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La acción popular (II): La doctrina Atutxa. Conclusiones

Si en el artículo anterior analizamos la doctrina que lleva el apellido del banquero más conocido de España, ahora veremos en qué consiste la doctrina Atutxa.

Previamente sin embargo, situémonos  en el caso que dio lugar a la creación de la doctrina objeto de análisis.

En el caso en cuestión, al negarse a disolverse el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak –tal como ordenó el TS tras la ilegalización de Batasuna-; fueron imputados por un delito de desobediencia el entonces presidente del Parlamento Vasco –Juan María Atutxa- y los miembros de la Mesa de la cámara que rechazaron disolver el grupo parlamentario antes mencionado –Gorka Knorr y Kontxi Bilbao-.

Dado que los tres imputados eran aforados, la causa se tramitó ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV)  y formularon querella tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular. La instructora acordó el sobreseimiento de la causa al no considerar los hechos constitutivos de delito y Manos Limpias decidió recurrir en casación al Tribunal Supremo –el Ministerio Fiscal optó por no recurrir-.

La defensa de los parlamentarios vascos, sostuvo que era de aplicación al caso la doctrina Botín (tal como se recoge en el segundo párrafo del primer fundamento jurídico de la STS 54/2008): “la defensa de la parte recurrida consideró imprescindible que, con carácter previo a la decisión de los motivos esgrimidos por el sindicato recurrente, esta Sala se pronunciara acerca de la influencia que, en el supuesto que es objeto de análisis, podría desplegar la doctrina sentada en nuestra anterior sentencia 1045/2007, 17 de diciembre (…)”

Sin embargo, el TS rechazó la petición de los recurrentes y optó por fijar lo que se conoce como doctrina Atutxa –véase el apartado segundo del primer fundamento jurídico de la STS 54/2008-: “la solicitud de aplicación de la doctrina fijada en nuestra anterior sentencia 1045/2007, exige tomar como punto de partida la diferencia entre el supuesto que allí fue objeto de examen y el que ahora motiva nuestro análisis. Y es que sólo la confluencia entre la ausencia de un interés social y de un interés particular en la persecución del hecho inicialmente investigado, avala el efecto excluyente de la acción popular. Pero ese efecto no se produce en aquellos casos en los que los que, bien por la naturaleza del delito, bien por la falta de personación formal de la acusación particular, el Ministerio Fiscal concurre tan solo con una acción popular que insta la apertura del juicio oral.

Por tanto, en base a la doctrina Atutxa, si el Ministerio Fiscal solicita el sobreseimiento y no hay o no cabe la posibilidad de que exista acusación particular en el caso que se está juzgando, puede abrirse juicio oral a los acusados aunque sólo lo inste la acción popular. 

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En QAH| La acción popular (I): La doctrina Botín

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