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La acción popular (I): La doctrina Botín

¿En qué consiste la doctrina Botín? ¿Cuál es su diferencia respecto a la doctrina Atutxa? A través de dos artículos trataré de explicar en qué consisten ambas doctrinas, fijadas en su día por el Tribunal Supremo, y que han sido desde el momento mismo de su fijación objeto de debate entre diversos juristas.

Empecemos por la denominada doctrina Botín (fijada en la sentencia del Tribunal Supremo 1045/07 de 17 de diciembre). En el caso que creó dicha doctrina, cuatro directivos del Banco Santander –entre ellos su presidente Emilio Botín- y 20 clientes de la misma entidad bancaria, fueron acusados por las acusaciones populares que ejercían la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes (ADIC) y el partido político Iniciativa Per Catalunya-Verts (ICV). Las acusaciones populares antes mencionadas solicitaban penas de más de 100 años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. En cambio, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular solicitaban el sobreseimiento.

Dado que la Audiencia Nacional decidió sobreseer la causa contra los acusados basándose en el artículo 782.1. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (“782.1.: Si el Ministerio Fiscal y el acusador particular solicitaren el sobreseimiento de la causa por cualquiera de los motivos que prevén los artículos 637 y 641, lo acordará el Juez, (…); tanto AIDC como ICV optaron por recurrir en casación el auto dado por la Audiencia Nacional, arguyendo que lo decidido por el tribunal a quo suponía la vulneración de los artículos 24.1. y 125 de la CE porque el derecho de la acusación popular –sostenían- es un derecho fundamental y autónomo e independiente de otras acusaciones.

 El Tribunal Supremo, rechazó el recurso de casación interpuesto por ambas acusaciones populares, y ratificó el auto de la Audiencia Nacional.  Así, respecto a la autonomía de la acción popular que argüían los recurrentes, la sentencia –en el tercer punto del segundo fundamento jurídico- afirma lo siguiente: “Es verdad que la configuración legal, de todos modos, ha regulado la acción popular, en principio, como autónoma respecto de la del Fiscal. (…) Esta autonomía no queda en absoluto sin efecto, como opinan los recurrentes, cuando se condiciona su derecho a solicitar la apertura del juicio a que el Ministerio Público y la acusación particular no hayan solicitado el sobreseimiento (…)”

 

También el Alto Tribunal optó por dar una respuesta diáfana a los recurrentes, cuando estos argumentaron que la distinción entre el “acusador particular” y la “acusación popular” realizada en el auto de sobreseimiento de la Audiencia Nacional era carente de fundamento (así lo expresaron en el punto cinco del fundamento jurídico segundo de la STS 1045/07).

Sin embargo, el TS –en el mismo punto y el mismo fundamento jurídico citados en el párrafo anterior- les respondió con claridad lo siguiente: “Ante todo está documentado en citas contenidas en el propio escrito del recurso que precisamente el Legislador, la jurisprudencia y la doctrina han entendido que los términos “acusador particular” y “acusador popular” mencionan conceptos diversos. (…). Además es la propia LECrim la que establece las bases conceptuales de la distinción de la “acusación popular” respecto del “acusador particular”.

Por todo ello, el TS afirma que no contradice la Ley haber entendido que en el art. 782.1. LECrim el concepto “acusador particular” no incluye al acusador popular, toda vez que la base conceptual del sistema legal los distingue.”

Es decir, según la doctrina Botín, no cabe abrir juicio oral a los acusados de un delito si solamente acusa la acción popular, y tanto el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan el sobreseimiento.

En el próximo artículo analizaremos en qué consiste la doctrina Atutxa.

Vía| Noticias Jurídicas

Imagen| Google

En QAH| La acción popular (II): La doctrina Atutxa. Conclusiones.

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