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Jaque al rey: cuando tus socios quieren ser trabajadores

D. Javier Aparicio Salom es un abogado de prestigio: se licenció en la Universidad Complutense con un expediente brillante, aprobó las oposiciones al cuerpo de Abogados del Estado y posteriormente solicitó la excedencia para ejercer como abogado en el conocido bufete Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. Su área de especialización es la protección de datos. Fue jefe de la asesoría jurídica de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) entre 1997 y 1999 y participó ante la Comisión Europea en el grupo de trabajo de protección de datos creado por la Directiva. También ha destacando por su papel en la defensa de la multinacional Google en el pleito que le enfrenta  con la AEPD por más de 80 reclamaciones de esta última para que elimine los datos de particulares que consideran vulnerado su derecho a la intimidad. Desde el año 2000 es socio de cuota del despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Sin embargo, su nombre ha salido en la prensa estos últimos días por otra razón. Hace unos meses, D. Javier Aparicio presentó una demanda contra su bufete por modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  Aunque los detalles concretos de la demanda no han trascendido, al parecer la Litis se refiere a una presunta rebaja de sueldo que se habría producido en el despacho. Como ha recordado el Tribunal Supremo, el sueldo es un elemento esencial del contrato de trabajo, por lo que la afectación unilateral del mismo por parte de la empresa puede considerarse una modificación sustancial de las condiciones de trabajo (por todas, STS 6/5/1996, rec. 2682/1995).

Lo novedoso, no obstante, no es que la supuesta modificación de la remuneración pudieran categorizarse como una modificación sustancial o accidental de las condiciones de trabajo, sino que el hecho de que un socio de capital pretende que se reconozca que su verdadera situación es laboral, puesto que sino, esta institución jurídica no sería aplicable.

JAPS

D. Javier Aparicio Salom. #actualidadQAH

Tradicionalmente la abogacía se ha caracterizado por ser una profesión liberal [(art. 1.1 del Estatuto General de la Abogacía ) y de ejercicio individual. Mientras el carácter de profesión liberal se mantiene, su tradicional carácter de ejercicio individual se ha visto atenuado por la aparición y crecimiento de los grades despachos. Paralelamente, el encuadramiento jurídico-laboral de los abogados siempre había sido el de trabajadores autónomos. Tal y como establece el art. 1 del Estatuto del Trabajador Autónomo, serán considerados trabajadores autónomos, las “personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo“.

Sin embargo, hace más de 10 años una abogada de Linklaters interpuso una demanda porque creía que su relación era verdaderamente laboral. Al fin y al cabo, ejercía su labor dentro del ámbito y dirección de una organización, por lo que el artículo aplicable, en su opinión, era el art.1 del Estatuto de los Trabajadores y no el el art. 1 del Estatuto del Trabajador Autónomo.

Esta demanda supuso el catalizador para la creación de una relación especial de los abogados que prestan sus servicios en despachos profesionales, regulada por el Real decreto 1331/2006, de 17 de noviembre. La creación de esta relación laboral incrementó entre un 30% y un 35% el coste de cada letrado para los despachos de abogados, y supuso el acceso de los mismos a ciertos derechos laborales como una retribución fija y un régimen de vacaciones.

No obstante, de esta relación laboral se excluyeron a los abogados que ejercieran la profesión como socios de un despacho profesional [art. 2a) RD 1331/2006]. La demanda de D. Javier Aparicio parece pretender, de nuevo, un cuestionamiento de la normativa que regula esta materia. Ciertamente, el problema puede plantearse cuando el socio tienen una participación ínfima en el capital (algo bastante habitual en los grandes despachos), y sin embargo, ejerce su labor en el ámbito de una organización de la cual, en contraprestación por sus servicios, recibe una retribución mensual fija, además de medios materiales para desempeñar su trabajo (correo electrónico, despacho, teléfono móvil, tarjetas de visita etc).

Probablemente el litigio se acabe cerrando mediante una transacción y no veremos una solución judicial que permita esclarecer este asunto. Pero la mera existencia de la demanda, pone de manifiesto los cambios que se están produciendo en el ejercicio de la profesión de la abogacía.

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