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Justicia gratuita en la UE y personas vulnerables

El 4 de noviembre el DOUE publicaba la Directiva 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención. Su objeto: establecer unas normas mínimas comunes sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita de los sospechosos y acusados en los procesos penales y las personas objeto de un procedimiento de orden europea de detención (art.1). Se enmarca en el plan de trabajo del Consejo (incluido posteriormente en el Programa de Estocolmo), tras la Resolución adoptada el 30 de noviembre de 2.009 para reforzar los derechos procesales de aquellos que instaba a adoptar medidas sobre los relativos a:

A) traducción en interpretación;

B) información sobre derechos y cargos;

C) asesoramiento jurídico y justicia gratuita;

D) comunicación con familiares, empleador y autoridades consulares; y

E)  salvaguardas especiales para sospechosos o acusados que sean vulnerables.

En noviembre de 2.013, la Comisión emitió una Comunicación formulando a los Estados miembros una recomendación que promueva los derechos esenciales de las personas vulnerables en los procesos penales:

  • Creando mecanismos de evaluación que las identifiquen y atender sus necesidades especiales en un proceso penal para evitar que se produzca, debido a la falta de entendimiento del sujeto, la llamada desigualdad de armas y
  • Estableciendo para los sospechosos vulnerables salvaguardias especiales: acceso obligatorio a un abogado, asistencia de una tercera persona adecuada, asistencia médica…

Uno de los elementos principales de la propuesta de la Comisión fue la protección de las personas que más lo necesitan-garantías especiales para las personas vulnerables, especialmente de quienes no puedan comprender o seguir el contenido del proceso debido, a su edad o a su condición mental o física, siendo ésta una de las mayores preocupaciones del Programa de Estocolmo. Si bien los menores son vulnerables por definición, debido a su corta edad, desarrollo físico y psíquico e inmadurez emocional, entre otros factores, en el caso de los adultos es diferente puesto que las razones por las que pueden ser incapaces de participar en un proceso pueden ser múltiples: enfermedad física o mental, dificultades de aprendizaje…

La Comisión recuerda que no hay ninguna definición estándar de adulto vulnerable en los procesos penales en los Estados miembros de la UE afirmando que cualquiera puede ser criticable por el riesgo de estigmatizar a las personas. Quizá por ello, según reconoce expresamente el dictamen favorable a las propuestas de la Comisión emitido en marzo de 2014 por el Comité Económico y Social, aquélla optó por no incluir estas garantías en una Directiva sino en una recomendación.

El art. 9 Personas vulnerables– obliga a los Estados miembros a garantizar que se tomen en consideración las necesidades específicas de los sospechosos, los acusados y personas buscadas que sean vulnerables pero continúa sin definirse quiénes son  vulnerables ni marcarse unos criterios mínimos que permitan identificarlos, excepto los menores. Esto resulta preocupante, pues la Directiva no se aplicará cuando los sospechosos o acusados o las personas buscadas hayan renunciado a su derecho a la asistencia de letrado o letrados en el caso de procedimientos de orden europea de detención, donde su asistencia puede ser precisa tanto en el Estado emisor como en el ejecutor.

¿Quiénes son los vulnerables?

La justicia gratuita de la UE para las personas vulnerables.

Por eso, siguiendo las recomendaciones de la Comisión, los Estados deberán establecer aquellos mecanismos de evaluación que permitan identificarlos y atender sus necesidades particulares mediante la adopción de salvaguardias especiales. Siguiendo el plan de trabajo, habrá que estarse a la aprobación de la correspondiente Directiva sobre salvaguardias especiales para sospechosos o acusados que sean vulnerables. En el caso de las personas con discapacidad no sería más que un avance en lo ordenado a través del artículo 13 CNUDPD, esto es, el derecho al acceso a la justicia mediante la adopción de ajustes razonables, incluso ajustes de procedimiento, si fuere preciso.

El artículo 9 ha de ser complementado especialmente con el art. 7-2º y 3º relativos a la necesidad de formación entre todos aquellos, incluidos letrados, que intervengan en la concesión de la asistencia jurídica gratuita. Solo así podrá garantizarse a las personas vulnerables, que sí han podido entender el proceso al que se verán sometidos y sus consecuencias, especialmente en el caso de renuncia o cambio de letrado.

 

Vía|Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención.

Más información|Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Avanzar en el Programa de Garantías procesales de los sospechosos o acusados de la UE: Fortalecer las bases del espacio europeo de justicia penal.;

En QAH|http://queaprendemoshoy.com/que-es-la-asistencia-juridica-gratuita/http://queaprendemoshoy.com/que-es-el-expediente-electronico-de-justicia-gratuita-2/

 

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