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¿Irá alguien a prisión por la crisis del ébola?

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Hace unos días nuestro compañero Andrés escribió un brillante artículo sobre la responsabilidad de las Administraciones Públicas en un caso como el del ébola. El pasado lunes conocimos que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar si ha podio haber delito en la gestión de la crisis del ébola. Pero, ¿acaso es delito gestionar mal una crisis sanitaria?

Verán, los que ya tenemos unos años recordamos la imagen otrora frecuente de ver a obreros encaramados al andamio, sin casco, ni arnés lo que evidentemente provocaba que España encabezara las estadísticas de trabajadores muertos en accidentes de trabajo. A esta realidad social respondió el Código Penal, con los tipos contemplados entre los arts. 311 y 318: los delitos contra los derechos de los trabajadores.

Unos años más tarde, en plena burbuja inmobiliaria, surgió en la Fiscalía General del Estado una de las Fiscalías especializadas más anheladas: la de siniestralidad laboral. Desde ese momento, los escritos de acusación han pasado a ser unos auténticos ladrillos en los que se analiza detalladamente la estructura de mando de una empresa en la que se ha producido un accidente de trabajo, y se reparten responsabilidades penales a troche y moche.

El art. 316 del Código Penal tipificó como delito la mera infracción de las normas de prevención de riesgos, incluso aunque ningún trabajador haya sufrido un rasguño. Claro, que si lo sufre, podría haberse cometido otro delito (lesiones u homicidio) y se aplicaría la pena más grave (art.77 CP). En el anterior CP había un tipo concreto que sancionaba la propagación maliciosa de infecciones (348 bis). Sin embargo, su complicada interpretación provocó que se eliminara del texto, si bien en cierto modo, la misma conducta, con salvedades, está contenida dentro del subtipo agravado de lesiones del art 149, castigado con pena de seis a doce años de prisión. Por no hablar de las penas contempladas en caso de muerte, que sería considerada homicidio (art. 138 CP).

Pero no se agotan en ese art. 316 las posibilidades de sanción penal. De darse por ciertas las acusaciones de intimidaciones que han denunciado el sindicato SAE, podría ser de aplicación el art 311, que establece penas de prisión de 6 meses a 6 años a los que impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales que perjudiquen sus derechos.

En definitiva, más vale tomarse en serio la gestión de una crisis sanitaria, porque puede salir muy cara a todos los responsables.

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QAH| Ebola y responsabilidades públicas  

 Más información| El País

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