Jurídico 


Italo Calvino y la casación autonómica

«¡Vaya, vaya! ¡Lo que hay que ver!-dijo Carlomagno-. ¿Y cómo os las arregláis para prestar servicio, si no existís?

-Con fuerza de voluntad- dijo Agilulfo-y fe en nuestra causa».

Quién no recuerda a Agilulfo, el inolvidable paladín incorpóreo dentro de cuya reluciente armadura no había nada, el colosal personaje creado por Italo Calvino sobre el que gira su novela El caballero inexistente.

Si la reforma operada por la LO 7/2005 en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA) fuese una pieza literaria, es indiscutible que nuestro Agilulfo estaría encarnado por la modalidad casacional prevista (sic) en el artículo 86.3 de la nueva LJCA, el recurso de casación autonómica, cuya resolución se atribuye a las salas de lo Contencioso-administrativo (C-A) de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), de conformidad con el rol atribuido a éstos por el artículo 152.1 CE  y la evolución mostrada por los Estatutos de Autonomía, las legislación orgánica y procesal y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Y es que la regulación que la LJCA hace de esta modalidad es tan magra – párrafos 2º y 3º del citado artículo 86.3 para determinar el órgano judicial que habrá de resolverlo y acotar parcialmente su objeto-, que los numerosos vanos que ofrece el instituto han acabado por generar que se cuestione hasta su propia existencia, cebado sin duda por el ominoso silencio que mantiene el artículo 74 LOPJ acerca de esta forma casacional y sobre la competencia de las salas C-A de los TSJ para su conocimiento y fallo. A nadie, por tanto, debe extrañar que la sala C-A del TSJ de Castilla-La Mancha valore plantear una cuestión de inconstitucionalidad del artículo 86.3 LJCA por infracción de los artículos 122.1, 9.3 y 24 CE, con fundamento en la inseguridad jurídica y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que genera la vaguedad e imprecisión de aquel precepto y la inexistente regulación al margen del mismo.

En la novela de Calvino, la inexistencia de Agilulfo se compensaba con la presencia de un escudero, Gurdulú, que existía y estaba porque tenía cuerpo y ocupaba un lugar en el espacio, pero que sin embargo no era, no tenía personalidad propia, no era alguien sino cualquier cosa. Algo parecido han hecho los clarificadores autos de diversas salas de los TSJ, en el escenario forense, particularmente los dictados por las Secciones de Casación de los Tribunales de la Comunidad Valenciana -13 de marzo de 2017 (recurso de queja 82/2017), – y  especialmente Madrid -de 10 de mayo de 2017 (recurso 10/2017)-. Es sintomático que éste último comience precisamente confirmando la existencia [¡!] del recurso de casación autonómica «pese a las dificultades que entraña su configuración ante tan insuficiente regulación legal. Destaca como un hecho evidente que el artículo 86.3 LJCA lo prevé expresamente, asignando su conocimiento a una Sección especial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.»

Aun «siendo», las dificultades procesales que suscita esta modalidad impugnativa como consecuencia de la muy mejorable técnica legislativa empleada son notables.  En primer lugar, la previsión del recurso de casación autonómica en el artículo 86.3 LJCA no se ve acompañada, como cabría esperar, de la oportuna regulación de requisitos, procedimiento y objeto; carencias que acarrean severos problemas de integración normativa y de asimetría doctrinal. Verbigracia, y por inverosímil que parezca, la LJCA no hace mención singularizada a las resoluciones judiciales susceptibles de ser sometidas a este específico recurso de casación ¿son las mismas que en el recurso de casación estatal? ¿únicamente sentencias -y autos- dictados por los órganos unipersonales del orden contencioso? ¿y en ese caso, con las limitaciones impuestas al socaire del artículo 86.1, último inciso LJCA o no? ¿también las sentencias dictadas por la propia sala en recursos fundado en infracción de normas emanadas de la comunidad autónoma?

Esta indeterminación legislativa ha llevado a que algunos tribunales hayan negado la recurribilidad de las sentencias dictadas por las Salas de lo C-A de los TSJ por este cauce  [ATJS Cataluña de 10 de mayo de 2017 (Rec. 3/2017)], mientras se afirma su impugnabilidad por la mayoría de las restantes salas de los TSJ. El paroxismo en este escenario se alcanzó en el TSJ de Extremadura (ATSJ Extremadura de 5 de septiembre de 2017), cuya sala de lo C-A sostuvo que este recurso no era de aplicación en su ámbito, al amparo también la irrecurribilidad de las sentencias de la propia Sala que interpretan la normativa autonómica y de la imposibilidad de constituir la Sección de Casación dada la composición de la sala, al venir integrada por cinco magistrados en una única sección. Escenario análogo a los TSJ de La Rioja y  Baleares, presentando asimismo dificultades en aquellos otros TSJ cuyas salas tienen un número de magistrados inferior a diez, con la consiguiente necesidad de completar el número de magistrados acudiendo a las reglas de sustitución previstas en el artículo 199 LOPJ y teniendo en cuenta que deben abstenerse de formar parte de la Sección de Casación quienes hayan firmado la resolución recurrida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219.11 LOPJ.

En recientísimo Auto del Tribunal Constitucional [41/2018, de 16 de abril, recurso de amparo nº 4644/2017] se ha inadmitido un recurso de amparo deducido por la Junta de Extremadura frente al auto de la sala de Extremadura que tuvo por no preparado un recurso de casación autonómico, entre otras razones, porque «la Sección prevista en el citado precepto “es de imposible constitución” en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura». El Constitucional considera que no concurren las vulneraciones alegadas en amparo, puesto que «la inadmisión del recurso preparado no se funda en circunstancias atinentes al cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para su admisión, sino en la conclusión alcanzada por la Sala sobre la improcedencia misma del recurso de casación por infracción de normas autonómicas contra sentencias dictadas en única instancia por el Pleno de la Sala, única, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La causa la inadmisión del recurso de casación dada por la Sala tiene, por tanto, un alcance general, en tanto afecta a todas las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-administrativo en las que sea determinante una norma autonómica, se proyecta sobre el sistema de recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y, como criterio interpretativo, puede expandirse a otras Comunidades Autónomas cuyos Tribunales Superiores de Justicia cuenten con una única Sala de lo Contencioso-administrativo que funcione en una sola sección

Si la delimitación de las resoluciones recurribles en la casación autonómica, como acabamos de ver, ha dado lugar a cierta polémica, con intervención del propio Tribunal Constitucional, no cabe duda de que la configuración del interés casacional objetivo en este ámbito es la cuestión que mayor controversia depara, al constituir el arquitrabe sobre el que se yergue el nuevo régimen casacional.

En este sentido, siguiendo la doctrina establecida por el Tribunal Supremo desde sus primeras resoluciones bajo el nuevo sistema casacional, la existencia de «jurisprudencia» sobre la cuestión controvertida -una sola sentencia sería suficiente [autos de 5 de febrero de 2018, recursos 10/2017 y 13/2017 del TSJ en Granada]- conlleva la ausencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, con las únicas salvedades de que «fuera necesario matizarla, precisarla o concretarla para realidades jurídicas diferentes a las ya contempladas en esa jurisprudencia» o debiera ser reafirmada o corregida por haberse apartado la resolución recurrida de la jurisprudencia existente. Consecuentemente, y no sin un profundo debate doctrinal según sea el TSJ, únicamente cabría admitir la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en el recurso de casación autonómica frente a sentencias de las salas de lo C-A de los TSJ cuando  se advirtiera contradicción entre el criterio sostenido por la sentencia impugnada y, en aquellos supuestos en que la resolución recurrida se apartara deliberadamente de la «jurisprudencia» sobre Derecho autonómico existente hasta entonces. No obstante, y como ya se ha dicho, otras salas han configurado con mayor amplitud el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia sobre Derecho autonómico, trasladando, sin más, la doctrina del Tribunal Supremo sobre este concepto jurídico indeterminado sobre los supuestos previstos en el artículo 88 LJCA al ámbito de la casación autonómica [Asturias o Navarra].

Por otra parte, la compatibilidad y, en su caso, la prelación que ha de darse a la tramitación y resolución de los recursos de casación estatal y autonómica cuando la parte interpone, simultánea o sucesivamente,  sendos recursos contra una misma resolución es otra cuestión extraordinariamente sensible que tampoco ha sido expresamente resuelta en la nueva regulación, debiendo atender a las pautas jurisprudenciales que nos van llegando [acentuadamente valioso es el Auto dictado por el Tribunal Supremo de 17 de julio de 2017 (Rec. 1271/2017)].

Si a todo ello se une el insoslayable déficit que lastra a esta jurisdicción en cuanto a la inexistente doble instancia generalizada, de forma análoga a las restantes jurisdicciones –civil, social y penal-,  las dificultades para alcanzar la uniformidad en la interpretación y aplicación del Ordenamiento jurídico se incrementan exponencialmente, entrañando graves riesgos para los principios constitucionales de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley.

En fin, descartada la inexistencia de esta modalidad impugnativa, no obstante, el recurso de casación autonómica está aún muy lejos de ser un caballero plenamente preparado para dar respuesta a los retos jurídicos para el que fue diseñado. Digamos entonces que si bien la casación autonómica no es un caballero inexistente, nadie discutirá que todavía se parece mucho a un vizconde demediado…

* Vía| Elaboración propia.

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