevenidos en el Título I CE en conexión con el art. 10.2 y los derechos y deberes reconocidos en los Textos Internacionales, Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Económicos y Culturales de 1966.”

Ante la ausencia de definición del concepto en el ámbito del Derecho Positivo, ha sido la jurisprudencia la que se ha encargado de su configuración con el objetivo de dotarle de una mayor seguridad jurídica.

En esta configuración jurisprudencial, destaca la valoración de los antecedentes penales del solicitante de la nacionalidad española como elemento a tener en cuenta para la decisión acerca de la concurrencia o no de buena conducta cívica. En este sentido, se formula una distinción interesante a la hora de valorar el citado requisito de la buena conducta cívica en relación con la existencia o inexistencia de antecedentes penales según se trate de la adquisición de la nacionalidad o de otra clase de derechos. Cuando se trata de un supuesto de adquisición de nacionalidad, los antecedentes penales aun estando cancelados o anulados, tienen un peso específico en la valoración de la buena conducta cívica del interesado, pues pueden contribuir a valorar negativamente su conducta. En cambio, cuando se trata de obtener autorizaciones o concesiones necesarias para el ejercicio de un derecho, los antecedentes cancelados no pueden tenerse en cuenta.

No obstante, también señala la jurisprudencia que la simple existencia o inexistencia de antecedentes penales no es suficiente para estimar la concurrencia de este requisito, salvo que se refiera a infracciones que “per se” revelen la existencia de mala conducta, sino que hay que valorar su alejamiento o cercanía temporal en función del razonable proceso de integración en la sociedad española, así como el carácter y circunstancias que hayan podido dar lugar a la condena penal, como reveladora de la vulneración de valores constitucionales y la falta, en mayor o menor grado, de integración en la sociedad española.

La conclusión que se extrae y que aparece reflejada, sobre todo, en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 05/10/02 es que el requisito de la buena conducta cívica no se limita a valorar los antecedentes o policiales, sino que son solo uno de los indicadores a tener en cuenta. El hecho de que una persona tenga antecedentes penales no impide la apreciación de buena conducta cívica, a sensu contrario, la cancelación de antecedentes penales, no presupone buena conducta cívica si concurren otros elementos que la niegan.

En conclusión,  la buena conducta cívica a que se refiere el art. 22.4 del Código Civil es un concepto jurídico indeterminado que no puede ser precisado a priori, sino que debe concretarse en cada supuesto, sin que la Administración puede actuar arbitrariamente. Dada la inseguridad que el citado concepto plantea podemos hacernos varias preguntas: ¿Es aconsejable utilizar conceptos jurídicos indeterminados para la concesión de la nacionalidad española?¿Es posible establecer unos criterios fijos para la valoración de la buena conducta cívica?¿Quién debe valorar la existencia de buena conducta cívica?¿Qué debe entenderse por buena conducta cívica?

 

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