Jurídico 


Indulto: ¿justicia o injusticia?

Hace unos días el televisivo y pseudo silente juez Bermúdez rescataba la profunda polémica que rodea a la honorífica institución del indulto. Como ya aprendimos en posts anteriores de esta misma web, el indulto aparece regulado en la Ley de 18 de junio de 1870, de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto. Remitiendo a ellos la cuestión del origen y su procedimiento, vale decir que la RAE sintetiza con acierto la noción de indulto: “Gracia por la cual se remite total o parcialmente o se conmuta una pena.” Aunque no es gracioso si es tremendamente polémica la cuenstión enunciada en el Capítulo Primero de la mencionada ley: “De los que pueden ser indultados”. De hecho, la cuestión del quién (tanto cuando le preceda una “a” como cuando lo haga un “por”) y la ausencia de obligada motivación son las principales causas de la controversia sobre esta institución jurídico-política.Justicia

Según el artículo 1 de la ley protagonista: “Los reos de toda clase de delitos podrán ser indultados, con arreglo a las disposiciones de esta ley, de toda o parte de la pena en que por aquéllos hubiesen incurrido.” Es decir, aunque algunos insistan en que se trata de una figura reservada al poder político, todo condenado por sentencia firme tiene acceso, que no derecho, a esta prerrogativa. En este sentido generalizador parece apuntar el hecho de que desde 1996 se haya perdonado la responsabilidad criminal, ora total ora parcialmente, hasta en 10.158 ocasiones. De acuerdo con la Constitución de 1978, su concesión le corresponde al Rey, a propuesta del Ministerio de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros, sin embargo es la excesiva discrecionalidad con la que cuenta el ejecutivo a la hora de tomar la decisión lo que más ampollas levanta.

Respecto del beneficiario objetivo, el tipo penal al que en mayor número de ocasiones se ha aplicado esta controvertida figura es el delito de tráfico de drogas, recogido en los artículos 368 y siguientes del Código Penal. Esto vendría a confirmar el principal motivo aducido por la protagonista autoridad jurisdiccional la semana pasada: la necesidad de paliar la estricta formalidad y contundencia disuasoria de determinadas penas. No obstante, se atisba argumento insuficiente para superar las dificultades jurídicas, sino perplejidades, que el indulto arrastra. En estos términos es suficiente apuntar la colisión con el principio de separación de poderes y la falta de autoridad independiente que supervise la concesión de la gracia. Estos dos conflictos, de comprensible alarma jurídica y rechazo democrático, son los que dan pie a las teorías que hablan de justicia a medida, de una justicia para unos y una justicia para otros, e incluso la injusticia de la justicia del indulto. Comentarios que no sólo ponen en entredicho la gracia de indulto como excepción legal al principio recogido en el artículo 118 de la Constitución –que consagra la obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes– sino que además abren la puerta a una peligrosa diferenciación entre lo que sería una hipotética justicia política y la justicia ordinaria. Tratar el tema de la justicia, incluso dentro de lo que sería nuestro escenario ordinario (perdónenme por esto: la justicia de todos) es siempre complicado, debido a las inmediatas provocaciones filosóficas que la propia noción de justicia connota. Sin embargo, a nadie escapa la necesidad de objetivo control, de una adecuada motivación y de una confirmación legal de la excepcionalidad de esta institución.

Todos estos puntos de lege ferenda (para una futura reforma de la ley), deberían permitir alcanzar un resultado de justicia sin necesidad que las autoridades competentes tengan que realizar malabarismos jurídicos como sería el recurso al tercer grado penitenciario (privilegio de semilibertad regulado en el artículo 80.4 del Reglamento Penitenciario). Y es que cuando el ejecutivo concede la gracia de indulto a uno de los implicados en una causa penal, obviando a los restantes involucrados, para los que la pena se mantiene inalterada; la autoridad judicial se ve obligada como garante último de la justicia material a acudir a técnicas no convencionales para conceder a los “no agraciados” igual fin que al beneficiario del indulto. Fuera uno, deben salir dos o más, lo que en ciertos casos podría calificarse de tres injusticias por una, multiplicar la injusticia para alcanzar lo justo. En suma, al acudir a esta ingeniería legal se amenaza la seguridad jurídica y no se hace sino tapar un agujero, el del indulto, de formal injusticia –la concedida sin que sea necesaria ninguna justificación y con controvertida libertad–, con tierra justamente inmoral: la de una concesión formalmente legal como sería la semilibertad, pero típica y éticamente problemática.

Aunque seamos de letras todos llegamos a saber que para llegar a tener un total de cero injusticias, sólo se puede multiplicar por cero, de modo que no nos vale en la ecuación ningún otro número simple de injusticias. También somos conscientes de que el derecho y la política no responden a criterios de Ciencia exacta, no obstante algo no funciona correctamente en la antigua institución del indulto, y no parece que sean los números.

Vía | Código Penal, El indultómetro

Imagen | Justicia

En QAH | El indulto: Necesidad o abuso de poder, Entrevistamos a Antonio del Moral, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

RELACIONADOS