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Inspecciones domiciliarias: ¿domicilio inviolable o factor sorpresa?

01puerta_ampliacionLa facultad de acceso por parte de la Comision Nacional de los Mercados y la Competencia (anterior CNC) a los locales y domicilios de las empresas y asociaciones de empresas se fundamenta en el artículo 40 de la ley 15/2007, de 3 de julio (LDC). Lo que muchos autores consideran como desmesurado, la propia CNMC lo justifica en la necesidad del carácter sorpresivo de las inspecciones domiciliarias con el fin de que no se produzca ninguna “pérdida” o destrucción de material sensible de las empresas en el caso de notificaciones previas de inspección. Pero el punto de debate se produce cuando no hay un auto judicial, y existe una negativa a la inspección, lo cual sería considerado obstrucción, con la consiguiente sanción de hasta el 1% del volumen de las ventas.

Por un lado en lo que se refiere al derecho de la inviolabilidad del domicilio, el artículo 18 de la Constitución consagra el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en particular en su apartado 2 establece que “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en el sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. Por tanto, existe el derecho de las empresas a negarse a las inspecciones domiciliarias pero con la posterior sanción por obstrucción, que según el habitual comportamiento de la CNMC, siempre se impone. De este modo, se está produciendo una violación de un derecho fundamental establecido en nuestra constitución, y en definitiva de un principio que debería ser protegido a ultranza por los órganos jurisdiccionales españoles.

Otro punto que genera mayor controversia si cabe, sería el poder desmesurado que posee la CNMC para concluir con una mera Orden de la Dirección de Investigación, que existen indicios racionales y objetivos de una actividad anticompetitiva y prohibida. Dichas inspecciones deberían realizarse en la totalidad de los casos con un auto judicial, ya que un juez sí que está legitimado para concluir indicios racionales de una actividad ilegal, por lo que debería obligarse a la CNMC a solicitar dichos autos a los jueces para que no se produjera una arbitrariedad en la conclusión de indicios racionales por su parte.

En definitiva, el hecho de defender mis derechos no puede acarrearme una sanción. Así mismo, no creo que pueda quedar justificado en el menor grado o importancia que tiene la inviolabilidad del domicilio para “las personas físicas”, ¡como si el disfrute de los derechos fundamentales fuera gradual! Si la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, supone un especial deber de protección sin que quepa diferenciación alguna a la hora de protegerlo. Además, es asombroso que no se recoga en la legislación ni administrativa ni de competencia una regulación procedimental para la obtención, o en su caso denegación, de la autorización judicial de los actos de inspección que la requieren, más allá de quien debe solicitarla: el director de investigación de la CNMC y quien debe de resolverla: el juez de lo contencioso en 48 horas como máximo. Debería recogerse un procedimiento donde se fundara y documentara dicha inspección, dejando claro cuál es el objeto de la investigación y la necesidad de la misma.

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