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¿Podría Isabel Pantoja no haber entrado en la cárcel?

El artículo 80 del Código Penal establece que “Los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada”.

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Isabel Pantoja

Entonces, ¿por qué se ha determinado que Isabel Pantoja sí tiene que entrar?

La razón se encuentra en el artículo 88 del mismo cuerpo legislativo donde se especifica que “Excepcionalmente, podrán los jueces o tribunales sustituir por multa o por multa y trabajos en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no excedan de dos años a los reos no habituales, cuando de las circunstancias del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social.

La tonadillera ha sido condenada a 24 meses de prisión y multa de 1,1 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales no continuado en el marco del «caso Blanqueo» y entrará en la cárcel ya que se ha rechazado suspender su ingreso en prisión y no ha podido pagar la multa.

Los motivos en los que se argumenta la decisión se plasman en un escrito donde especifica que se ha probado fehacientemente que Isabel Pantoja junto con Julián Muñoz ejecutaron un plan preconcebido para mezclar y confundir dinero ilícito con las ganancias de las actividades profesionales y mercantiles de la artista. Por lo tanto  “resulta incuestionable” la gravedad de esta conducta.

También se considera la enorme repercusión en la sociedad de las actividades realizadas por la artista debido a que durante el 2003 protagonizó muchas portadas en diversos medios de comunicación. Por ello debe primar la función de prevención general desde dos vertientes:

  • Negativa: “dirigida a intimidar a todos aquellos ciudadanos que pudieran sentirse tentados a realizar conductas como las que han sido objeto de enjuiciamiento y condena.
  • Positiva: “dirigida a los ciudadanos para que interioricen la necesidad de ajustar su actuación a criterios de ética y, desde luego, a la estricta legalidad”.
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La Sala hace especial hincapié en que la suspensión de la pena “no es un derecho” si no una excepción que puede determinar el Juez de forma motivada y se pretende que esta pena cumpla “una función de restablecimiento de la confianza de la Comunidad, vulnerada por el delito” así como “la prevención general, especial, la seguridad colectiva y el interés social”.

El tribunal resalta que este caso está enmarcado en lo que se denomina “corrupción política” y esto “supone uno de los ataques más demoledores” a una “sociedad democrática”.

Vía | Código Penal, El Economista, ABC

Más Información | El Mundo, Libertad Digital

Imagen | WikipediaCadena Ser

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