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Qué Aprendemos Hoy

La acusación popular

El ordenamiento procesal penal español se caracteriza, frente a los de los países vecinos, por el hecho de que la acción penal sea pública, pudiendo ejercitarla todos los ciudadanos españoles (art.101 Ley de Enjuiciamiento Criminal, en adelante LECRIM). En España -a diferencia de por ejemplo Alemania, Francia o Italia- el Ministerio Fiscal no posee el monopolio de la acción penal.

Así, con carácter incluso constitucional (art.125 Constitución Española, CE) se reconoce a todos  los ciudadanos el derecho a ejercitar la acción popular, es decir,  se permite que cualquiera -sin que haya sido ofendido por el delito-,  pueda ejercitar la acción penal, con lo cual los ciudadanos asumen un papel análogo al que ejerce el Ministerio fiscal. Se trata en definitiva, de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, procurando la tutela del interés público ante la existencia de hechos presuntamente constitutivos de delito público.

Si bien el artículo 125 de la CE reconoce el ejercicio de la acción popular, los artículos 101 y 270 LECRIM y el artículo 19.1. de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), limitan el ejercicio de dicha acción a los ciudadanos españoles, excluyendo por tanto a los extranjeros.

Los artículos 102 y 103 de la LECRIM también nos indican que no podrán ejercer la acción popular quienes no gocen en plenitud de sus derechos civiles, aquellos que hubieran sido condenados dos veces por sentencia firme como autores del delito de denuncia o querella calumniosa, los jueces y magistrados, los cónyuges entre sí (salvo que nos encontremos ante un delito de bigamia o un delito o falta cometido por el uno contra la persona del otro o sus hijos) y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por adopción o por afinidad (a no ser que estemos ante un  delito o falta cometidos por los unos contra las personas de los otros).

A su vez hemos de tener en cuenta, que la acción popular sólo puede ejercitarse si el delito en cuestión es público (no cabe por tanto el ejercicio de dicha acción ante delitos privados y semiprivados) y que su ejercicio requiere de la interposición de la querella (tal como indican los artículos 270 y 761 de la LECRIM); inclusive en el supuesto de que el sumario o las diligencias previas hayan comenzado.

Al interponer dicha querella según nos indica el artículo 280 de la LECRIM “El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio.” En todo caso, el artículo 20.3. de la LOPJ limita la fianza que se pueda exigir al recordarnos que No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita.”

Si la querella es admitida, quienes ejerzan la acción popular, serán parte del proceso penal, al igual que el Ministerio Fiscal y/o la acusación particular.

Vía| Noticias Jurídicas

En QAH| ¿Qué es un procedimiento penal? Diferentes sistemas a lo largo de la historia

Imagen| TSJA

 

Aitor Ulanga Ganuza Escrito por el dic 14 2011. Archivado bajo Derecho Público, Jurídico.





CONOCE AL REDACTOR

Aitor Ulanga Ganuza

Aitor Ulanga Ganuza

Graduado en Derecho por la Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea. 

En la actualidad, estudiante del Máster en Abogacía.

Premio al mejor orador en el torneo de oratoria organizado por la Universidad de Deusto con motivo de su 125 aniversario.

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