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Justicia caótica

Que los imputados, ahora investigados tras la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tengan que esperar nueve o diez años para poder defenderse en juicio, que los herederos tengan que esperar cuatro o cinco años para que se resuelvan sus desavenencias hereditarias, que procesos de familia se eternicen igualmente en el tiempo, que la Jurisprudencia de la Unión Europea se incorpore a las resoluciones judiciales de los tribunales españoles con bastante retraso, etc.; parece haberse convertido en una práctica normal desde hace décadas. Todo se resume en una justicia lenta que puede llegar a ser ineficaz en muchos casos. Cómo dijo Séneca, “nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Y es que se hace insostenible a veces el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia en España, donde las dilaciones indebidas se suceden cotidiana y masivamente, donde las garantías y la seguridad jurídica están en entredicho, que sumados los errores judiciales llamativos, han provocado gran desconfianza entre la ciudadanía.

Lo antedicho se ha consolidado en el tiempo y se ha convertido en una práctica diaria, fuertemente criticada por los sectores profesionales y los usuarios, cuyo hartazgo ha provocado hasta la creación de brigadas tuiteras para denunciar públicamente y poner en evidencia el lamentable estado y funcionamiento de la Justicia en España, a pesar de las tan anunciadas reformas prometidas, que tras poner en marcha algunas han resultado ser también un fiasco en gran parte, porque ni los nuevos sistemas implantados para tratar de agilizar ni las reformas legislativas llevadas a cabo parecen funcionar correctamente, cómo es el sistema de notificaciones y comunicaciones telemáticas a través de la plataforma LexNET, medio a través del que se ha implantado el papel 0, que ha terminado por desesperar a los profesionales y que provocó a finales del pasado mes de enero el cese en el cargo del Subdirector General de Nuevas Tecnologías, Luis Bustamante, por la desastrosa puesta en marcha del proyecto.

Todo ello se acompañó con una batería de reformas legales, cómo la limitación de la instrucción de las causas, estableciendo plazos máximos de instrucción sin haber efectuado un plan de choque contra la acumulación de papel en los juzgados, mediante la autorización de prolongaciones de jornada, refuerzos, aumentos de plantillas, jueces de apoyo, reorganización de efectivos, etc. Esto es, el capital humano necesario para poner al día los asuntos atrasados en papel y comenzar desde cero con el proyecto “papel 0”. Por tanto, falta de planificación y organización. Muchas inversiones que en algunos casos resultaron ineficaces. Todo un esfuerzo inversor que no logra mejorar a corto y medio plazo el problema.  

Tan lamentable situación en el tiempo, ha provocado una muy deficiente valoración de nuestro sistema judicial, en cuanto a la falta de independencia se refiere, pese a la defensa de la independencia judicial realizada por el Sr. Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial la pasada semana en el Congreso, ya que el Marcador sobre el estado y la calidad de la Justicia en la UE de 2014, publicado por la Comisión Europea, con datos de 2012 derivados, principalmente, del Consejo de Europa y de la Comisión para la Evaluación de la Eficacia de la Justicia (Ceej), España se sitúa a la cola en independencia judicial. En concreto, en el puesto 22 entre los 28 Estados miembros. Sólo Eslovaquia, Bulgaria, Rumanía, Croacia, Grecia y Eslovenia registran resultados peores; y el puesto 97 de 144 en ranking de independencia judicial, según los datos del Foro Económico mundial de los que se hace eco Bruselas. 

Cabe recordar que el pasado 3 de diciembre, el Consejo General del Poder Judicial vetó a la organización no gubernamental Rights Internacional Spain (RIS), de los cursos de formación dirigidos a los jueces y magistrados en activo y que se centran en derechos humanos y en Memoria Histórica, la que venía denunciando la falta de independencia judicial en España ante la ONU y la Comisión Europea, junto con Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente.

Por otro lado, cabe destacar que en España, el salario bruto anual de un juez de primera instancia es de 47.494 euros y, por tanto, está por encima de la media de la UE (45.578), aunque nuestro país está en las últimas posiciones de la UE por número de jueces, con 11 por cada 100.000 habitantes, menor que la media de 19 por cada 100.000 habitantes de la UE, cifra que sólo es más baja en Irlanda, Dinamarca, Malta, Francia e Italia. Lo peor de todo es que la situación va en detrimento, pues en los últimos cuatro años, sólo se han incorporado 137 jueces.

En cuanto a la situación de los juzgados, España está a la cabeza de de los Estados de la UE en número de casos judiciales pendientes de sentencia en los ámbitos Civil y Mercantil, según los datos del Marcador sobre el estado y la calidad de la Justicia en la UE de 2014. 7 de cada 10 juzgados están desbordados. Se tardan 500 días de media para cerrar un contencioso en primera instancia, sólo superados por Chipre, Eslovaquia, Croacia y Malta. Los juzgados de lo social vienen tardando más de tres años en resolver los asuntos, al igual que los juzgados de lo mercantil. Los juzgados de instrucción han llegado a tardar hasta 11 años, cómo en el caso Fabra, y entre seis y siete años de media los casos complejos, cómo los casos de corrupción. El Tribunal Supremo tarda un año de media en resolver los recursos, el Tribunal Constitucional entre uno y cinco años los recursos de amparo e inconstitucionalidad; y es que España siempre ha estado a la cola de la UE en inversión en Justicia. El propio Carlos Lesmes, Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, denunció la semana pasada en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, la pésima situación de la justicia en España, asegurando que el 50% de los juzgados soporta cargas de trabajo “inasumibles”, solicitando una reforma urgente y profunda de la justicia.

En 2012, el Presupuesto público asignado a tribunales, asistencia jurídica y acción pública, fue de 32,38 euros por habitante, por los 114,29 de Alemania o los 147,12 euros asignados por Luxemburgo. Sólo Rumanía, Lituania, Bulgaria, Malta y Letonia estaban por debajo en gasto e inversión, según estudio de funcionamiento del sistema judicial en los estados miembros de la Unión Europea. Aunque para 2016 se ha aumentado el presupuesto para Justicia en un 7,24%, aún queda lejos de la media europea.

Cómo resultado de todo ello, el 65% de los españoles considerò que la Administración funciona “mal o muy mal”, según el III Barómetro del Observatorio de la Actividad de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer. Además, los jueces resultaron ser los profesionales peor valorados por los ciudadanos, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de febrero de 2013. La judicatura se llevó la nota más baja de los encuestados, un 59,01.

Desde luego que de todo ello se deduce falta de responsabilidad política y organizativa. La falta de inversiones suficientes y el desinterés de los diferentes gobiernos han provocado una situación que en muchos casos roza el caos, que somete a la tortura psicológica a los ciudadanos de los que pende la solución a sus conflictos y controversias, sumiéndoles en un estado de incertidumbre, en muchos casos insoportable, sobre su futuro personal o el de sus bienes y derechos.

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