Jurídico 


Interpretación del nuevo régimen de impugnación de los acuerdos sociales tras la reforma de la Ley de Sociedades de Capital

El 24 de diciembre de 2014 entró en vigor la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que reformó la Ley de Sociedades de Capital (LSC) en materia de gobierno corporativo, la cual ha sido objeto de numerosos análisis. En el presente artículo vamos a comentar las novedades introducidas en relación con el régimen de impugnación de los acuerdos sociales, que ha experimentado importantes cambios con la aprobación de dicha normativa.

Con la reforma de la LSC desaparece la distinción entre acuerdos nulos –aquellos que infringen un precepto legal- y acuerdos anulables –los demás- y dicho régimen de impugnación pasa a ser regulado por la Ley 31/2014. El artículo 204 LSC mantiene la impugnabilidad de acuerdos adoptados en Junta General en los casos ya previstos anteriormente, introduciendo novedades relativas a los acuerdos contrarios al interés social, ya que se considerarán lesivos aquellos que se hayan impuesto de forma abusiva por la mayoría, es decir, sin que exista una necesidad razonable de la sociedad, adoptándose en interés propio y en detrimento injustificado del resto de socios. Además, el socio que se encuentre en situación de conflicto de interés deberá justificar que votó a favor del acuerdo en cuestión en aras del interés de la sociedad. Finalmente, se añade un motivo de impugnación: que el acuerdo sea contrario al reglamento de la Junta de la sociedad.

Impugnación acuerdos sociales

Impugnación acuerdos sociales

Por otra parte, la reforma ha recogido los criterios jurisprudenciales ya asentados en relación con los límites a la impugnabilidad de acuerdos por la irrelevancia de las irregularidades que se hubieran producido en la convocatoria y/ o la constitución de la junta o en el ejercicio del derecho de información del socio, evitando así entorpecer la buena marcha de una empresa por meras eventualidades. Desde su entrada en vigor, no pueden ser impugnados aquellos acuerdos que adolezcan de vicios meramente procedimentales, los acuerdos para cuya votación los socios hubieran recibido una incorrecta o insuficiente información por parte de la sociedad, aquellos en los que hubiera tomado parte en la reunión una persona no legitimada o aquellos en los cuales se hubiera producido un cómputo erróneo de los votos o existan votos no válidos.

No obstante, la improcedencia de la acción de impugnación por los motivos referidos ha sido modulada, existiendo la posibilidad de combatir acuerdos sociales cuando las circunstancias anteriormente expuestas sean lo suficientemente relevantes, es decir, cuando sean determinantes para el acuerdo en cuestión. En este sentido, cabrá la impugnación de un acuerdo cuando la infracción de un requisito procedimental sea relativa a la forma y al plazo para la convocatoria, a las reglas esenciales o a las mayorías necesarias para la constitución del órgano; cuando la información incorrectamente facilitada haya sido esencial para el ejercicio del derecho a voto o cualquier otro derecho de participación; cuando la participación en la reunión de una persona no legitimada haya sido determinante para su constitución o cuando el error al contabilizar los votos o la invalidez de los mismos haya sido esencial para formar la mayoría necesaria para alcanzar un acuerdo.

Expuesto lo anterior, según la nueva redacción de la LSC no termina de quedar claro a quién corresponde alegar -o negar- el carácter esencial del motivo de la impugnación, dado que el artículo 204.3 expresa que dicha circunstancia “se planteará como cuestión incidental de previo pronunciamiento”. Por tanto,  ¿debe la parte actora justificar la impugnación con base en dicho carácter determinante o es la parte demandada quien debe esgrimir la irrelevancia del motivo para que la pretensión de la parte actora sea desestimada?

Los Jueces y Secretarios Judiciales de Barcelona han querido arrojar luz sobre esta cuestión mediante el Acuerdo adoptado el 17 de marzo de 2015. Este conjunto de juristas entiende que es la parte demandada, ex artículo 405.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) –entre otros-, quien debe alegar que la improcedencia de la impugnación deriva de la inexistencia de un motivo de trascendencia según lo establecido en la LSC con respecto a la causa petendi de la parte actora. Dicho precepto establecería que corresponde al demandado aducir cuanto obste a la válida prosecución del proceso. Por tanto, nos encontraríamos ante una presunción iuris tantum de relevancia del motivo de la impugnación del acuerdo. Por tanto, debería ser la parte demandada quien, mediante “otrosí” o a continuación del escrito de contestación, alegue la falta de carácter esencial para refutar el motivo de la impugnación siguiendo los requisitos del artículo 399 LEC, dado que, a pesar de plantearse como una cuestión de previo pronunciamiento, se trata de una suerte de demanda incidental.

No obstante, este criterio del colectivo judicial barcelonés no ha sido acogido de forma unánime, existiendo voces discordantes en relación con dicha carga probatoria. En concreto, juristas como el catedrático Faustino Javier Cordón entienden que la LSC no presume el carácter esencial de la cuestión, debiendo ser la parte actora quien acredite en la demanda el carácter determinante del motivo de la impugnación. Asimismo, tampoco considera acertado entender que la denuncia de falta de relevancia del motivo de impugnación deba formularse en la contestación a la demanda, ya que carecería de sentido su tramitación como cuestión de previo pronunciamiento, al tratarse de un cauce cuyas controversias están destinadas a dirimirse en la audiencia previa.

Por tanto, habrá que comprobar si el resto de jueces y secretarios del territorio nacional se alinean con la interpretación realizada por sus homólogos de Barcelona o si, por el contrario, entienden que la carga probatoria debe recaer sobre la parte demandante.

 

Vía| ICAB

Vía|Análisis Acuerdo Jueces y Secretarios Barcelona

 

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